03/07/2020

Mendoza: el gobierno reconoce que hay 70 mil familias sin su vivienda

Los problemas habitacionales en Mendoza son alarmantes, más aún si tenemos en cuenta el contexto de pandemia y crisis económica. A marzo del 2019 el IPV (Instituto Provincial de la Vivienda) reconoce un déficit de 70 mil viviendas, pero los números crecen si se contempla no solo la falta de acceso sino también la necesidad de mejora -según la Cámara de Corredores Inmobiliarios llega a 130 mil. A su vez, se trata de estadisticas oficiales que no reconocen la totalidad del problema sino los deficits de sus programas. Estas cifras demuestran la falta de una planificación real sobre la base de satisfacer un reclamo popular como lo es la vivienda.


Ningún plan verdadero, solo garantías a los negocios inmobiliarios


En los últimos 20 años el IPV entregó 36.227 casas, un promedio de 1.900 por año. En el último tiempo los planes “Públicos/Privados” construyen casas sin tener adjudicatarios, lo cual hace que al término de la obra el valor aumente (por inflación, actualización de precios, etc.). La obra se realiza con una inversión del 40% puesta por la provincia y un 60% por parte de un desarrollador inmobiliario privado.


El mecanismo para acceder es ingresando un aporte por adelantado (que va como pago al desarrollador), luego pedir un préstamo al IPV o Banco Nación -donde las tasas para un empleado público en más de 36 cuotas superan el 41%-, el cual también va destinado a pagarle al desarrollador. O sea que se garantiza en todos los términos el negocio inmobiliario.


La frutilla del postre es que un segundo plan “Publico/Privado”, el cual terminó su inscripción el 20 de junio, solo cambia los valores para que los grandes grupos inmobiliarios se lleven toda la torta. Existe una “inversión” inicial del 70% del desarrollador, un 15% el IPV y otro 15% el adjudicatario. En este caso se adjudican los emprendimientos por adelantado.


Con una población, en Mendoza, que tiene índices de casi 10% de desocupación (ya hay más de 50 mil desocupados) estos planes son inalcanzables.


Organicemos el reclamo por vivienda


La descripción de los planes de vivienda, cantidad de personas sin ella y los índices de desocupación demuestran que en plena cuarentena el acceso a una vivienda es uno de los reclamos más sentidos. Es necesario desarrollar una política real, que ataque el problema y despeje como variante los negocios inmobiliarios.


Esto parte de un planteo integral que comienza por dejar de pagar la deuda provincial en plena crisis. Los municipios deben garantizar los medios para que la población acceda a un terreno a través de un Banco de Tierras Municipal, donde la urbanización de los barrios populares y planes de vivienda se hagan con un impuesto o alícuota a los grandes desarrollos urbanos, casinos y grandes empresas ubicados en los mismos.


Esto, inevitablemente, va a significar un choque con los grandes grupos inmobiliarios, grandes empresarios y demás que gozan de excepciones impositivas en muchos casos, evidenciando que la crisis nos la quieren hacer pagar a nosotros, los trabajadores.


Llamamos a organizar popularmente el reclamo de urbanización y vivienda digna, que también puede significar la garantía de no solo acceder a una vivienda, sino también a un empleo por la mano de obra necesaria para construir viviendas.


Organicemos todos los barrios, lugares de trabajo y demás con esta perspectiva, para que la crisis la paguen los que la generaron y no los trabajadores ocupados y desocupados.





 

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