En la legislatura provincial el diputado Jorge Difonso, del Frente Renovador, que en Mendoza es parte de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto que busca colocarse en la línea nacional contra las tomas de terrenos. El proyecto estipula que se quiten todos los beneficios sociales a las familias que incurran en este delito, incluidos la AUH, planes sociales y acceso al IPV.

Esta línea de ataque a los trabajadores es la línea que impulsa el gobierno de Rodolfo Suárez en la provincia y la misma que impulsa el gobierno nacional. Es una cerrada defensa de la propiedad privada de los grandes acumuladores de tierras y las grandes patronales y en contra de los trabajadores que necesitan un pedazo de tierra para sobrevivir.

La noche del lunes 7 de septiembre el gobierno provincial desalojó a decenas de familias que estaban en una toma en Guaymallén. Inmediatamente, además de acusar de delincuentes a las familias, el intendente Marcelino Iglesias acusó al gobierno nacional de estas prácticas, una falacia ya que ambos acusan y ambos reprimen la toma de tierras por familias trabajadoras. Al mismo tiempo ni radicales ni peronistas dicen nada acerca de las 32 hectáreas que se apropio Vila, propiedad de la UNCuyo, y que después de más de 20 años aún no logran ser recuperadas, instalando el burgués provincial un country en su interior, tampoco sobre las comunidades Mapuches que están en litigio con la familia Félix al sur, adquiridas, con población dentro, durante la última dictadura. Tampoco de los barrios privados del oeste de las Heras y Capital.  Las medidas en defensa de la propiedad son claramente contra los trabajadores.

En Mendoza hay 247 “barrios populares” situados en lugares que el gobierno fácilmente podría acusar de tomas, en condiciones de pobreza extrema. Habitan allí alrededor de 50 mil personas cuyo número crece al ritmo de la crisis. Con una provincia que tiene alrededor de un 40% de la población debajo de la línea de la pobreza y miles de familias sin tener donde vivir este proyecto versa sobre una escalada de violencia a las familias trabajadoras. La situación desesperante es producto de la misma desidia y carestía generada por el Estado y la especulacioń capitalista. Es este estado, sin hogar y en condiciones de extrema pobreza, el gobierno pretende que los mendocinos cumplan una cuarentena entre paredes que no tienen.

Es más que necesario desarrollar un plan de acción de los trabajadores ocupados y desocupados de la provincia en reclamo de la investigación inmediata sobre el destino de las propiedades estatales que son cedidas a privados, la creación de un banco de tierras para las familias que más lo necesiten, la suspensión de todos los desalojos y que se destinen tierras fiscales y ociosas a la construcción de viviendas. Un verdadero plan de viviendas llevado a cabo por los trabajadores que sean beneficiados es una forma no solo de generar empleos sino de enfrentar la especulación capitalista que se encuentra detrás de la escasa construcción de casas.