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El debate sobre las drogas

En los últimos números de Prensa Obrera han salido varios artículos con posiciones encontradas sobre el tema de la despenalización y de la legalización de las drogas. Sin embargo, un enfoque fue ajeno a todos ellos: caracterizar una lucha contra la represión policial y estatal.

Para poder intervenir en la realidad, es necesaria en primer lugar una caracterización de las fuerzas existentes. En ese sentido, si bien es cierto que la legalización no ataca de ninguna manera el negocio del narcotráfico y hasta lo reproduce en mayor escala, es falso plantear que la legalización es la posición de "un grupo de magnates internacionales" y del mismo "narcotráfico". Existe desde hace un tiempo una fuerte corriente por la legalización (que ha organizado marchas, que discute en foros, páginas de internet y redes sociales) que de ninguna manera fue armada desde arriba por ningún poder narco estatal o paraestatal, sino que tiene el objetivo de enfrentar la represión policial que estos jóvenes sufren día a día por ser consumidores. Como tal, ese movimiento resulta progresivo más allá de la dirección que tenga. Es por eso que el Partido Obrero debe levantar las banderas de la despenalización en primer lugar sobre la base de apoyar la rebelión de los jóvenes contra la represión de un estado que fomenta el consumo a través de sus alianzas con el narcotráfico y luego lo utiliza de excusa para criminalizar a la juventud. Las limitaciones del movimiento Pero también hay que llevar la discusión sobre qué salida darle al problema que sufren planteando lo errado de la consigna de "legalizar". El caso uruguayo, por ejemplo, es clarificador, ya que de lo que se trataba era de "estatizar" el negocio para garantizar su rentabilidad a partir de un nivel inédito de asociación estatal con el narcotráfico. De esta manera, el estado que participa del negocio, se vuelve su garante, es decir hace todo lo contrario a lo que debe hacer un estado obrero, socialista: desalentar el consumo, combatir la adicción. La razón es que el fenómeno de las drogas y el alcohol utilizados con fines recreacionales se monta sobre un proceso de desmoralización (o cansancio) de las masas oprimidas. La mejor forma de combatir la adicción es, por lo tanto, mostrarle a la juventud la posibilidad de una salida revolucionaria a la crisis que nos acecha y explicar la contradicción entre ésta y un estado que fomente el consumo (y no perderse en debates ontológicos sobre si la sustancia es buena o mala en sí). La hipocresía oficial Nuestra crítica a los proyectos de despenalización existentes debe partir de la peste de hipocrecía que los acompaña, en particular cuando el impulsor de uno de ellos (Anibal Fernandez) fue jefe de la policía durante el gobierno del mayor traficante del país: el ex-presidente Duhalde. Ninguno de los proyectos está pensado para desarticular el poder represivo del estado ni mucho menos para deshacer los lazos de éste con el narcotráfico. Se plantea penalizar a quien "tuviere en su poder estupefacientes que excedan un consumo personal", pero se guarda en todo momento de especificar qué medida es "consumo personal" (actualmente es una cantidad irrisoriamente ridícula) mientras que por otro lado penaliza el consumo en la vía pública con penas de 6 meses a 3 años de prisión. Estamos ante una estafa: el proyecto no garantiza de ninguna manera acabar con el abuso y la represión policial sino que le sigue dando herramientas para perseguir a la juventud. Por otro lado, en los fundamentos de la ley se habla de "no criminalizar al consumidor" sino tratar el caso como un problema de salud. Pero ¡este es el gobierno que está vaciando los hospitales públicos y realizando un brutal ajuste contra la salud pública!. Frente a la ausencia de una política de contención al adicto y la protección que da el estado a los vendedores, el proyecto busca expandir el negocio de las drogas a partir de una operación extorsiva: ¿quieren frenar la persecusión? Entonces acepten el narcotráfico. Debemos desarmar este operativo ligando la despenalización a la apertura de los libros de las comisarías que operan en connivencia con el tráfico ilegal. Contra la cooptación Estamos ante un intento de cooptar un movimiento de lucha contra la represión policial a la juventud hiperexplotada que busca alivio a su situación en el consumo de drogas. Es tarea fundamental del Partido Obrero separar a esa juventud, por ejemplo, del buchón oficial y responsable político de la masacre de avellaneda, Anibal Fernandez y plantear un programa que enfrente verdaderamente el narcotrafico denunciando la complicidad estatal. Para eso planteamos: – Despenalización del consumo. Basta de perseguir a la juventud. – Apertura de los libros de la comisaría y comisiones de organizaciones sociales y asambleas barriales que investiguen los vínculos de la policía con el narcotráfico y la trata de personas. – Desmantelamiento del aparato represivo estatal – Aumento del presupuesto de salud. Equipamiento ya de los hospitales. Incorporación de equipos de psicólogos especialistas en el tratamiento de adicciones.

Damián de Ciudad