Sociedad

4/9/2020

Acerca del desfinanciamiento del área de niñez en Mar del Plata

@danielpeluffofoto / @ojoobrerofotografia

El avance de la exclusión y la pobreza han generado consecuencias irreparables en generaciones de niños y niñas que crecen en un contexto de marginalidad y expulsión social. Hacia diciembre de 2019, el 60% de los niños menores de 17 años vivía en hogares pobres. El incremento de la desocupación de las familias trabajadoras es nefasto, lo que se ha recrudecido con la evolución de la pandemia. En este contexto, se observa cómo la violencia se acrecienta día a día, resultando disruptiva en  el proceso de integración en el que los niños y niñas crecen y se desarrollan. Paralelamente,  las denuncias por situaciones de vulnerabilidad y riesgo han ido en aumento, entendiendo por estas: denuncias por maltrato intrafamiliar, consumo y venta de drogas, entre otras.

El abordaje de dicha problemática es asumida en Mar del Plata por el Servicio de Protección de Derechos de la Niñez del municipio de General Pueyrredón y está compuesto por once equipos interdisciplinarios que funcionan en distintos barrios de Mar del Plata y Batán. A su vez, cada uno de los servicios está conformado por equipos de 3 trabajadores (en el mejor de los casos, ya que algunos servicios son sostenidos por una sola persona). Cada uno de ellos aborda alrededor de 10 barrios que presentan altos niveles de conflictividad, lo que se traduce en un exceso de tareas para los operadores que resulta humanamente imposible de afrontar.

Dicho desborde ha generado demoras en el abordaje de las denuncias debiendo los equipos resolver en la urgencia situaciones graves que generan un riesgo inminente para los niños, que requieren de otro tipo de trabajo y tiempos de acción, algo que en la práctica se torna dificultoso y a veces imposible.

Por otra parte, esta labor es un desafío para trabajadores que en su mayoría perciben un salario inferior a la canasta familiar, el cual se ha visto pauperizado por la inflación y la falta de apertura de paritarias en lo que va del 2020.

Resulta una obviedad afirmar que la problemática planteada debe ser abordada desde la diversidad y singularidad que cada familia presenta, ante lo cual, se requiere de recursos  para el diseño e implementación de estrategias a fin de lograr la accesibilidad sociocultural, sanitaria y de servicios educativos para revertir la inequidad y vulnerabilidad promovida por el mismo Estado.

Ejemplo de esto último es el desmantelamiento del sistema de salud municipal, donde la atención de salud mental es afrontada por un profesional o dos en cada centro de salud barrial, como también, el recorte del servicio de atención de pediatría. Todo ello en desmedro de cientos de familias que viven en una situación de precariedad e indigencia.

A esta situación se suma el flagelo de la droga que ha hecho estragos en los barrios en total connivencia con la policía, donde los  jóvenes son captados para su consumo y venta desde muy temprana edad.

Este cuadro calamitoso ante la ausencia de presupuesto para el área de niñez, torna ilusoria una de las funciones fundamentales que se ha previsto en el “aplaudido” ordenamiento legal para los Servicios Locales que es la de facilitar que el niño que tenga amenazados o violados sus derechos, pueda acceder a programas y recursos existentes en su comunidad.

Resulta entonces fundamental una real asignación presupuestaria  para que el tan aclamado “cambio de paradigma” no se torne ficticio generando consecuencias irremediables en la vida de  niños y niñas que viven en contextos de riesgo y vulnerabilidad.

En estos días la presidencia ha viralizado en las redes un video con la consigna de frenar la curva de violencia hacia la infancia. En el mismo, participan menores de edad dirigiendo un mensaje a los adultos donde luego de anunciar que en la Argentina el 70% de los niños y niñas sufre algún tipo de violencia en el  hogar asigna como tarea al pueblo trabajador la función de “protegerlos, cuidarlos, involucrarse y detectar síntomas de casos de violencia”. El Estado se desentiende de sus responsabilidades en el crecimiento de la violencia intrafamiliar y esconde la falta de presupuesto para el área.

La infancia no puede esperar más, será necesario considerar a la problemática como una prioridad, incrementado el presupuesto, sobre la base de un impuesto a las grandes fortunas y la renta capitalista, en el orden nacional y en la provincia, como también el desconocimiento de la deuda externa y el cúmulo de intereses usureros para los fondos buitres y destinar esos fondos al área de niñez.

El Estado a través de los sucesivos gobiernos es responsable del desamparo de la niñez.

Por ello exigimos:

Más presupuesto para niñez
Programas y dispositivos territoriales acorde a las necesidades específicas de los barrios.
Garantizar el acceso a la salud, educación y cultura a los niños y sus familias.
Incorporación de más trabajadores en los Servicios Locales acorde a la demanda.
Por un salario mínimo según la canasta familiar, acorde a la inflación y  apertura de paritarias.

¡La voz de los niños y niñas no se puede callar más!