El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó recientemente la iniciativa de cupo laboral para personas transgénero, travestis y transexuales, impulsada por la agrupación M.A.L de la Matanza, entre otras.

La ley establece que el 3% de trabajadores del Estado provincial deberán ser trans, de ejecutarse debidamente garantizará cientos de puestos de trabajo para personas trans idóneas para ejercer cargos en el Estado, de por sí una minoría del colectivo, teniendo en cuenta el escaso nivel de formación por la continua expulsión del sistema educativo que sufre este colectivo. Exclusión que se extiende al sistema de sanidad del Estado provincial, pese a la ley de Identidad de Género.

Esta conquista se da un cuadro desolador y constituye un paliativo en un universo donde la gran mayoría de las travestis y trans se dedica a la prostitución. Existe un genocidio silencioso que condena a las travestis a morir por causas vinculadas con la dura realidad de la prostitución, mientras continúan los crímenes de odio, como se evidenció en este último tiempo en Córdoba con el asesinato de Laura Moyano.

La inclusión laboral para personas trans debe nacionalizarse, como un piso mínimo de derechos para esta minoría discriminada y castigada por la represión estatal.

Desde el Frente de Izquierda y la Agrupación LGBTI 1969 hemos presentado una ley que va en este sentido en la Legislatura cordobesa, que actualmente se encuentra cajoneado por decisión de las fuerzas políticas tradicionales. Para conquistarlo en Córdoba y en todo el país debemos organizarnos con independencia política del Estado y salir a las calles por nuestras reivindicaciones.