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25 de enero de 2007 | #979

La corte se rinde a los cortes

Profundicemos la lucha ambiental y unamos a los trabajadores de Argentina y Uruguay
El fallo del Tribunal de La Haya sobre los cortes de Gualeguaychú le permitió al país observar el estilo Kirchner de cuerpo entero, o sea, el de un manipulador. El Presidente no tuvo el menor empacho en atacar a la prensa por haber difundido, en los días previos, la certeza de un fallo desfavorable a los cortes, cuando él sabe mejor que nadie que esa fue la versión que desparramó su propio gobierno por los diarios, para recargar su política de intimidación contra las asambleas de Gualeguaychú y Colón. ¿O acaso su ‘pollo’ Busti no estuvo mandando patotas para desarmar una tentativa de corte en Concordia? ¿O Kirchner y sus punteros, incluida la representante argentina ante la Corte Internacional, no estuvieron repitiendo hasta el cansancio que los cortes de puentes ‘perjudicaban’ a la ‘diplomacia’ argentina? Ahora se ha puesto de manifiesto que eso era una mentira y que la mentada ‘diplomacia’ es incompetente. Kirchner, simplemente, trata de disimular el revés que ha sufrido su política intimidatoria, por eso el fallo en cuestión ha suscitado el entusiasmo entre los asambleístas entrerrianos. Al final, ellos fueron más sagaces que los ‘políticos’, los ‘jurisconsultos’ y los ‘diplomáticos’ de la Casa Rosada.
 
El fallo del Tribunal Internacional ha puesto en un brete a todos los enemigos del movimiento piquetero, pues declara la legalidad ‘planetaria’ del corte ruta, ¡incluso entre países! Se acabó la monserga de que ‘los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos del otro’, ubicando siempre al trabajador o al oprimido en el ‘uno’ y a los capitalistas y ladrones del dinero público en el ‘otro’. La Corte de La Haya ha sentenciado que si no existe un “peligro inminente”, los tribunales no tienen competencia en una demanda contra un corte de ruta. Esto significa que el Estado tampoco tiene derecho a reprimirlo. Esta consecuencia es tan evidente que un comisario de la localidad de Hipólito Irigoyen, en Salta, acaba de negarse a reprimir un piquete de vecinos por no contar con la orden judicial —lo que provocó su exoneración por el Kirchner salteño. En 1996, una jueza de Neuquén se había declarado “incompetente” frente a los cortes de Cutral-Co-Plaza Huincul.
 
¿Qué ha ocurrido? ¿Ha surgido ‘una justicia proletaria’ a nivel mundial? Solamente asistimos a una maniobra. La Haya repite los fundamentos que dio cuando no hizo lugar al reclamo de suspensión de las obras de construcción de Botnia. Alega de nuevo la ausencia de un ‘riesgo inminente’, reforzando su fallo anterior. (Claro que cuando el riesgo se torne irreversible, lo cual ocurrirá con el pleno funcionamiento de la pastera, la ‘inminencia del peligro’ que entraña su construcción pasará a ser un asunto ‘abstracto’.) La Corte ha preferido, en definitiva, legalizar el piquete para reforzar la legalidad de la construcción de Botnia, por aquello del mal menor. En cuanto al derecho al piquete, el derecho burgués lo preservará con la misma tenacidad con que lo hace con el principio de autodeterminación de los pueblos en las numerosas naciones agredidas o invadidas por los gobiernos imperialistas o el sionismo.
 
El fallo no cambia para nada el progreso de la contaminación capitalista en la mesopotamia argentina, pero ha servido para acelerar la crisis, tanto en Argentina como en Uruguay.
 
El gobierno de Kirchner se encuentra ahora con menos armas ideológicas para combatir a la oposición a la instalación de Botnia, pero por eso mismo se siente más presionado a buscar un acuerdo con la pastera y con Uruguay. No solamente se trata de poner un freno a un movimiento ambientalista que crece en todo el país en un año electoral. También está amenazada la sobrevivencia del Mercosur, que ya cuenta con una enorme carga de contradicciones, que sólo está esperando el detonante. Pero no cuenta con salidas. Las dos que está esgrimiendo no cuentan con el apoyo de ningún sector popular. Una, la canalización de los efluentes de Botnia, la otra, los acuerdos de “control ambiental”, que la secretaria Picolotti redactó en Nueva York, nada menos que con Barrick Gold, para intentar lograr una aceptación popular a la instalación de una explotación a cielo abierto en La Rioja. Debido a estos factores en juego, el gobierno nacional se encuentra más presionado ahora a poner fin a los cortes de ruta que antes de la declaración internacional de ‘incompetencia’.
 
Por el lado del frenteamplismo uruguayo las cosas están, quizás, en peor estado. En las próximas horas Tabaré Vázquez firmará el Acuerdo de Inversión y Comercio (Tifa) con Estados Unidos, o sea con Bush, que constituye un paso abierto hacia un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Si es cierto lo que dice la prensa uruguaya (Brecha, 19/1), las disposiciones del Tifa son incompatibles con el Mercosur, pues abren a Estados Unidos las puertas de las comunicaciones, los servicios y las compras estatales. La Mesa del Frente Amplio ha prestado su acuerdo a esta firma aún sin conocer los términos definitivos del acuerdo. De todos modos, habrá que esperar una creciente oposición nacional a esta entrega sin precedentes, que empalma con la que ya existe con respecto a Botnia. Tabaré ya ha autorizado a la pastera Stora Enzo, una sueco-finlandesa, a instalarse en el departamento de Río Negro, donde contaminará fronteras adentro. Además, la española Ence cuenta con el apoyo de Uruguay y de Kirchner (tiene acuerdos que no ha dado a conocer con los nuevos propietarios del pulpo hispano) para depredar el territorio de Colonia y la desembocadura al Plata. En resumen, la crisis del Mercosur; la forestación indiscriminada de eucaliptus y las pasteras; los acuerdos de libre comercio e inversión con el genocida Bush; todo esto constituye un ‘coctel’ interesante para conmover la ‘complacencia’ oficial y abrir una crisis política en Uruguay (la izquierda uruguaya que ha rechazado la cooptación gubernamental debería apresurarse en aprovechar la ocasión para una reestructuración a fondo sobre nuevas bases programáticas).
 
Una crisis ‘internacional’ ha servido para parir dos grandes crisis políticas internas. ¿Cómo aprovecharlas?
 
En Argentina, esencialmente, extendiendo la lucha ambiental a todo el país; transformarla en una oposición política al gobierno que patrocina a los pulpos contaminadores; oponer a los planes oficiales un plan de desarrollo sobre nuevas bases sociales. En síntesis, plantear el Juicio Político ambiental de Kirchner y del gobierno nacional. Solamente minando las posiciones de los que apoyan o son cómplices activos con las pasteras y los pulpos contaminadores será posible aislar a Botnia, privarla de sostén político y obligarla a levantar carpa.
 
Desde este planteo ‘hacia adentro’ es muy fácil entenderse con el pueblo uruguayo en torno a una causa que ya no sería ‘nacional’ de cada lado sino común de los trabajadores de los dos países. Juntaríamos la oposición al Alca (al cual impulsan Tabaré, Astori, Huidobro, Mugica, con Batlle y Lacalle), con la oposición a la entrega a las pasteras (que no solamente contaminan sino que condenan a Uruguay al monocultivo y refuerza la concentración extranjera de su economía, por medio de recursos estatales como las zonas francas).
 
Esta crisis es, por sobre todo, una gran ocasión para que la clase obrera se ponga al frente de esta lucha y de este modo le dé un contenido social de conjunto. Para que vuelque su peso y fije la agenda de conjunto de la lucha. La clase obrera es la que paga más caro la contaminación capitalista, y no solamente porque es obligada a vivir allí donde la contaminación es más siniestra. Es la más afectada en el empleo, por la falta de higiene y de seguridad, por la insalubridad, y por la destrucción de la naturaleza humana que conllevan jornadas de doce horas, ritmos intensos de producción y una alimentación y hábitat deficientes como consecuencia de los bajos salarios y de la falta de infraestructura de salud y de educación.
 
Están reunidas las condiciones para un gran acto obrero y socialista contra la contaminación capitalista, que sirva de inmediato para impulsar un acto obrero internacionalista con los trabajadores de Uruguay.
 
Por la nacionalización sin pago de los pulpos que pudren el medio ambiente; por el juicio político ambiental a los capitalistas; por la vigencia de todos los derechos laborales; no al Alca, por la unidad socialista de América Latina; por una reorganización social sobre nuevas bases.

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