Este jueves 22 se cumple el plazo de treinta días que otorgó la justicia rionegrina para que las 52 familias que ocupan las tierras que pertenecen al polígono de tiro local, conocido como Asociación Patriótica de Tiro Federal, se retiren voluntariamente.

Las familias vienen manifestando que resistirán el desalojo, cuestión que se votó en asamblea, y prepararse para el día de hoy cuando se espera que las fuerzas represivas desplieguen un violento operativo de desalojo. Este mecanismo del gobierno se vio días atrás en la ocupación del barrio 21 de Septiembre en Cipolletti, cuando el fiscal Gustavo Herrera junto al Coer (Cuerpo de Operaciones Espaciales y Rescate) quemaron las precarias viviendas de madera para desalojar, intento que se frustró producto de la resistencia de las familias trabajadoras.

La tierras en disputa fueron donadas en época de la dictadura por Marcelo Zarraga, interventor del municipio local, quien en el año 2019 fue juzgado y condenado por crímenes de lesa humanidad en los juicios la escuelita VI por el Tribunal Federal Oral de Neuquén. Por esta razón, la defensa de las familias planteó la nulidad de la cesión y que las tierras sean expropiadas, recurso que no prosperó, quedando firme la orden de desalojo.

Para Miguel Ángel Zeballos, abogado de las familias, la salida debe ser política. El municipio no se puede desentender del tema, y agregó también que la intendenta María Emilia Soria, del Frente de Todos, solo se acercó a las familias una sola vez con la propuesta de cinco terrenos para las más de 50 familias que ocupan el predio. Nada de una salida de fondo a la problemática por tierra y vivienda para las familias trabajadoras de parte del Estado local.

Por estás horas las familias trabajadoras aguantan en la ocupación mientras siguen con la construcción de sus casillas, rodeadas de sectores combativos, de organizaciones sociales como el Polo Obrero y partidos de izquierda, entre ellos el Partido Obrero.

No al desalojo del Barrio La Esperanza. Expropiación de las tierras. Por un plan de viviendas populares bajo control obrero financiado con un impuesto a las grandes fortunas locales y provinciales.

Abajo la criminalización de las familias trabajadoras, y abajo la represión. El Estado es responsable.