Luego de haber erupcionado el volcán Calbuco, ubicado en Chile, a 100 kilómetros de San Carlos de Bariloche en línea recta, la ciudad turística se encontró nuevamente en emergencia. Esta situación dejó entrever el carácter explotador de los sectores empresariales, tanto hoteleros como chocolateros (sectores que nuclean gran parte de los trabajadores de la ciudad), como también se vio en 2011 ante la erupción del volcán Puyehue. Más allá de las advertencias de Defensa Civil y de funcionarios de no salir para resguardar el cuidado de la salud de los trabajadores, el sector empresarial omitió el pedido y todos los trabajadores se vieron obligados ir a trabajar normalmente exponiéndose a condiciones ambientales que podían ser severamente críticas.

 

El Estado municipal no es la excepción. Si bien desde el mismo municipio se llamaba a todos los sectores a restringir sus actividades, los miles de trabajadores municipales también debieron presentarse al trabajo a pesar de la presencia de ceniza que invadía la ciudad. El Soyem, gremio que nuclea a los municipales, como quien no quiere la cosa, realizó un pedido a la intendencia para decretar asueto para los trabajadores del sector. Este pedido fue rechazado desde el municipio a pesar de la declaración provincial de asueto.

 

Los trabajadores nuevamente son quienes pagan los desastres naturales, de esta índole, como consecuencia de los Estados y sus organismos, que no están preparados para afrontar estas emergencias por falta de presupuestos y capacitaciones.

 

Los sindicatos, tanto el Soyem, como AEC (asociación de empleados de comercio), UTHGRA (unidad de los trabajadores hoteleros y gastronómico), en su pasividad, han respondido de esta manera a los intereses de quienes, todos los años, se la llevan en pala, los empresarios de la industria turística.

 

No debe ocurrir lo acontecido en 2011, cuando los empresarios fueron exentos de impuestos, recibieron los Repro y se les habilitaron líneas de préstamos a bajísimos intereses. Tanto en Bariloche como en el resto de las ciudades afectadas por la caída de ceniza, el Estado provincial debe bregar por la situación de los trabajadores temporarios precarizados, contratados, prohibiendo los despidos y suspensiones, garantizando el cobro de los días no trabajados por suspensión de actividades, cubriendo las pérdidas y daños de vivienda.

 

En una situación de emergencia, está planteada la convocatoria a un plenario de organizaciones de trabajadores, que disponga un programa de reclamos y una acción para lograrlo.