En las últimas semanas los allanamientos y detenciones ponen en alerta a la población sobre la pornografía infantil en la provincia de Córdoba. Recientemente, se allanó un domicilio en Villa Parque Santa Ana, departamento de Santa María, donde se detuvo a un hombre de 28 años. Se secuestró material pornográfico y dispositivos móviles. La investigación, a cargo del fiscal Diego Fernández, está en proceso de ampliar la imputación del delito de tenencia de imágenes pornográficas con contenido de menores agravada, a otros implicados.

Por otro lado, por el mismo delito, se realizó otro allanamiento y detención de un hombre de 32 años en Las Varillas, departamento de San Justo. En el caso interviene la fiscal María Cecilia Dupraz.

Asimismo, se suman a estas detenciones las realizadas la semana pasada, de un hombre de 39 años en el departamento de Cruz del Eje. Y otra realizada en la ciudad de Villa María, de un hombre de 20 años. Todos imputados por el mismo delito.

Estos allanamientos y detenciones se producen en el marco de una investigación llevada adelante por el Centro Nacional para Niños Perdidos y Explotados de Estados Unidos, quienes dieron alerta a las autoridades locales de la provincia.

No es casual que la información sobre estos delitos venga de uno de los mayores centros de distribución de pornografía infantil, poniendo de relieve lo que las Madres Protectoras vienen reclamando de hace años respecto de las complicidades del Estado por medio de sus funcionarios, quienes amparan y desvían la responsabilidad a sujetos individuales, cuando se trata de redes de pornografía, trata y prostitución, que operan a nivel internacional. Estos cuatro allanamientos en un mismo mes dan cuenta que los sujetos no actuaban solos, sino que están insertos en una organización mayor.

Como explicamos cuando se agregó el delito de tenencia y distribución de pornografía infantil como parte de la ley penal, la tipificación de estas conductas no puede resolver el problema de una red organizada de explotación sexual infantil y de distribución de pornografía infantil.

En el mismo sentido, urge la implementación efectiva de una ESI laica y científica, para extinguir la cultura de la violación, que supone el desarrollo sexual ligado al consumo de pornografía y prostitución.

Basta de que el Estado funcione como garante en la cadena. Exigimos que se investigue de forma exhaustiva y que se lleve a la Justicia a todos los responsables de la producción, distribución y venta de pornografía infantil. Es necesario el desmantelamiento de estas redes, así como también el de las redes de trata. Todas motivadas en negociar con los cuerpos de niñes y adultos, cual mercancías.