Otro muerto en una cancha de fútbol.

La violencia en las canchas se ha vuelto socialmente insoportable.

El crimen cometido el lunes 25 en el estadio de Nueva Chicago y en las calles adyacentes estaba anunciado desde temprano. Mariano Pasini, jugador de Tigre, declaró a la radio La Red: “Cuando salimos a hacer el reconocimiento del campo —esto es, un par de horas antes del partido— tres personas de Chicago nos dijeron que nos fuéramos y uno de ellos se levantó la remera y nos mostró un arma”.

Eso sucedió dentro del campo de juego, y esos matones no podían estar ahí sin el acuerdo de los dirigentes del club, quienes ya deberían estar detenidos, pero por el momento ni siquiera fueron citados.

A los siete minutos del segundo tiempo, cuando Tigre hizo su segundo gol, la barra brava de Chicago dejó su tribuna y salió a la calle con la intención manifiesta de ir en busca de la hinchada rival. La policía no los molestó, simplemente los dejó hacer. Sin embargo, el jefe del dispositivo policial tampoco está detenido ni pasado a disponibilidad ni nada, pese a esa manifiesta complicidad. Y si no fuera cómplice, estaríamos ante un inútil próximo a la condición de fronterizo, y no se sabe qué es peor.

Además, buena parte de los bravucones que entraron en el campo para impedir que Tigre ejecutara un penal cuando el partido ya terminaba y los visitantes ganaban 2 a 1, lo hicieron por el túnel, no sólo por las alambradas. Nuevamente, eso no pudo hacerse sin la intervención directa de los dirigentes de Chicago.

Cuando esos mismos barrabravas atacaron, entre otros, al arquero Navarro Montoya y le robaron la ropa, una decena de policías miraba y dejaba hacer. En otras palabras: un hombre era arrebatado por una patota ante la cara de policías inactivos.

Ésa es la Federal, dicho sea al pasar, que Macri quiere para la Ciudad de Buenos Aires.

Se ha llegado a un extremo, porque ya es comidilla de los diarios la connivencia de las barras con la policía, y detrás de ese entendimiento está la histórica función policial de organizar el delito. En la trastienda del asunto, por supuesto, hay dinero abundante, desde la venta de drogas en las tribunas hasta el reparto de puestos para cuidar autos.

El encargado de la “seguridad” en los estadios, el “mano dura” Javier Castrilli, estaba de licencia porque el señor quiere ser intendente kirchnerista de Almirante Brown. Ahora sólo se dedica a repartir culpas con el propósito de quitarse el fardo de encima, demasiado pesado en medio de una campaña. Si no es algo peor, ya en sus tiempos de árbitro Castrilli mostró su condición de perfecto bruto.

En esas manos estamos.

Posiblemente caiga Julio Grondona, quien viene en picada. Ya le sacaron el manejo de los dineros de la televisión y hasta Clarín, su antiguo socio en negocios malolientes, ahora lo critica. Pero “don Julio” tiene su fortaleza en la corporación mafiosa internacional que es la Fifa, dirigida por Joseph Blatter.

En este caso, imponer el “que se vayan todos” constituye, simplemente, un acto en defensa de la vida y de la salud pública, no sólo del fútbol.