Tanto en la Legislatura porteña como en la Cámara de Diputados los legisladores del Partido Obrero en el FIT-U han presentado proyectos que plantean declarar la emergencia en el acceso a la vivienda y proponen que a todas las viviendas desocupadas se les imponga un impuesto progresivo -absoluta y relativamente- para que sean colocadas en el mercado para alquilar.

Los proyectos establecen impuestos extraordinarios al acaparamiento de viviendas con alícuotas que aumentan progresivamente al tiempo que eliminan los impuestos a la vivienda única habitada por su propietario. Se suspenden los desalojos por 2 años, sea por ocupaciones de tierra para habitarla o frente a la imposibilidad de pagar los alquileres o créditos.

La ley de ser aprobada creará comisiones integradas por organizaciones de vecinos, inquilinos y profesionales para revisar toda venta de tierra pública y/o inmueble ejecutado por organismos del Estado y así determinar su provecho o no para las necesidades habitacionales de la población. Plantea organizar un censo de inmuebles desocupados e investigación de la propiedad de estos así como de inquilinatos y conventillos y planificar la construcción de viviendas populares. Se crea el Banco de Tierra y Vivienda para financiar la construcción de vivienda popular sobre las tierras ociosas y fiscales. Las mismas contarán con todas las condiciones de habitabilidad y accesibilidad necesarias. El valor de las viviendas quedará establecido a partir del costo de construcción de las misma. Tanto para la construcción como para garantizar la extensión de los servicios básicos (electricidad, agua, cloacas, gas e internet para la urbanización de las villas y asentamientos el Estado proveerá los materiales y el asesoramiento técnico, empleando mano de obra de trabajadores actualmente desocupados, registrándolos bajo el convenio de la actividad.

Los planes de construcción y/o autoconstrucción serán controlados colectivamente por los trabajadores y vecinos involucrados a través de mecanismos asamblearios democráticos incluyendo a los trabajadores extranjeros, sin discriminaciones. El Estado otorgará créditos a todo aquel que no posea inmueble. El mismo cubrirá el 100% del valor de la vivienda a plazos de pago de hasta 20 años. La tasa de actualización de las cuotas se incrementará de forma anual proporcionalmente al Índice Salarial del INDEC que pondera también la variación de los ingresos informales. En ningún caso la cuota mensual puede superar el 25% del ingreso normal del solicitante.

En sus fundamentos, los proyectos plantean la naturaleza de clase del proceso que ha generado esta crisis sin precedentes. La combinación entre la caída del salario y la especulación inmobiliaria produce una permanente expulsión hacia la periferia de las ciudades. Esto genera un costo económico gigantesco ya que la mayoría de los que trabajan en las ciudades viven en los suburbios, dedicando muchas horas de su vida y parte de sus ingresos solo a trasladarse a su empleo.

En los aglomerados urbanos el metro cuadrado construido alcanza en promedio los U$S 2.500. Mientras el costo de la construcción contenido en él no supera los U$S 500 (IProfesional 5/3), el resto corresponde al valor del suelo. Este es una mercancía peculiar, ya que al no ser producto del trabajo humano su valor no está determinado por el tiempo socialmente necesario para su producción, sino que se deduce teniendo en cuenta la renta que arroja y la tasa de interés vigente (“es renta capitalizada”). Si por ejemplo la renta que arroja es 1.000 dólares y la tasa de interés es 10% se concluirá que un terreno tendrá por valor 10.000 dólares. Ese valor del terreno luego se transfiere a la propiedad, lo que se denomina costo de incidencia. A partir de esta consideración se deduce que a mayor posibilidad de construcción en un terreno mayor será el valor de la tierra. El valor que el suelo representa en el costo total es el resultado de distintas modificaciones a los códigos urbanos que autorizan a seguir construyendo en altura, invadiendo el espacio público o cediendo tierras fiscales urbanas al gran capital especulativo (Proyecto Diputados).

“La crisis habitacional se reduce en lo esencial a que a vivienda se transforma en un activo para valorizar un capital que no puede ser utilizado en la producción, dado el cuadro de sobreproducción imperante tanto de capitales como de mercancías. Por eso es un fenómeno internacional, que alcanza tanto a Berlín como a Buenos Aires, u a otra cualquier gran ciudad en el mundo. Enfrentar esta tendencia de fondo del sistema capitalista con regulaciones menores por parte del estado no solo no soluciona nada, sino que en determinadas circunstancias termina agravando las cosas, pues el capital encuentra siempre la vía para sortear esas regulaciones o sabotearlas. La salida pasa por poner de manifiesto la relación social que existe detrás de la cuestión de la vivienda y presentar un programa de salida que ponga fin a ella mediante una reorganización integral de la economía y una planificación de la cuestión urbana. El referéndum de Berlín nos indica que sin modificaciones del régimen de propiedad el derecho a la vivienda no puede ser garantizado” (proyecto legislatura CABA).

Los proyectos de Ley establecen ese programa como una herramienta central para la lucha organizada de millones de trabajadores por su derecho a la vivienda.

 

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