Ya han pasado dos meses desde los espectaculares procedimientos judiciales contra los miembros de la secta “La Familia”.

Pese al tiempo transcurrido, la justicia no ha logrado encontrar “pruebas” que incriminen a los detenidos ni, en consecuencia, ha podido dictar sentencias … lo cual no le impide mantenerlos detenidos. En cuanto a las acusaciones de “abuso sexual de menores”, “los médicos forenses examinaron físicamente a 138 menores. Encontraron que ocho mujeres -cuatro entre 17 y 20 años- no tenían intacto el himen y anomalías en un varón … Los forenses, sin embargo, no se arriesgaron a afirmar que el acceso sexual fuera su origen” (Humor, setiembre de 1993).

Todo esto viene a confirmar la denuncia que formulara “Prensa Obrera” No 401, 14/9/93): las espectaculares detenciones no eran más que una provocación contra la secta reaccionaria de origen antiabortista y racista “La Familia”, montada por otra secta reaccionaria  pero mucho más peligrosa, la secta vaticana.

Para los inquisidores modernos, como para sus antepasados medievales, “el fin justifica los medios”. Por eso, los provocadores, los hombres de paja del clero en la burocracia judicial, no se han detenido ante nada para montar su provocación. El juez Marquevich “violó el Código de Procedimientos durante los interrogatorios a los detenidos” (a los que no se les mostró los actos de secuestros que podrían considerarse evidencias);  “abusó de jurisdicción, violando la garantía del juez natural” (ya que hace dos años el mismo Marquevich había establecido que el caso correspondía a la órbita de la justicia provincial y no de la federal);  “violó las normas de debido proceso que establece el Código Penal al atribuir la culpabilidad al grupo, figura que no existe”. De esta manera, el juez vulneró un principio fundamental como es el de la “personalidad de las responsabilidades y las penas” para caer en la … “prisión por ideas”. Como si todo esto fuera poco, sometió a los acusados a “condiciones de detención vejatorias, infrahumanas y humillantes” y hasta ordenó el virtual “secuestro” de seis personas “detenidas sin que se mostraran elementos que  pudieran legitimar las detenciones. El juez los dejó en libertad días después sin tomarles declaración ni levantar cargo alguno contra ellas”. Finalmente, los exámenes ginecológicos de los menores, ordenados por el juez, constituyen una “violencia vejatoria”, que se suma a la separación arbitraria y prolongada de los niños de sus padres. Todas estas denuncias han sido extraídas de la solicitud de juicio político contra el juez Marquevich por “mal desempeño de sus funciones y posible comisión de los delitos de privación ilegítima de la libertad y abuso de autoridad” presentado por más de medio centenar de abogados (Página 12, 8/10) y las denuncias formuladas por el Colegio Público de Abogados (La Nación, 25/9).

La provocación, sin embargo, ha rendido sus frutos, porque le ha servido a algunos legisladores oficialistas para justificar, como han señalado entre otros Emilio Corbiere en “El Cronista” y Héctor Ruiz Núñez en “Humor”, la violenta restricción de la libertad religiosa que impone la “ley de cultos” que ha aprobado el Senado y que está en discusión en Diputados. La ley en debate concede el monopolio de la “religiosidad” -y de las prebendas materiales consiguientes (exenciones impositivas, subsidios, apoyos diversos)- a los cultos “reconocidos” por el Estado. Mientras que cada día se repite que la reforma constitucional constituiría un avance de la libertad religiosa —al anular la cláusula que sólo permite acceder a la presidencia a los católicos—, por otro lado, el Estado se atribuye el derecho a determinar qué es una religión y qué no lo es: esto es totalitarismo puro, en beneficio de la secta vaticana, claro.

La vigencia de la democracia exige la plena e irrestricta libertad de profesar cultos -o de no profesarlos y propagandizar el ateísmo- y la completa separación de la Iglesia del Estado. Fuera el Estado de las conciencias, fuera las iglesias del Estado.