El domingo 22, un total de 24 familias se organizaron para ocupar terrenos abandonados de la zona Margen Sur, ciudad de Río Grande. Según los testimonios, “tomamos la determinación de usurpar porque no podemos pagar el alquiler, muchas de las familias son mujeres separadas con hijos y sin empleo” (Actualidad TDF, 22/11). La policía no tardó en desplegar un operativo para sitiar las manzanas y no permitir el ingreso de más familias. Ahora, la municipalidad intenta hostigar a las familias con amenazas de demandas judiciales si no abandonan el predio, alegando que es propiedad del sector privado. Sin embargo, el terreno fue vendido hace seis años y jamás se construyó nada (Noti TDF, 23/11). Algo similar ocurrió en Ushuaia: la semana pasada, el intendente Walter Vuota (PJ) desalojó y denunció judicialmente a diez familias que comenzaron a construir sus casas en espacios vacíos del Barrio Andino.

Estas situaciones se repiten constantemente: a Tierra del Fuego la atraviesa una crisis habitacional descomunal. Y no porque falten espacios, todo lo contrario. Desde Carlos Manfredotti hasta Gustavo Melella, los gobernadores beneficiaron a los grandes hacendados, a las empresas de ganadería bovina y a las manufactureras de electrodomésticos con miles y miles de hectáreas a bajo costo. Si tomamos estos últimos veinte años, vemos que 148 propietarios se hicieron de 15 mil hectáreas provinciales. De las cuales solo un 15% se destinaron a la producción, el resto son terrenos vacíos o de estancias vacacionales privadas.

En el presupuesto provincial, el plan de viviendas ocupa un espacio ínfimo: en los últimos tres años, el IPV entregó solo 2.000 viviendas sociales, con una demanda tres veces superior. Las pocas ofertadas se alquilan a precios exorbitantes, una problemática que se agudizó durante la pandemia, ya que, entre los fueguinos, el índice de pobreza ascendió a un 40% y la desocupación a un 35% (Diario del Fin del Mundo, 1/10).

Lo que sucedió en Guernica se replica a nivel nacional. Son los casos de Santa Cruz, Salta, Córdoba y ahora Tierra del Fuego. Los gobernadores provinciales de Cambiemos y los “progresistas” del Frente de Todos acuden a la represión, desalojo y judicialización de las miles de familias trabajadoras que luchan por la vivienda.

Desde el Partido Obrero denunciamos cualquier tipo de persecución y judicialización a las familias ocupadas y desocupadas que luchan por un plan de viviendas integral. La necesidad es imperiosa y crece al ritmo de la crisis. El gobierno debe llevar a cabo un programa de loteos populares, por medio de un banco de tierras, para liberar a miles de las garras de las inmobiliarias y para que todos puedan acceder a la tierra.