22/05/2018

Abajo la resolución de Finocchiaro y los rectores contra los títulos universitarios

Movilicémonos contra el recorte de “actividades profesionales reservadas” que afectará a 37 carreras.
Por Fede Casas Miembro de la Junta Ejecutiva de la FUA por la UJS-PO

La resolución publicada el pasado 15 de mayo en el Boletín Oficial, por la cual el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, recorta las “actividades profesionales reservadas” (incumbencias) para 37 carreras universitarias involucra a los rectores de todo el país, que vienen trabajando en ella desde los años de gobierno kirchnerista, tal como especifica el texto de la misma.


La modificación se da sobre los títulos contemplados en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior, el que fija que “el Ministerio de Cultura y Educación determinará con criterio restrictivo (…) la nómina de títulos correspondientes a profesiones reguladas por el Estado, así como las actividades profesionales reservadas exclusivamente para ellos.” Es decir que, con esta resolución, los graduados de estas carreras pierden la exclusividad en la práctica de las actividades que han sido recortadas del listado.


Este recorte implica una fuerte devaluación de los títulos (incluidos los ya otorgados), con el objetivo de reducir los costos de producción en nuestro país. Lógicamente, tendrá su correlato en nuevos ataques a los planes de estudio y las carreras. 


Reducir el “costo laboral” y eliminar los controles


Los rectores y decanos de distintas facultades y de todos los colores políticos han salido a defender esta resolución, aludiendo que "no modifica en nada" los alcances laborales de un título. Pero ocultan que, al perder la exclusividad, los graduados competirán ahora en el mercado laboral con otros profesionales (o no tanto), que podrán surgir de carreras más cortas (cuya oferta abunda en las universidades privadas), de titulaciones intermedias o de otras carreras con mayor o menor ligazón con la actividad. Esto, lógicamente, desvaloriza de conjunto la fuerza de trabajo, ya que abre la posibilidad de contratación a trabajadores con menor calificación.


Al mismo tiempo, una constante de la resolución es el recorte en las incumbencias de supervisación, arbitraje, peritaje, tasaciones y valuaciones. De esta manera, se habilita que tareas tan delicadas ya no se encuentren en manos de profesionales matriculados. En la industria de la alimentación, por ejemplo, las empresas podrían prescindir de tener un Ingeniero en Alimentos en la supervisión y establecimiento de normas en las distintas etapas de producción.


Esta política es muy similar a la que se encuentra detrás de los despidos en el INTI: abaratar los costos de supervisión y de control de productos, un reclamo del conjunto de la burguesía. En aquel caso, con el pasaje de esos controles a manos privadas. En este otro, con el quite de exclusividad a los especialistas en la materia y la apertura a contratar mano de obra sin calificación. 


El impacto de la resolución en las carreras


El recorte de las incumbencias específicas impactará fuertemente en las carreras, profundizando, de múltiples formas, el vaciamiento y la privatización de la universidad.


Por un lado, al ser las incumbencias parte esencial en la elaboración de los planes de estudio, está a la vista que el gobierno y las autoridades jugarán en función de recortar los contenidos, tendiendo a imponer carreras de grado cortas, con contenidos generales. La contracara de esa política es el reforzamiento de los posgrados pagos, que sirvan para completar la formación en los aspectos específicos.


Por otro lado, buscarán reforzar la creación de carreras cortas (tecnicaturas, por ejemplo), que funcionen en los hechos como una capacitación para actividades específicas.


Por último, en sintonía con el “Sistema de Reconocimiento Académico”, que divide las carreras en “Trayectos Formativos” medidos en horas de cursada, el gobierno y los rectores podrían impulsar titulaciones intermedias habilitantes para realizar tareas que han sido removidas de las incumbencias exclusivas, lo cual, una vez más, sería un intento de rebajar el costo de la fuerza de trabajo.


Organicemos la lucha contra la resolución


La resolución de degradación de los títulos requiere una decidida respuesta del movimiento estudiantil, de los docentes y del conjunto de los profesionales. Debemos poner en pie un plan de lucha en todo el país, empalmando con las movilizaciones que viene desarrollando la docencia universitaria por su salario.


Este miércoles tenemos que ir todos a la Marcha Federal Educativa a colocar este reclamo. Llamamos a las Federaciones y los Centros de Estudiantes a convocar asambleas e instancias de organización en cada lugar de estudio para discutir cómo enfrentamos este ataque.


Al mismo tiempo, preparemos una gran movilización en junio hacia la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES), donde los rectores de América Latina planean reunirse para darle un aval a esta política de desguace y privatización de la universidad pública.


¡Derogación de la resolución de Finocchiaro y los rectores! ¡No a la devaluación de nuestros títulos!


¡Abajo la Reforma Laboral y Educativa!


¡Abajo el pacto Macri-FMI!

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