La historia reciente de la Argentina está signada por fuertes crisis económicas, con su correlato social explosivo. Siempre sobre las sucesivas crisis que atravesamos, que constituyen distintos estadios de la crisis capitalista mundial, afiló sus garras el FMI. Desde su primer advenimiento en el año 1956, hasta la actualidad, todos y cada uno de los gobiernos se han endeudado (algunos más, otros menos) con el organismo financiero y/o le han pagado religiosamente los préstamos usureros.

Pese a que el devenir del FMI y su impacto en el país es conocido, el gobierno de los Fernández y el conjunto de los representantes de la clase capitalista Argentina se preparan para cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo. El mismo tiene como eje central reformas estructurales: impositiva, laboral, previsional, y un fuerte ajuste fiscal donde la educación pública es un blanco de ataque de primer orden.

El FMI y la educación pública

Los distintos gobiernos que se han alternado en la historia reciente (democráticos o de facto) tuvieron como política de Estado el ataque a la educación pública. Los episodios de mayor ajuste y confrontación entre el Estado y el movimiento educativo se libraron, y no por casualidad, bajo las políticas de ajuste del FMI sobre nuestro país de la mano de los distintos gobiernos. La creación del FMI (1945), posterior a la crisis de 1929 que derivó en la Segunda Guerra Mundial, está íntimamente ligado a la agudización de la crisis capitalista mundial. El Fondo es, en última instancia, un gendarme de los intereses de la clase capitalista y, particularmente, de su sector más parasitario, el financiero. Es producto de la fase de decadencia histórica del capitalismo, el imperialismo.

De la mano de su coequiper (el Banco Mundial), el FMI impulsó en el país la reforma antieducativa que marcó un antes y un después en la estructura educativa nacional y que fue rescatada y continuada por los distintos gobiernos posteriores. Hablamos de la Ley Federal de Educación (Ley 24.195) sancionada bajo el menemato en el año 1993. Este engendro significó un profundo golpe a la educación pública y el intento de liquidar de manera formal el sistema educativo nacional, ya que provincializó la educación secundaria, e intentó municipalizarla. “La cartera educativa del gobierno nacional quedó convertida en lo que desde entonces se llama ministerio ‘sin escuelas’, que se mantiene hasta la actualidad (…)” (Rieznik 2015). Esta reforma plasmaba de manera temeraria los planes fondomonetaristas de cara a la educación pública: ajuste fiscal, que las cuentas del Estado nacional vayan para el pago de la deuda usuraria y no para la educación pública. Pero esto no es todo. Las reformas del Banco Mundial-FMI tenían otros elementos en su génesis: para los capitalistas, desde hacía algunas décadas, había una “sobredemanda” de estudiantes universitarios, es decir, de profesionales. Planteaban que las universidades estaban colmadas, con una gran afluencia de estudiantes proletarios, y que este abarrotamiento generaba rebeliones. Las naciones unidas y la Unesco sacaron estas conclusiones luego del Mayo Francés, iniciado en la Universidad de Nanterre ubicada en los suburbios de París.

El plan entonces, bajo la década “neoliberal” era simple: terminar definitivamente con la sobredemanda de estudiantes y profesionales, por un lado, y por el otro avanzar en un copamiento capitalista-empresarial sobre las universidades tomando como eje las “necesidades del mercado”. Un mercado que privatizaba todo a su alrededor, despedía a los trabajadores y precarizaba a la juventud. Así nació, en el año 1995, la Ley de Educación Superior (LES), que produjo otro golpe profundo sobre el sistema educativo, y que logró imponerse derrotando la rebelión universitaria.

Bajo el gobierno de la Alianza, que también estuvo ligado al FMI, el presupuesto educativo fue de ajuste. Un informe presentado por el centro de estudiantes de la Universidad de la Patagonia Austral daba cuenta de ello: “Al mes de diciembre de 1999 el Estado nacional le adeudaba al sistema en su conjunto la suma de 80 millones de pesos, deuda que se ve incrementada mes a mes, ya que en los montos girado mensualmente se producen recortes que inciden obviamente en la situación universitaria”,  y proseguía “a consecuencia del último recorte, que reduce el presupuesto universitario en 40 millones de pesos, las autoridades universitarias reunidas en el Consejo de Rectores decidieron hacer lugar a la propuesta del ministro de Educación de que las universidades públicas destinen parte de su presupuesto para un ‘fondo solidario’, manera sutil de realizar un mayor ajuste, mientras no se recorta ningún centavo de los subsidios que el Estado otorga a la educación privada” (Prensa Obrera, 24/8). El 20 de marzo de 2001, luego de anunciar un ajuste brutal sobre la educación pública, lo que provocó una gigantesca respuesta del movimiento estudiantil, renunciaba López Murphy, profundizando la crisis del gobierno de De la Rúa.

La llegada de Néstor Kirchner al gobierno nacional significó un cambio de estrategia de la burguesía argentina en función de cerrar el ciclo de movilización abierto por el Argentinazo y reconstruir el Estado nacional, es decir, rescatarse a ellos mismos. Esta estrategia significó un gobierno de discurso popular, que con viento de cola (suba de los precios de soja, proliferación de dólares hacia los países emergentes) en el año 2009 le pagó, al contado, U$S 9.500 millones (un desangre nacional) y desde allí instaló el relato de la “expulsión del FMI” del país. Fue un relato, porque al Fondo se le pagó absolutamente todo.

La educación tuvo un contenido ligado a las necesidades del mercado. Su pilar fue la precarización docente, salarios a la baja en el conjunto de la docencia, y una masa gigantesca de ad-honoren que permitían el funcionamiento de la UBA. A su turno, la asfixia presupuestaria fue una constante, lo que derivó en profundas crisis de infraestructura. En la universidad la crisis edilicia se combinó con el copamiento capitalista de las universidades de la mano de los recursos propios de las camarillas universitarias. Esta situación puso en la calle una potente movilización estudiantil liderada por la Fuba (Federación Universitaria de Buenos Aires) piquetera (recuperada al calor del argentinazo) abriendo una crisis política de fondo la UBA.

Otro hito fue La ley de educación Nacional (LEN) sancionada en 2009. La misma significó el rescate y continuidad respecto de la ley Federal. En el año 2010 explotaba en CABA, y se extendía a la provincia de Buenos Aires, un enorme estudiantazo encabezado por el movimiento secundario. Poniendo al desnudo la estafa de la LEN.

Por su parte, el gobierno de Macri (2015-2019) atacó desde el día 1 a la educación pública. Enfrentó en varias oportunidades enormes movilizaciones educativas. La más grande en 2018, que constituyó una verdadera rebelión universitaria, con decenas de casas de estudio tomadas en todo el país, frente al ajuste presupuestario.

El “Gato” quemó sus naves rápidamente y en el 2018 se postró ante el FMI en busca de socorro. El  Fondo le otorgó un préstamo de U$S 56.300 millones, de los cuales unos U$S 44 mil millones se esfumaron en la timba financiera.

Los 4 años de macrismo y la asesoría del FMI dieron como resultado una disminución del orden del 35% en el presupuesto educativo, una profunda deserción estudiantil, salarios a la baja. Con el libreto del FMI el macrismo puso en pie la “secundaria del futuro” para que los y las pibas vayan a laburar al McDonalds. Se aprobó el proyecto de la Unicaba para avanzar con la desaparición de los 29 terciarios de CABA. Impulsó, junto a los rectores nacionales, el sistema de reconocimiento académico, una suerte de Coneau 2.0 que equipara la universidad pública con la privada, beneficiando a la última y, por otro lado, apunta a desguazar las carreras, quitando contenido de grado y arancelándolo. Las carreras “low cost”.

Finalmente, los Fernández durante el 2019 agitaron la consigna “no al FMI”. Sin embargo, 11 meses después de asumir el mando del país se encuentran de rodillas, “pidiéndole la escupidera” al Fondo.

Los planes de los Fernández y el FMI hoy

Todavía no se firmó el acuerdo con el Fondo, pero la hoja de ruta es clara: durante todo este año no hubo presupuesto educativo, sino una extensión del presupuesto ajustador del 2019, y luego un incremento parcial muy por debajo de la inflación acumulada. El plan de continuidad pedagógico del gobierno no estuvo a la altura de las circunstancias, dejando a miles de estudiantes sin acceso a la cursada, y superexplotando a la docencia, para colmo con salarios de miseria, y una oferta paritaria de un irrisorio 7% de “aumento”.

El presupuesto del 2021 (diseñado por el FMI), presentado por el gobierno nacional y respaldado por la derecha, es de un fuerte ajuste fiscal sobre el gasto social. En materia educativa el ajuste es de un 12% según las propias proyecciones oficiales, por lo que en la realidad será aún peor.

Sin trabajo, o con trabajo precarizado, con becas insuficiente y sin las herramientas apropiadas (como tecnología frente a la pandemia) no hay estudiante que aguante dentro de las casas de estudio. Este año el ajuste dejó un saldo récord de deserción estudiantil.

Desde el punto de vista académico, la incidencia del Fondo plantea el desarrollo de una privatización de las universidades para recortar su contenido público. Al mismo tiempo aparece la tentativa permanente de poner la educación pública al servicio del mercado, léase: achatar contenido en los programas de estudio para descalificar el proceso de formación de la mano de obra y así bajarle el costo. Materias cortas con títulos devaluados significan salarios bajos para los futuros profesionales. Rechazamos este programa, le oponemos la lucha por colocar la educación pública y su producción al servicio de los intereses generales de la población trabajadora.

La crisis de infraestructura recobrará importancia cuando el año que viene, tarde o temprano, se retome, al menos de forma parcial, la presencialidad. No solo estarán los problemas de siempre, sino que se le sumará la pelea por protocolos de higiene, que solo podrán ser eficientes si los imponen las comunidades educativas.

Impulsemos el rechazo al acuerdo con el Fondo en cada lugar de estudio

Está planteado un escenario de confrontación directa entre el Estado capitalista y la educación pública. El movimiento estudiantil, junto a la docencia combativa, deben ser la punta de lanza en defensa de la educación. Para ello se impone impulsar una campaña nacional contra el acuerdo con el FMI, y por una paritaria docente que contemple el cuadro inflacionario y el conjunto de sus derechos laborales contra los intentos de avanzar sobre el estatuto docente.

Tempranamente la UJS, con los centros de estudiantes que dirigimos a la cabeza, junto a AGD y la docencia combativa pusimos en pie una tribuna, frente al Congreso, denunciando al presupuesto fondomonetarista. Hay que profundizar esta campaña. Que todos los centros se pronuncien, reuniones abiertas, asambleas y todas las herramientas que tenemos a mano, para desarrollar una fuerte deliberación en el movimiento estudiantil.

Las corrientes ligadas al gobierno, como La Cámpora, son agentes directos del ajuste. En la disyuntiva “Educación o FMI”, han optado por el Fondo. Entre “vivienda popular o especulación inmobiliaria” eligieron la última, y justificaron la represión de Berni sobre las familias de Guernica. Enfrentar el ajuste fondomonetarista significa, también, pelear por centros de estudiantes independientes al Estado.

La consigna “Ningún acuerdo con el FMI” debe hacerse carne en las casas de estudio de todo el país.

https://prensaobrera.com/politicas/por-un-paro-nacional-y-plan-de-lucha/