03/12/2021
La Pampa

La responsabilidad del Estado en el asesinato de Lucio Dupuy

Más de 15 denuncias fueron efectuadas antes de su asesinato.

A fines de noviembre el país se conmocionó por el asesinato de un niño de cinco años en La Pampa, Lucio. El niño fue asesinado a golpes por su madre, Magdalena Espósito Valenti, y Abigail Páez, su pareja. Por el caso se desarrollaron diferentes movilizaciones en la capital de la provincia y otros pueblos y ciudades como General Pico.

La autopsia reveló el horror: golpes con objetos contundentes, quemaduras de cigarrillos y mordeduras; además, en los últimos días diferentes fuentes habrían revelado que en nuevas autopsias se constató la presencia de abuso sexual.

Más de 15 denuncias de vecinos y familiares del niño fueron efectuadas antes de su asesinato, además de diferentes ingresos al sistema de salud, es decir que estamos frente un asesinato completamente evitable. El caso no hace más que revelar, una vez más, el abandono del Estado hacia las infancias, y las pocas o nulas políticas de intervención y prevención efectivas existen y se desarrollan contra la violencia.

El infanticidio de Lucio deja a las claras lo que los movimientos de mujeres y madres protectoras están poniendo sobre la mesa hace rato: es urgente y necesario hablar de las múltiples violencias hacia las infancias. En este sentido, nuevamente aparece como imprescindible, a 15 años de su sanción, que se garantice la Educación Sexual Laica y Científica en todos los niveles educativos. Si este caso llegó al asesinato de Lucio, luego de golpes y maltratos sistemáticos es porque todas las instituciones estatales, educativas y de salud que pudieron haber evitado el desenlace, fallaron.

Los golpes a las infancias son naturalizados e ignorados como cuestiones que quedan en el ámbito privado de la vida familiar, mientras el propio Estado que hunde en la pobreza a la niñez y adolescencia, se encarga de garantizar la impunidad de la violencia y los abusos. En un régimen capitalista en descomposición se agravan los ultrajes y la violencia hacia mujeres, diversidades, y por supuesto, hacia la niñez, como el eslabón más débil de una cadena de opresión. El Estado se nutre la violencia y el sometimiento para sostener un régimen basado en la opresión.

 La campaña reaccionaria de los antiderechos

Rápidamente sectores reaccionarios se lanzaron a la utilización política del caso para atacar a los movimientos de mujeres y la comunidad LGTBI, montando toda una campaña reaccionaria con acusaciones de una supuesta “ideología de género” causante del horror del asesinato de Lucio.

Está claro que a estos grupos nada le interesan las infancias, por el contrario, son los primeros en defender el falso SAP (Síndrome de Alienación Parental) para rechazar las denuncias judiciales de abuso sexual y violencia a menores, y los responsables, en connivencia con las iglesias y el gobierno de bloquear la educación sexual integral. Se trata de una campaña sumamente reaccionaria, que quita cualquier tipo de responsabilidad al Estado.

Entre sus consignas y reclamos no mencionan el ajuste y el vaciamiento de la SENAF, el recorte sistemático del presupuesto destinado a los recursos y herramientas, mucho menos hablan de la precarización de les trabajadores que se ven impedidos de asistir y realizar el seguimiento adecuado de les niñes en extrema vulnerabilidad, ni de las causas judiciales que establecen la tenencia de los menores. Para más, aparecen en la escena personajes repudiables como Tieno, -exministro de seguridad en La Pampa- que intenta abanderarse con la causa siendo que le corresponde incontables denuncias por violencia de género y violencia policial, hostigamiento, detenciones arbitrarias y golpes a les jóvenes pampeanes.

Esta campaña reaccionaria forma parte de una carrera derechista en la que se inscriben todas las fuerzas políticas de régimen, para sentar las bases sociales de una escalada de ajuste y represión contra quienes luchan en nuestro país. La «ley Lucio» que pregonan no brindara ninguna solución a las infancias que hoy son maltratadas o abusadas. Las reformas a la normativa que privilegia que les niñes menores a 5 años permanezcan con sus madres, será utilizada fundamentalmente contra las mujeres pobres, a las que el Estado le quita sus hijes a diario, cuando es el propio Estado el responsable de que 6 de cada 10 niñes sean pobres en la Argentina. Pero también, contra las madres protectoras que no callan y denuncian, que batallan ante la justicia y en las calles contra la revinculación de sus hijes con padres violentos y abusadores.

Lo que deja en evidencia el caso de Lucio es la necesidad de seguir en las calles, con la fuerza de las madres protectoras en defensa de las infancias, contra los abusos, por infancias libres, y respetadas, con independencia de los gobiernos que no hacen más que perpetuar la violencia hacia les niñes y nada les importa la vida de los mismos.

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