Entre el 4 y el 20 de febrero, se llevarán a cabo los Juegos Olímpicos de invierno en Beijing, si bien en los días previos ya habrá rondas eliminatorias de algunos de los deportes. No habrá participación masiva de público debido a la pandemia de Covid-19.

Desde un punto de vista político, el dato más sobresaliente es el boicot diplomático impulsado por el gobierno de Joe Biden. Estados Unidos enviará a sus deportistas, pero no a los funcionarios, poniendo como argumento la violación por parte del régimen chino de los derechos humanos en Xinjiang, una región de mayoría musulmana. A esto se han sumado las denuncias por el encarcelamiento de opositores en Hong Kong y por la desaparición de la escena pública de la tenista Peng Shuai, tras denunciar por violación el año pasado a un alto funcionario.

Que el gobierno de Xi Jinping conduce una política ultrarrepresiva está fuera de duda, pero el verdadero motivo del boicot yanqui es la puja de fondo que sostiene Estados Unidos con China, en el marco de la guerra comercial. En ese contexto, se han producido arancelamientos cruzados e incluso se han disparado las tensiones militares y geopolíticas, con un apoyo más decidido de Washington a Taiwán, isla que China reclama como propia, y mayores patrullajes por parte de Washington sobre el estratégico Mar de la China Meridional, que han desatado la ira del gigante asiático.

A pesar de esta tensión, a la que se suma ahora el enfrentamiento entre la Otan y Rusia, el boicot norteamericano no tiene la envergadura que tuvieron los boicots olímpicos ocurridos en 1980 y 1984. En los juegos de Moscú de 1980, Washington prohibió directamente la participación de sus atletas, bajo la amenaza de quitarles los pasaportes. Decenas de países se plegaron a aquella campaña norteamericana, incluyendo a la dictadura argentina. El pretexto fue entonces la invasión soviética de Afganistán. Curiosamente, también China e Irán se apartaron de aquellos juegos.

En 1984, los soviéticos devolvieron la gentileza, boicoteando los juegos olímpicos de Los Angeles, al igual que varios países del este europeo, bajo su radio de influencia.

A pocas semanas del inicio de las competencias en Beijing, la iniciativa estadounidense no ha cosechado grandes éxitos. Se han unido hasta ahora Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Lituania, Bélgica, Dinamarca y Japón, todos los cuales enviarán en cualquier caso sus atletas. El Parlamento Europeo votó una resolución planteando que la Unión Europea se pliegue al boicot diplomático, pero de momento el organismo no ha tomado una postura unificada.

Es un acto de profunda hipocresía que Estados Unidos y sus aliados se dediquen a pontificar sobre los derechos humanos, siendo responsables de la prisión de Guantánamo, las invasiones de Irak y Afganistán, y del apoyo a múltiples golpes de Estado genocidas en todo el globo.

Beijing se erigió en el organizador de los juegos de invierno tras vencer en una votación ajustada, dentro del Comité Olímpico Internacional, a Almaty, capital económica de Kazajistán, que viene de ser sacudida por un levantamiento contra un aumento en los precios del gas. Para que la capital china se transformara en sede, fue preciso también que se bajaran una a una previamente una serie de ciudades europeas.

Los Juegos Olímpicos son codiciados por el enorme negocio que significan. Implican miles de millones de dólares en concepto de contratos televisivos y sponsors.

Este negocio está asentado sobre una exigencia inhumana sobre los atletas. En los juegos de 2021 de Tokio, causó una conmoción la renuncia de Simone Biles, gimnasta estadounidense, en pleno de desarrollo de la competencia. Su caso puso en debate la presión psíquica y física que sufren los deportistas.

Es necesario liberar a las competencias deportivas de las mafias y negociados capitalistas que las desvirtúan.