En la comunidad La Misión de la localidad salteña de Rivadavia Banda Sur, una joven madre ingresó al hospital con trabajo de parto y fiebre, tuvo un parto natural con dificultades ya que era una mujer de contextura pequeña y su beba nació pesando 4kg, y luego tuvo una grave hemorragia. A las cuatro horas del parto falleció desangrada, mientras era trasladada en una ambulancia de baja complejidad a la ciudad de Orán.

Los familiares denuncian discriminación y maltrato institucional, porque en el hospital ni consideraron una cesárea, ya que para eso debía ser trasladada a Orán y no había en el momento ambulancia. Aún con todas las carencias materiales y de recursos humanos de los centros de salud, hay una realidad muy grave de reiterados casos de maltrato promovidos desde el Estado.

Días atrás murió un bebé de nueve meses por Covid-19 en el hospital de Tartagal, y el accionar de la institución fue aberrante. An una maniobra completamente repudiable hicieron firmar a la madre, solo se comunica en su lengua nativa, un papel en donde decía que no iba a retirar el cuerpo de la criatura. La familia denunció esta situación, que aislaron a la madre en un hotel sin explicarle nada, y al padre lo enviaron de vuelta a su casa sin siquiera hacerle un hisopado.

Los caciques de las comunidades denuncian que el Covid-19 agrava aún más su situación de extrema pobreza, ya que tienen que elegir entre lavarse las manos o tomar el agua. Sigue además la falta de entrega de módulos alimentarios, tanto de la provincia como los que prometió el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo cuando vino a Salta a sacarse fotos con las comunidades. Desde los gobiernos siquiera crearon un dispositivo especial para que estas personas puedan cobrar el IFE, cuando la mayoría no tiene conectividad, ni celulares en sus parajes. Los que lograron inscribirse, les tocó la boca de pago a 250km de su comunidad.

A los pueblos originarios los discrimina en primer lugar el Estado, que los expulsa de sus tierras, los priva de su cultura y de los derechos de acceso a la salud pública. La joven madre que murió es el retrato de la pobreza y el sufrimiento de las mujeres originarias. Tenía 21 años, cuatro hijos, y murió en un parto como hace 100 años cuando no había hospitales ni cesáreas.

Exigimos que se cobre una renta extraordinaria a las grandes fortunas para poner todo lo necesario en recursos económicos y sanitarios para garantizar que no haya ni un muerto más en las comunidades. Ni por Covid-19, ni por hambre, ni por falta de atención médica.