Se trata de 8 familias bajo amenaza de ser desalojadas violentamente. Cada familia atravesó recientemente audiencias en el Juzgado Federal, donde se les aclaró algo que ya sabían: no tienen el título de las viviendas que se ubican al costado del campus. Por esto, quien demanda que es el rector Hugo Rojas de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, lleva adelante estas instancias.

Estas audiencias consistieron en advertirles que si no firman voluntariamente su compromiso de retirarse en dos meses, entonces vendrá un desalojo violento en menos de 10 días. Silvana Hevia, la secretaria de Estado de Niñez, participa en las audiencias persuadiendo a las familias con ayudas para el alquiler miserables de $30.000 por un año. Sabemos que el Estado no cumple con estas promesas, al punto que los dueños de alquiler ya no aceptan tomar familias que paguen mediante el Ministerio de Desarrollo, por las irregularidades y demoras en los pagos mensuales. Previo a las audiencias, Silvana les dijo que “el desalojo era inminente” sin que existiera una fecha ordenada por el juez. El abogado defensor que le asignó el gobierno de la provincia, presionó durante la audiencia para firmar a toda costa, bajo el mismo motivo: si no firman, los van a desalojar a la fuerza. Actualmente cuatro familias ya firmaron su propio desalojo, bajo presión y amenazas.

¿Cómo llegamos a esta situación?

Las familias comenzaron alquilando las viviendas a la Marina hace 17 años, con el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) como intermediario. Luego de que en 2015 la Marina pasara su central a Tierra Del Fuego, el predio pasa a manos de la UNPA (a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado). El convenio con IDUV se cae y ninguna entidad reclamó continuar con el cobro del alquiler.

Inmediatamente el rector Hugo Rojas procedió a demandar a las familias, pero el proceso quedó trunco. Siguieron pasando los años, mientras quienes vivían allí se organizaron para esclarecer su situación, visitando a la gobernadora Alicia Kirchner, a las autoridades de IDUV y la Marina, sin encontrar a nadie que se hiciera cargo. Durante todo este tiempo, las familias pudieron poner las viviendas en condiciones y ampliarlas, superando duras dificultades como los cortes de servicios.

Estas son familias trabajadoras, con niñxs pequeñxs que alimentar, y sin recursos para pagar un abogado propio. Un desalojo los empujaría a la incertidumbre de no poder sostener un alquiler. La angustia de ser desalojados, genera un profundo estrés en madres y padres de familia que trabajan para conseguir un mejor futuro para sus hijxs.

 

Frente a este intento de desalojo, las vecinas se organizan

Las familias vienen de presentar una nota en el último Consejo de Unidad de la UNPA-UARG, conformada por consejerxs docentes, estudiantiles y no docentes, pidiendo que la universidad detenga estas medidas y anule el desalojo. Se planteó a las autoridades universitarias que no formen parte de un accionar cruel y violento, que usa la amenaza, el miedo y la angustia de nuestras familias como método para cumplir sus fines.

También solicitaron que se abra una mesa de diálogo con los representantes de la UNPA, el IDUV, y las vecinas, para buscar un acuerdo que pueda dar tiempo a las familias para que IDUV entregue las viviendas que esperan, y si no hay viviendas, encontrar el modo en que puedan pagar cuotas para la adjudicación de las viviendas en que habitan.

Esta misma nota se presentó a Alicia Kirchner. Hasta el momento no tuvieron una respuesta de su parte ni de las autoridades universitarias. Mientras tanto se mantienen en estado de alerta, preparando una jornada de acción directa en caso de seguir sin soluciones.

También impulsan una campaña de firmas. Sumá la tuya en este link:

 

Desde el Partido Obrero y nuestra agrupación estudiantil La Caldera (UJS+independientes) apoyamos el reclamo de las familias y llamamos a todas las organizaciones sociales, agrupaciones estudiantiles, docentes, y partidos políticos a colaborar con esta justa causa.