Varios trabajadores de Fundación Santa Cruz Sustentable fueron notificados la semana pasada de la elevación a juicio de sus causas por un corte de ruta realizado en octubre de 2012.

 

A la medida en cuestión habíamos llegado los trabajadores luego de extensos reclamos a Daniel Sloper -quien en ese momento era interventor- de que cumpla con el aumento homologado en paritarias, habiendo agotado los correspondientes “pasos legales”. En respuesta al corte, y por solicitud del gobierno, la jueza Yañez ordenó en aquella ocasión el desalojo de los manifestantes, y tuvo lugar una represión feroz con 26 trabajadores y trabajadoras detenidos. Luego de esto, volvieron a negar los reclamos y a pagar sumas en negro, mientras que Sloper fue premiado con el cargo de ministro de Gobierno de Daniel Peralta.

 

Las notificaciones aparecen ahora, luego de cinco años en los que a muchos de los trabajadores nunca se les informó que había pasado con la causa, asignándoles de prepo un “defensor oficial” al que recién conocerán en el juicio.

Una cadena de ataques

 

Al llamado a juicio se suma la notificación de indagatorias a más trabajadores de la Fundación, que durante 2015 nos manifestamos en la ruta porque el gobierno de Alicia Kirchner pretendía dejar sin trabajo a más de 230 familias que dependían de la empresa. Como fue de público conocimiento, no hubo solución al conflicto hasta que llegamos a la ruta. Así y todo, los trabajadores debimos seguir reclamando, ya que nunca se cumplió con los compromisos establecidos -por el contrario, se ha profundizado el vaciamiento de la empresa y la tercerización del trabajo en entes públicos.

 

En abril de 2016 dimos a conocer esta situación a la jueza Yañez; mediante nota le planteamos el cuadro que seguíamos atravesando y que lo que reclamamos es que se cumpla con la ley y lo acordado. Todos estos años los trabajadores hemos sido empujados a la ruta; la ley solo importa cuando puede ser utilizada contra la clase obrera, y no frente a los desfalcos y maniobras del empresariado y los fun-

cionarios con el dinero estatal.

 

Por todos estos motivos, reclamamos la inmediata absolución de nuestros compañeros. En un año que se prevé de grandes luchas, contra el ajuste de Macri y de los gobernadores, rechazamos la criminalización de la protesta social.

 

En lucha

 

Esta semana se realizó una conferencia de prensa con el acompañamiento de la gremial docente Adosac, delegados municipales, petroleros, estatales, el Partido Obrero y otras organizaciones de izquierda.

 

El próximo jueves 16, vecinos y organizaciones vamos a marchar, a partir de las 9, desde el Gorosi-to hasta la Prefectura, donde se constituirá el Juzgado Federal que llevará adelante el juicio.

 

Conquistamos nuestro trabajo con lucha, y luchando lo vamos a defender.