La noticia de que un pediatra del Hospital Garrahan fue detenido bajo la acusación de integrar una red internacional de pedofilia conmocionó al país, en general, y a los trabajadores y trabajadoras del establecimiento, en particular. Según la información que circula profusamente en medios de comunicación, Ricardo Russo está imputado por “tenencia, facilitación, distribución y producción de pornografía infantil”.

Sobre el caso hay interrogantes graves que el Estado debe responder. El primer allanamiento al médico fue en noviembre, es decir que la fiscalía ya había recolectado la prueba para su análisis (voluminoso material informático) hace seis meses. ¿Por qué no se tomó la medida de apartar preventivamente al médico de su servicio, dándole otra tarea que impida cualquier contacto con pacientes? Los argumentos leguleyos al respecto no son sólidos; por ejemplo, la necesidad de “preservar el desarrollo de la investigación”. Es evidente que su continuidad no dependía de omitir medidas preventivas en el Hospital, pues el imputado ya estaba al tanto de los motivos. A la vez, es llamativo que ninguna autoridad del Hospital estuviera anoticiada. La protección de nuevas víctimas en ese transcurso de tiempo no fue prioridad del Estado. Por eso, el reclamo de esclarecer estas cuestiones por parte de la fiscalía y del Hospital forma parte central de una declaración que emitió la Junta Interna de ATE 

La patronal del Garrahan (Consejo de administración) afrontó el tema negando todo conocimiento previo y poniendo al Hospital como una suerte de “víctima”, pues su imagen se mancha por el accionar de un “monstruo”. Este enfoque debe ser refutado por muchos motivos. En primer lugar, porque bajo la confinación del culpable a un lugar “marginal” se intentan ocultar muchas cosas. Por un lado, el carácter generalizado de esta forma de violencia hacia la infancia. Por el otro, las poderosas relaciones sociales que promueven y brindan impunidad a estos comportamientos. El Garrahan es receptáculo cotidiano de niños y niñas que sufren abusos horrendos pero la institución no ofrece dispositivo alguno para su correcto abordaje, que los trabajadores y trabajadoras de la salud enfrentan como pueden. La negación de que esto ocurra en general, y su encapsulamiento cuando surge en las entrañas de la propia institución, prepara las condiciones para que algo cambie sin cambiar el todo, mediante medidas cosméticas. Para desarrollar una lucha en serio contra esta barbarie, debería discutirse todo e ir hasta el final, ¿o acaso no se clarifica, frente a este “sacudón” de realidad, que un Hospital lleno de niños y niñas vulnerables podría ser perfectamente terreno fértil para el accionar de estas redes?

 

Por otro lado, es preciso poner sobre la mesa aquellos vínculos de poder que sostienen al orden vigente y operan como factor de silencio y disciplinamiento. La condición de jefe del acusado no es un tema menor, pues en el presente régimen social las jerarquías laborales refuerzan la impunidad de los agresores. La respuesta de perogrullo a esta realidad (“no todos los jefes cometen abusos, ni todos los que cometen abusos son jefes”, una obviedad), desvía sobre la pregunta más importante: ¿el entramado vigente (desigualdad de poder, represalias laborales, etc) favorece o desfavorece la detección de estas aberraciones? A la vez, la negación de esta realidad va de la mano de la defensa de otras instituciones “que no se pueden manchar” -la familia y la Iglesia-. Pero precisamente en el seno familiar es donde más se cometen estas agresiones, ya que es reservorio último de una larga cadena de violencias que aseguran la reproducción de un sistema social infame. 

Por otro, asume aún más importancia denunciar la completa impostura del Estado y su personal político. Es evidente que el gobierno de Macri, con Patricia Bullrich y Diego Santilli a la cabeza, buscan embanderarse como “baluartes de la lucha contra las redes de pedofilia”, en un operativo conjunto con otros Estados, incluido el norteamericano. Las redes de pedofilia, sin embargo, son un lucrativo negocio, inseparable del entramado de la trata de personas y la prostitución infantil. El Vaticano, al que todas las fuerzas políticas del país salvo la izquierda rinden tributo, es protagonista del encubrimiento a la pedofilia que se desarrolla en su seno. Estas lacras proliferan bajo el amparo y la complicidad de lo más profundo del aparato del Estado -policía, justicia, políticos-. Cada tanto, estalla como golpe de efecto mediático el “desbaratamiento” de una red, mientras persisten simultáneamente centenares. La mayoría de los casos mediáticos quedan luego en la nada, con pocos o ningún culpable preso, como consecuencia de los poderosos intereses que toca la develación de estos negocios podridos ¿Alguien recuerda cómo continuó el caso de Independiente? La clase capitalista y sus gobiernos, finalmente, garantizan el reciclado del capital acumulado en estas porquerías mediante sucesivos blanqueos. 

El estupor y la indignación frente a este oprobio debe canalizarse en torno a una profunda reflexión política, que incluya una lucha contra el Estado por el desmantelamiento de las redes de pedofilia y el rechazo a toda impunidad. Un mundo en el cual las relaciones humanas son cosificadas al extremo de fabricar sistemáticamente abusadores de niños y niñas, y hasta lucrar con ello, debe ser reorganizado sobre nuevas bases sociales.