En Argentina, son 9.754 las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que carecen de cuidados parentales y rige sobre ellos una medida de protección excepcional para la restitución de sus derechos, a partir de la cual se encuentran alojados en dispositivos de cuidado alternativos residenciales (hogares convivenciales) o familiares. El ajuste de los sucesivos gobiernos es el hilo conductor que condiciona todas estas experiencias, vulnerando los derechos de las infancias.

Los datos corresponden al año 2020 y se desprenden del último relevamiento realizado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia junto con Unicef. Principalmente, estas medidas de protección son tomadas luego de haber constatado situaciones de violencia en el seno del hogar -abuso sexual incluido-, dificultades para el ejercicio de la responsabilidad parental o ausencia o abandono por parte de los adultos responsables. En este punto, resulta innegable la responsabilidad del Estado capitalista en generar las causas sociales que llevan a que casi 10 mil pibes del país se encuentren institucionalizados. Por un lado, no garantiza los medios materiales necesarios para poder maparentar en condiciones. A su vez, sus políticas de hambre, la violencia impartida sobre las mayorías y la educación en preceptos opresivos abonan en una descomposición creciente de los vínculos interpersonales, convirtiendo a la familia en un reducto de sometimiento y coerción sobre mujeres y niñxs.

Ahora bien, el universo de niñxs y jóvenes separados de su medio familiar por estos motivos representa el 0,1145% de la población entre 0 y 17 años de edad. Sin embargo, el maltrato y los abusos al interior de la familia son un fenómeno mucho más extendido, el cual el Estado no solo fomenta sino que además condena a la desprotección a quienes lo padecen, ya que lejos está de poner a disposición equipos de atención integral para abordar esta problemática.

En numerosas ocasiones, las trayectorias de quienes residen en hogares convivenciales distan de ser satisfactorias, en parte, porque prima el desfinanciamiento estatal hacia estas instituciones. Un informe publicado en 2019 por la Asociación Civil Doncel señala que, en primer lugar, las políticas de protección de derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) se encuentran descentralizadas, y, si bien la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) cumple un rol de rectoría y asesoramiento, cada provincia crea su propia institucionalidad y administra el presupuesto. Lo anterior da lugar a un sinfín de arbitrariedades procedimentales, y, a su vez, genera que en las provincias más pobres las condiciones de los dispositivos residenciales sean sumamente precarias.

Por otra parte, de 1.635 dispositivos de cuidado alternativo que hay en el país, 719 son hogares convivenciales, de los cuales 484 pertenecen Asociaciones Civiles y Comerciales muchas veces pertenecientes a instituciones religiosas. Como sucede con la asistencia alimentaria, el Estado terceriza en las iglesias el cuidado de los NNA sin cuidados parentales, a través de convenios, incrementando la injerencia del clero en todos los ámbitos de la vida social. Como vemos, quienes nos gobiernan le confían a estas usinas de la reacción y la pedofilia la tarea de velar por el bienestar de lxs pibes más vulnerables.

Según el informe mencionado, la disparidad entre los distintos dispositivos es muy grande fruto de la descentralización. En muchos de ellos se registra una vulneración sistemática a los derechos de los NNA , ya sea a la identidad (el derecho a conocer la historia familiar de cada uno, por ejemplo), a la participación de decisiones sobre el propio proyecto de vida, o, incluso, a la alimentación adecuada. Aquí se combina una fuerte política de ajuste: por mencionar un ejemplo, en el 2021 el presupuesto ejecutado para el Programa de Prevención y Restitución de Derechos de la SENAF fue de apenas $1.200 millones, cifra que contrasta abruptamente con los $744.959 millones destinados al pago de vencimientos de deuda durante el año pasado. Esto repercute directamente en la situación de precarización laboral y bajos salarios de los operadores y profesionales que trabajan los hogares, trayendo como consecuencia una rotación constante de los mismos que dificulta el seguimiento de las medidas de protección excepcionales y la planificación del egreso de los jóvenes institucionalizados.

Por otro lado, según la ley 26.061 sancionada en 2005, que funciona como marco jurídico del cuidado alternativo, las medidas excepcionales que implican la separación de los NNA de su medio familiar -las cuales son aplicadas por los organismos administrativos de protección de derechos y ratificadas por el Poder Judicial- no deben superar los 180 días. Sin embargo, como no existen programas gubernamentales orientados al fortalecimiento de las familias de origen para que sea posible esa revinculación, el plazo estipulado nunca se cumple y los menores suelen vivir muchos años en los hogares convivenciales; incluso es moneda corriente que pasen por varias instituciones a lo largo de su adolescencia.

El Estado también deja a la deriva a los jóvenes sin cuidados parentales cuando llegan a la mayoría de edad y deben abandonar las instituciones en las que están alojados. Solo les brinda una beca durante seis meses por un monto miserable -equivalente al 80% del salario mínimo- y la asistencia de un “referente”, generalmente trabajadores sociales sumamente precarizados. Sin embargo, no les proporciona las condiciones más elementales para desarrollar su vida de manera autónoma, como la posibilidad de acceder a un empleo genuino o el derecho a la vivienda.

Finalmente, quienes gobiernan y gobernaron perpetúan el desamparo de la niñez y la juventud, tanto al interior de la familia como en los hogares convivenciales; una muestra de la barbarie inmanente a este régimen social. Necesitamos la centralización de los dispositivos de cuidado alternativo residenciales, con presupuesto acorde a las necesidades de quienes viven allí; profesionales en planta permanente; asistencia interdisciplinaria obligatoria, gratuita y continua a cada chico, para el correcto seguimiento de las medidas de protección excepcionales, y un subsidio equivalente a la canasta familiar para acompañar el egreso institucional de los jóvenes por el tiempo que sea necesario. Estos hogares deben presentar informes bimensuales acerca de su funcionamiento y la situación de cada menor allí alojado. Por otra parte, es preciso que exista un lugar claro donde los NNA puedan denunciar si sus derechos están siendo vulnerados dentro de las instituciones.

En definitiva, solo las y los trabajadores luchando por su emancipación pueden dar lugar a las formas más virtuosas del cuidado de las nuevas generaciones, socializando las cargas materiales de la familia, la cual quedará unida únicamente por el afecto.