Hace solo unos pocos días se conformó el Fondo de Integración Socio Urbana para la aplicación de la ley de urbanización de “barrios populares”, sancionada en octubre del 2018, que debe administrar los recursos destinados a obras de infraestructura y relocalizaciones en las más de 4.400 villas registradas del país: en más de dos años, poco y nada se ha hecho por las familias de los barrios más carenciados.

Según los datos informados, el Fondo estaría constituido por unos $11.500 millones, que se han recaudado con los ingresos del 9% del impuesto País, a los que se le sumarían unos $45.000 millones, provenientes del recientemente sancionado “Aporte Solidario”.

La ley 27.453 (urbanización de villas) reconoce una serie de derechos para el millón de familias censadas en los 4.416 “barrios populares” incluidas en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). Entre estos se encuentra el de mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos barrios, por medio de distintas obra públicas (cloacas, pavimentación, luminarias, servicios, etc.) tendientes a regularizar su situación.

Para el caso de que la situación de habitabilidad de dichos barrios se torne inviable se prevé la relocalización de las familias bajo condiciones de vivienda y habitabilidad conformes con los derechos y garantías constitucionales; es decir, un acceso a la vivienda digna.

Otro destino de estos fondos, del que se viene hablando, sería la supuesta disposición de terrenos fiscales ociosos para generar lotes con servicios para las familias sin tierra. Aunque no queda claro si se trataría de procesos de relocalización de habitantes “registrados” o un programa universal de acceso a la tierra.

Existe pero no se cumple

La existencia de esta ley, que fue aclamada por las organizaciones sociales alineadas al actual gobierno y al Vaticano, no redundó en ningún plan integral de políticas y obras públicas para las familias pobres de las villas del país.

Un ejemplo de esto es que incluso bajo la gestión de este gobierno se estima que se ejecutó solo el 14% de los fondos recaudados. Esto teniendo en cuanta que durante el 2020 los barrios carenciados fueron uno de los centros de la propagación del Covid-19, debido a las condiciones de hacinamiento y precariedad en las que se encuentran.

A la fecha, la ley solo garantiza que sus beneficiarios puedan, en el mejor de los casos, acceder a un Certificado de Vivienda que protege a sus titulares de cualquier procedimiento judicial de desalojo por el término de 4 años desde la sanción de la normativa. Es decir que pasado octubre del 2022, de no renovarse el plazo, también se carecería de esta protección, dejado a la ley en letra muerta.

La torta no alcanza para todos

El otro gran interrogante es la escasez de los fondos para atender el conjunto de las necesidades habitacionales de la población más vulnerable. Incluso tomadas las estimaciones oficiales, que reflejan datos que han quedado desactualizado por el crecimiento de la pobreza y la miseria, se estaría llegando solo a una porción menor de los implicados.

Según el ministro Arroyo, el plan sería una urbanización de 400 barrios por año durante 10 años. Pero los convenios extendidos hasta el momento –con 1.726 villas en la provincia de Buenos Aires- ascienden a un costo de $400.000 millones, lejos de los $11.500 millones actuales o los $60.000 millones eventuales.

Tampoco están claro los alcances de tal inversión ya que las obras implicadas son de naturaleza muy distinta. Por ejemplo, Arroyo afirma que “hay lugares en donde es imposible brindar servicios como agua, luz y menos cloacas”; sin embargo, en muchos de esos lugares ya existen casas edificadas desde hace ya varios años, para lo cual un lote con servicios implicaría una reducción de lo poco que esas familias tienen.

Si se trata de un abordaje integral para barrios urbanizables, relocalizaciones con viviendas y asignación de lotes con servicios para familias sin hogar, los recursos se quedan más que cortos. Como ejemplo, solo para el caso de las reubicaciones con vivienda, la Cámara de la Construcción calcula en unos $3 millones el costo de una casa básica de 51 m2 (sin lote).

El gobierno está analizando si la ejecución de las obras podría descentralizarse por medio de convenios con la provincia y los municipios, lo cual arroja aún más dudas ya que las mismas dependerán de los “criterios” de cada jurisdicción. Es lo que ocurre actualmente en el barrio Unión y Fuerza de Lomas de Zamora donde al intendente Martin Insaurralde se le ocurrió “trasladar” a habitantes de un barrio a cubos de chapa, sin servicios, que simulan ser casillas.

El Partido Obrero y el Frente de Izquierda anticiparon esta cuestión con la presentación del proyecto de impuesto a las grandes fortunas, que preveía una recaudación de 20.000 millones de dólares y una asignación importante de estos fondos para viviendas y para la urbanización de tierras fiscales y ociosas.

El objetivo de urbanizar el conjunto de las villas del país debe partir de actualizar la información de las mismas sobre la base de un nuevo censo nacional, para elaborar un presupuesto integral que sirva a satisfacer las distintas necesidades habitacionales de las familias implicadas, por medio de un plan de obras públicas, con la generación de puestos de trabajo y bajo control de los trabajadores y desocupados. Esto va de la mano de la obtención de recursos gravando a las grandes fortunas y dejando de pagar la usuaria e ilegítima deuda externa para poder garantizar el derecho a la vivienda digna en todo el territorio nacional.