En la última sesión de la Cámara de Diputados se votó la Ley Justina –que debe su nombre al de una nena de 12 años que falleció el 22 de noviembre de 2017, a la espera de un corazón que nunca llegó.

La nueva legislación establece que de aquí en adelante "la ablación de órganos y/o tejidos puede realizarse sobre toda persona capaz mayor de dieciocho (18) años, que no haya dejado constancia expresa de su oposición a que después de su muerte se realice la extracción de sus órganos o tejidos" (Art. 33).

Actualmente, la "expresión de donación" por el SÍ cuenta 3.067.859 registrados; mientras que por el NO suma 913.613.

Algunos datos

De acuerdo con la información oficial del Incucai, actualmente en nuestro país hay 7.689 pacientes que esperan un órgano de un total de 10.672 personas en lista de espera por órganos y tejidos. 

En lo que va del año se han realizado 706 trasplantes de órganos -solo un 10% de los que esperan. Durante este período, hubo 293 "donantes reales" (habilitados para la ablación) de los cuales el 10% no fue efectivo -es decir que no se pudo concretar la ablación (extracción de un órgano o un tejido corporal). Por su parte, solo el 61% de esos donantes reales fueron "multiorgánico".

Del proceso, la fantasía y la realidad

La Ley Justina es un paso adelante. Lo es desde el punto de vista objetivo de una disponibilidad de órganos y tejidos teórica mayor. Lo es también, desde el punto de vista de una ruptura con una concepción oscurantista y clerical de los cuerpos una vez muertos. Es una ley que facilita -en parte- la recepción de un órgano para quien está luchando por su vida a la espera de uno. Una ley que promueven familiares de personas que han muerto esperando, familiares con la costumbre de empecinarse en defender la vida por sobre la muerte, que saben que se puede transformar 1 muerte en 7 vidas –y que han padecido el descalabro del sistema de donación y trasplantes en nuestro país muy en carne propia.

Pero… ¿Cuál es el sistema de salud en el que cae la Ley Justina? 

El sistema de salud argentino ha sido empujado al borde del precipicio por todos y cada uno de los últimos gobiernos. Macri está recrudeciendo la ofensiva y ha dejado claro con su pretensión de implementar la “Cobertura universal de Salud” (CUS) que su horizonte es el desguace final del sistema pública de salud. En esto también el kirchnerismo ha dado cátedra: fue, definitivamente, una "década perdida" para el régimen de salud, profundizando las consecuencias destructivas de un sistema descentralizado, fragmentado y profundamente desfinanciado. 

La repercusión de la política sanitaria de los últimos 40 años ha colapsado por completo el régimen sanitario de nuestro país. Mala atención, insuficiente, deficiente, a destiempo. Hospitales en condiciones edilicias ruinosas, con escasos recursos técnicos de equipamiento para diversos diagnósticos y tratamiento -como son los requeridos para el proceso de trasplantes- y de equipo profesional capacitado para la práctica. 

La precarización del profesional de la salud alcanza hasta el ridículo de que haya Jefes de Servicios que son monotributistas. Un sistema sostenido por enfermeros con doble o triple trabajo para llegar a fin de mes, médicos residentes con jornadas de 36hs de trabajo sin descanso; kinesiólogos, radiólogos, bioquímicos sin ningún derecho laboral. Diagnósticos y tratamientos que no se cumplen por falta de presupuesto, por falta de cobertura, por múltiples trabas burocráticas que vence al "enfermo" y entonces la enfermedad vence al ser humano. Un total descalabro que se cobra en los hechos la vida de las personas. 

La salud privada, de gran hotelería y pésima medicina (salvo escasos ejemplos), con profesionales superexplotados, se ha devorado al Hospital público. La burocracia sindical quebró el subsistema de Obras Sociales, dejando a millones de trabajadores a la deriva.

Como se ve, el panorama es espeluznante. En este pantano cae la Ley Justina.

El presupuesto 2019, el FMI ¿y la salud?

Como dijo nuestra diputada Romina Del Plá, "pensemos en la Ley Justina cuando votemos el presupuesto 2019". Imposible mayor acierto. 

Cuando hablamos de procuración, ablación y trasplante, hablamos de un complejo proceso con más de 100 especialistas involucrados, con vía aérea o terrestre por donde se transporta el equipo de cirujanos, o el donante, o el receptor, por nombrar algunos ejemplos. Hablamos de instalaciones, tecnología y medicación para sostener al donante, para proceder a la ablación y para finalmente realizar el trasplante. Además de formación y preparación médica y académica, hablamos de presupuesto. ¿Cuál es el presupuesto que propone el poder ejecutivo para el año 2019? ¿Cuál será la repercusión del acuerdo con el FMI en el sistema de salud? Sin dudas, el “ajuste” que el gobierno y el Fondo exigen se traducirá en mayores recortes y penurias para el sistema sanitario.



 

Luchemos por aumento de presupuesto, en defensa de la salud pública y de calidad

La Ley Justina no puede caer en el saco roto de los hospitales vaciados en infraestructura, equipamiento tecnológico y recurso humano. Si la tijera del FMI y el Ministerio de Hacienda alcanza al ya recortado hasta el hartazgo sistema sanitario, la ley entonces será sólo letra muerta.

Como hicimos en el Hospital del Cruce, para hacer retroceder el recorte del 40% que el macrismo pretendía implementar, los trabajadores de la salud debemos deliberar en todos los lugares de trabajo y organizarnos para enfrentar el ajuste que nos trajo hasta esta situación y que pretende dar la estocada final.

Para que la Ley Justina sea realidad y no ficción, luchemos por la salud pública.