Sociedad
14/11/2017
Salud Mental: abajo la avanzada privatizadora del macrismo
El gobierno pretende modificar la reglamentación de la Ley Nacional de Salud Mental a la medida de las corporaciones médicas y farmacéuticas.
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En los últimos días se ha difundido un proyecto de decreto oficial del Ministerio de Salud de la Nación para reformar la actual reglamentación de la Ley Nacional de Salud Mental (Ley 26.657). Principalmente, éste apunta a reforzar la incidencia de las corporaciones médicas y farmacéuticas en el área y los aspectos privatistas de la reglamentación vigente hasta ahora, dictada por el kirchnerismo en el año 2013.
Avanzada privatista
La reforma del macrismo tiene dos aspectos fundamentales.
Por un lado, otorga mayor poder a las corporaciones médicas, como la que compone la burocracia de la Asociación de Médicos Municipales (AMM), diluyendo los derechos de los pacientes –especialmente en situaciones de internación voluntaria e involuntaria– y los abordajes interdisciplinarios en los servicios de salud de hospitales, centros y dispositivos comunitarios.
Por el otro, la avanzada macrista profundiza el negocio de la gestión y tercerización de dichos dispositivos, lo cual ya estaba contemplado en la reglamentación que había establecido el gobierno kirchnerista. Por caso, el proyecto que estamos denunciando estipula que “se aceptará como parte de los dispositivos alternativos a los hospitales especializados en psiquiatría y salud mental, ya sean públicas o privadas”. De esta manera, la corporación médica (pública y privada) queda reconocida como gestora casi exclusiva de los “dispositivos alternativos”.
Cómo enfrentamos esta ofensiva
La tarea para todos los trabajadores del ámbito de la salud mental consiste en tirar abajo esta reforma reaccionaria, la cual se inscribe en el “paquetazo” de reformas anunciadas por Macri a horas de su triunfo electoral.
Sin embargo, organizaciones referenciadas con el kirchnerismo –con el CELS a la cabeza– acaban de publicar una declaración en la cual proponen “debatirla” y reclaman espacios de diálogo, participación y consenso, incluso bajo el formato de rediscutir toda la Ley de Salud Mental en el Congreso de la Nación, donde el “viejo bloque kirchnerista” le votó al macrismo más de 80 leyes contra los intereses populares.
A pesar de las enormes ilusiones que la sanción de la Ley de Salud Mental, en 2010, y su reglamentación despertaron durante el gobierno kirchnerista, estuvo muy lejos de avanzar en una verdadera transformación desmanicomializadora.
No sólo no se construyó un solo efector o dispositivo alternativo bajo la gestión del gobierno anterior, sino que lo poco que se implementó fue sobre la base de la tercerización en fundaciones y ONGs (muchas de ellas vinculadas con la Iglesia Católica) y la precarización laboral absoluta de trabajadores y profesionales no médicos (psicólogos, musicoterapeutas, terapistas ocupacionales, acompañantes terapéuticos y comunitarios, etc.).
Esta precariedad, sumada a la ausencia de reformas estructurales, pavimentó el camino a la reforma que ahora pretende aplicar el macrismo.
Abajo la privatización del sistema público de salud
La lucha por cualquier transformación “desmanicomializadora” en la Salud Pública y Mental en nuestro país sobrepasa los límites de la batalla cultural de “discursos” y “paradigmas” teóricos o sanitaristas y se inscribe en la lucha por un Sistema Único, Estatal, Público y Gratuito para todos nos niveles de atención bajo la gestión y el control de trabajadores y usuarios.
La próxima batalla que darán en las calles los gremios combativos, sindicatos clasistas y agrupaciones obreras antiburocráticas en nuestro país contra el “megapaquetazo” antiobrero de Macri –pactado con la CGT y el PJ– es una oportunidad para los luchadores del campo de la Salud Mental.
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