El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debatirá en Ginebra el 28 y 29 de junio sobre mujeres, personas con discapacidad, menores y tráfico de personas. En un documento que es secreto y está en manos del Papa Francisco, la ONU emitió fuertes declaraciones sobre el manto de pederastia y abusos hacia menores de edad que salpica al Vaticano.

Este  avance en el pedido de informe se da gracias a la lucha incansable de lxs sobrevivientes de abuso eclesiástico por justicia y al rol de las organizaciones internacionales. En 2020, la organización Xumek viajó junto a lxs sobrevivientes del Instituto Próvolo y la organización internacional ECA (Ending Clergy Abuse) a Ginebra y Roma para denunciar los crímenes sexuales de la Iglesia Católica.

La extensión de tales delitos abarca “varias decenas de años” en Australia, Estados Unidos, Polonia, Irlanda y Holanda. Se describe “señalarlos a las autoridades civiles”, la cual es paralelamente responsable de “venta de niños” y “adopciones ilegales” en España, Irlanda, Reino Unido, Australia y Bélgica. Este observatorio reportó 1670 casos en Alemania, 1000 en Bélgica, 4000 en Francia, cerca 38.000 en Canadá, 344 en Chile, 33 en México, 12 en Colombia, y un número aún incalculable en Argentina (Perfil, 19/6).

Evidentemente, esta cita de la ONU al Vaticano no está guiada por una orientación humanitaria, ya que este organismo tutelado por el imperialismo avaló las peores matanzas, guerras y genocidios contra los pueblos. Pero incluso un organismo como este puede salir a acusar a la cúpula eclesiástica, por la vastedad de casos de curas abusadores y de la protección que gozan por parte de la Iglesia.

El documento de la ONU rescata que, incluso en los “Estados laicos”, que la cúpula católica persiste en “proteger a los presuntos agresores”, dándoles refugio, y rechazando sus extradiciones, obstruye los procesos judiciales, revictimiza a las víctimas, niega el acceso a los archivos del Vaticano y sostiene la prescripción de las causas civiles y penales. El organismo no mencionaría que el financiamiento central de esas iglesias encubridoras de la pederastía procede de los Estados integrantes de la ONU, entre otros.

Este elemento no es sorpresivo: es el Vaticano, en profunda relación con los Estados quien encubre los casos de pederastía y abusos eclesiásticos, garantizando la impunidad.

El Papa garantiza la impunidad de los curas abusadores

El informe de la ONU no contiene un cálculo sobre los abusos en Argentina. En el mes de junio de este año, se presentó una denuncia de nuestro país ante el Vaticano por encubrir abusos sexuales por parte de sacerdotes, desde que el papa Francisco reformó el Código Canónico (Télam, 11/6). Se trata de Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza, junto a su auxiliar, Marcelo Mazzitelli, y el obispo de La Rioja, Dante Braida, quienes fueron en la causa conocida como Cristo Orante. El Episcopado expresó su “total respaldo” a los obispos denunciados ante el Vaticano por encubrir abusos: toda la Iglesia funciona como una institución pedófila.

En nuestro país, la Iglesia Católica funciona como un Estado dentro del Estado, aprovechando sus vínculos con el poder político, y que goza además de la total ausencia de control estatal en las instituciones educativas a las cuales financian con millones de pesos por año. Solo en la provincia de Buenos Aires hay un millón y medio de estudiantes librados a la completa arbitrariedad de esta institución, mientras los gobiernos de turno miran para otro lado.

El Estado se sirve del rol de la Iglesia como pilar del disciplinamiento social, y por ello procede en los encubrimientos de abusos. Estos vínculos se refuerzan en particular en momentos de ajuste como el actual, avalados por todos los bloques políticos patronales. Esa es la base para la impunidad, como la que benefició a Justo José Ilarraz en Entre Ríos con una prisión domiciliaria cuando está condenado a 25 años por graves delitos y a Gustavo Zanchetta en Salta (refugiado en el Vaticano).

El exobispo de Orán, Gustavo Zanchetta, contó desde un principio con el encubrimiento total del Papa y el Vaticano. En el 2017 cuando era obispo de Orán, sorpresivamente renunció, alegando problemas de salud y se fue al Vaticano. Días después salió a la luz que en realidad pesaban sobre él las denuncias de abusos a seminaristas y una causa por administración fraudulenta. Se fue ante la inminente actuación de la justicia. Una vez instalado en el Vaticano, fijó domicilio en Santa Marta, la misma residencia del Papa y luego fue nombrado en la APSA, a sabiendas de las causas por abuso en Orán (Prensa Obrera, 5/7).

El caso del cura Lorenzo, de la ciudad de La Plata, se encontró que, más de 20 años después de la enorme repercusión que tuvo el juicio contra Grassi, se repetían los mismos ataques para impedir el avance de la causa judicial, incluidas amenazas a los testigos y las víctimas. Jorge Bergoglio, que por ese entonces ejercía su función de cardenal primado, expresó que se pondría a disposición pero luego desplegó todo tipo operaciones de impunidad. Es el mismo accionar que se registra ahora en la causa Sidders, con las presiones del Arzobispado de La Plata.

En Mendoza, luego de cuatro años desde que se realizaron las primeras denuncias por abuso sexual en el instituto Próvolo y de un primer juicio histórico en la provincia en el que resultaron condenados los curas Horacio Corbacho y Nicolás Corradi, por abuso sexual agravado, se dio inicio en el mes de mayo a un segundo megajuicio en el que se encuentran imputadas las monjas Asunción Martínez y Kumiko Kosaka, junto a otras seis personas ligadas a la institución, como la representante legal, exdirectoras y la psicóloga de la institución (Prensa Obrera, 5/5). Este juicio llega con un importante retraso no solo por la pandemia sino también por los esfuerzos de la defensa y la Iglesia en dilatar el proceso mediante pedidos de nulidad, que incluso buscaron revictimizar a las víctimas al cuestionar los testimonios obtenidos a través de lenguaje de señas.

En el mes de febrero del corriente año, víctimas de abuso del instituto realizaron una gira por Europa para difundir y denunciar los abusos que sufrieron a manos de curas y la falta de colaboración y encubrimiento por parte de los representantes de la iglesia católica, que incluso obstaculizaron la causa. El Papa rechazó el pedido de audiencia realizado por las víctimas sobrevivientes del Próvolo y sus presentantes de las ONG Xumek y Ending Clergy Abuse.

El rechazo del Papa Francisco a reunirse con las víctimas debe entenderse como lo que es: un desprecio a las víctimas de abuso que organizadas y luchando ponen en jaque a una Iglesia que busca dominar en el oscurantismo.

Es importante remarcar que las crecientes denuncias en este ámbito se deben al ascenso del movimiento de mujeres, y que la lucha por los avances en cada una de estas causas traen aparejadas nuevas denuncias de otros sobrevivientes que se animan a declarar.

Está planteada la necesidad de profundizar un camino de organización contra la impunidad eclesiástica y estatal, de lucha contra el Estado, que ni siquiera cumple las leyes vigentes, como se ve en la subejecución del presupuesto para educación sexual mientras proliferan los convenios y subsidios estatales para el clero.

Vamos a un reagrupamiento de les sobrevivientes junto al movimiento de mujeres y diversidades para derrotar todos los operativos de encubrimiento y por la cárcel común y efectiva para todos los abusadores. Una pelea clave en el camino de la separación definitiva de la Iglesia del Estado.