En la ciudad misionera de Eldorado, una movilización del Polo Obrero acompañó a una familia para impedir que sea usurpada su vivienda de manera ilegal, aunque con la protección política y judicial del gobierno provincial de la Renovación.

Resulta que, a raíz de un desalojo ordenado por la jueza Lorena Toledo en el barrio La Colina de Eldorado, salió a la luz la existencia de un grupo mafioso dirigido por la militante oficialista Dora Florentín. A lo largo de años, Florentín utilizó sus vínculos con funcionarios del gobierno de la Renovación (entre otros el diputado nacional Ricardo Wellbach, la ministra Karina Aguirre, Kohler, Echenique) para apropiarse de terrenos, casas, chacras y monte nativo que luego vendía.

La usurpadora logró que el IProDHa (instituto de Desarrollo Habitacional) le otorgue en tres ocasiones casas sociales de barrio, que luego eran vendidas. Esto cuando a los trabajadores el IProDHa se les niega la posibilidad de vender, y se sanciona con la imposibilidad por varios años de acceder a un nueva casa. Estamos ante una muestra de que tanto la Renovación como la Justicia priorizan el robo de tierras por parte de “amigos”, mientras se agrava la crisis habitacional.

Miles de familias misioneras viven hoy en alquileres o asentamientos, ante la imposibilidad de acceder a una casa propia, mientras los empresarios amigos del poder hacen enormes negociados inmobiliarios. Desde el Partido y el Polo Obrero exigimos un plan provincial de viviendas bajo control de los beneficiarios y los trabajadores.

¡Tierra y vivienda para los trabajadores! ¡Plan de viviendas accesibles para los trabajadores ocupados y desocupados!
Abajo la connivencia entre el Estado y estos grupos mafiosos.