Se realizó la audiencia pública en la legislatura de Córdoba en el marco de la campaña contra las imputaciones a les estudiantes luego de la rebelión  universitaria. Impulsada por les imputades y la asamblea interfacultades, contó con la presencia de los legisladores provinciales y diputados nacionales del Frente de Izquierda, la mesa de trabajo por los derechos humanos de Córdoba, autoridades de la Facultad de Filosofía y Artes, representantes del movimiento obrero como el SUTNA, Molinos Minetti , Luz y Fuerza, entre otros.

Las intervenciones reforzaron la crítica a una causa  trucha de cabo a rabo. La misma desconoce que luego de la toma del rectorado les estudiantes levantaron la ocupación con la garantía de una mesa de diálogo y trabajo, reconocida públicamente por las autoridades de la UNC a través de un acta. Son ellos mismos, Juri  y Yanzi Ferreeyra, desconociendo todo el proceso los que ahora pretenden judicializar, amedrentar, renegando de sus propios actos. Las maniobras infames de estos funcionarios responden al miedo  de que el levantamiento en defensa de la educación pública se vuelva a replicar en un marco de ajuste dictado por el FMI que tiene en la mira a las universidades, como se verifica en el presupuesto 2019.

Este mamarracho sólo pudo ver la luz gracias al aval de dos magistrados que para la tribuna posan de garantistas, pero en los hechos trabajan para el poder de turno y sus intereses, en este caso las camarillas privatistas universitarias. La causa judicial, que viola por lo dicho la autonomía universitaria, carece de sustento jurídico ya que no habla de cuáles fueron los ilícitos (porque no los hay), y en su remplazo hay un sinfín de  vaguedades y recortes de artículos de diarios que durante el estudiantazo hicieron gala de desinformación, reivindicaron el patoterismo y la criminalización.

Eduardo Salas, legislador provincial del Frente de Izquierda, al tomar la palabra planteó: “El objetivo de esta imputación, es amedrentar la lucha popular en un momento en que el país está siendo entregado sin cortapisa. El presupuesto educativo ha caído del 7.7%  al  5.5%  del gasto mientras que el pago a los gastos de la deuda sube al 18%, es decir quieren condenar a estudiantes que salieron a defender la educación pública para garantizar el pago a la usura.”

Por su parte Jorge Navarro, abogado defensor en la causa y dirigente PO,  desarrolló: “Quieren atacar al movimiento estudiantil, descabezar a  los luchadores. Separarlo de la masa de estudiantes,  de la masa de docentes y la masa del pueblo que los apoya, no lo van a conseguir bajo ningún punto de vista. Lo único que van a lograr es que la juventud que se ha levantado, se una al movimiento obrero y al poderoso movimiento de las mujeres, es decir,  van a conseguir su derrota.”

Emiliano Pereira miembro de la UJS imputado en la causa, luego de la audiencia expreso: “Denunciamos los intentos de criminalización que no van a pasar, porque la causa no tiene sustento. Se trata de amedrentar las luchas futuras que el movimiento estudiantil y la asamblea universitaria se está preparando para desarrollar en el marco del ajuste y el ahogo presupuestario que sufrimos con el pacto del FMI y el presupuesto con media sanción en el Congreso.”

La audiencia culminó confluyendo en la puerta de la legislatura con una concentración contra la presencia de gendarmería en Córdoba. La representatividad y las concusiones políticas de la actividad volvieron a demostrar el apoyo popular a la lucha estudiantil que se plantó en defensa de la educación pública contra Macri, Schiaretti y el FMI. La próxima parada será una audiencia pública en el Congreso de la Nación  impulsada por Romina del Plá y el FIT, que expresará nacionalmente la lucha contra la criminalización de la protesta de todes les luchadores.