Sociedad

24/9/2009|1101

Perú: Contaminación minera en gran escala

Los casos de Cerro de Pasco y La Oroya

Recientemente, en la Convención Minera desarrollada en el sur del Perú, se informaba del “futuro halagüeño” para los pulpos mineros. “De acá a 2016 hay 32 nuevos proyectos por un valor que se acerca a los 25.000 millones de dólares”. “Como comparación en los últimos 15 años (1993-2008) la inversión minera en Perú fue de 16.000 millones de dólares con exportaciones que pasaron de 1.500 millones en 1993 a 18.600 millones en 2008” (Mining Press, 18/9). Al mismo tiempo se anunciaba que “la producción de oro, plata y hierro aumentaron en julio respecto de los registrados en julio del año pasado” (Los Andes, 26/8)

Pero ¿cuál es la realidad social detrás de estos números exuberantes? En los últimos meses, una huelga de ocho días de los trabajadores de las contratistas de la mina de oro Antapite de Minera Buenaventura lograron un aumento salarial y beneficios en ropa y alimentos (Bloomberg, 11/8). Unas semanas atrás, los mil mineros de la mina de hierro de la empresa estatal china Shougang lograron, tras diez días de huelga general indefinida, un aumento salarial de alrededor de un 10% pero que deja sus salarios entre 250 y 400 dólares mensuales, una bicoca en términos internacionales (Mining Press, 23 y 30/7).

Cerro de Pasco

Pero la situación más terrible y quizás una de las más explosivas de la minería peruana es la elevadísima contaminación que genera, con sus consecuentes impactos en el deterioro ambiental y para la salud humana.

La ciudad andina de Cerro de Pasco, a 4.338 metros de altura y a 315 kilómetros al noreste de Lima, antigua Ciudad Real de Minas durante la explotación española, y capital minera del Perú, es una de las más contaminadas de América del Sur. Con casi 250.000 habitantes, “la creciente contaminación y la falta de agua potable fueron convirtiendo en los últimos años a la ciudad minera en un pueblo inhóspito, al extremo de que un tercio de la población emigró” (Mining Press, 9/12/08). “En el barrio pasqueño de Champamarca, ocho de cada diez niños tienen la sangre contaminada con plomo, según el Ministerio de Salud… para la OMS, hay casos en que el nivel de plomo en sangre triplica el máximo tolerado por el organismo” (ídem).

Una ley votada por el Congreso peruano en diciembre pasado “declaró de necesidad pública implementar el traslado a una nueva ciudad a 30 kilómetros de la actual con un costo aproximado a 500 millones de dólares (ó 1.000 según otras versiones) y tomará al menos 10 años”.

Pero han pasado nueve meses y “es poco lo que se ha avanzado hasta ahora… no hay acuerdo sobre quién deberá asumir ese gasto” (El País, 23/8). Es que detrás del traslado está la empresa minera Volcan, cuarta productora mundial de zinc que pretende extender a terrenos de la ciudad su mina a cielo abierto, que hoy ya ocupa 140 hectáreas cerca de la ciudad. Para Luz Gladys Huamán, que trabaja en una ONG con los habitantes de la región, “debe ser el Estado y la empresa minera quienes asuman el costo” (ídem). El secretario del Frente Cívico de defensa de Pasco denumnció que “el alcalde es un traidor, porque firmó el plan son consultar a la población” (ídem). Mientras tanto la gente se va yendo y la contaminación se agrava.

La Oroya

En la ciudad de La Oroya, en la región de Junin, a 170 kilómetros al este de Lima, funciona una fundición y refinería que emplea a más de 3500 trabajadores y es una de las más grandes del mundo. “Transforma el mineral polimetálico típico de los Andes centrales en 10 metales, cobre, zinc, plata, plomo, indio, bismuto y oro entre otros” (Mining Press, 31/8).

“La Oroya es considerada una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo por Blacksmith Institute, una organización medioamblental con sede en Nueva York. Según un estudio de la Universidad de San Luis de EEUU, el 97% de los niños de La Oroya tenían niveles tóxicos de plomo en el 2005” (ídem).

La fundición la opera Doe Run Perú, que pertenece al estadounidense Grupo Renco, y que exportó durante el año pasado por 1.217 millones de dólares. La empresa se había comprometido a desarrollar un Plan Ambiental (Pama) en 10 años con una inversión de 150 millones de dólares. Pero la primera etapa que debía haber concluido en octubre ni siquiera comenzó. Recientemente se presentó en convocatoria de acreedores y pidió una extensión de 30 meses del plazo del Pama. Comenzó a suspender los pagos a proveedores (la mayoría mineras, que le entregan el mineral para que lo procese) y a suspender el trabajo de la planta después que las mineras dejaron de entregar concentrados. En junio anunció despuidos “planificados” de trabajadores.

En su mensaje al Congreso por las fiestas patrias, Alan García afirmó que “si Doe Run aporta nuevo capital y da garantías económicas que cumplirá sus compromisos, el Estado podrá conversar y concertar pero que de lo contrario ‘la ley será aplicada’ inmediatamente” (CPN Radio, 30/7). Pero las semanas pasan y no se concreta ni lo uno ni lo otro. La situación social en La Oroya es cada vez más explosiva. Los bancos les cortan el crédito a los trabajadores. La dirigencia sindical, con el apoyo de 94 grupos de base de La Oroya, anunció un paro indefinido y el corte de la ruta que comunica con Lima para principios de septiembre, pero lo suspendió a último momento.

El debate sobre la nacionalización de la refinería de La Oroya fue emergiendo. Y es el gran temor de los empresarios mineros en la reciente convención donde junto al “futuro halagüeño” que citamos al comienzo de la nota se notaba la “preocupación de que sean boicoteados los proyectos en el sur, la región más pobre de Perú, dominada políticamente por el nacionalismo del opositor Ollanta Humala” (Mining Press, 18/9).