El martes 6 de abril el rector Oscar Shuberoff  “prometió revisar excesos en los aranceles” cobrados en la Universidad de Buenos Aires (Clarín, 7/4).  El rector de la UCR mostó así la impronta menemista que marca la política universitaria del radicalismo, al admitir  que ha eliminado la gratuidad de la educación superior.  Ahora,  para recursar una materia habrá que pagar 8 pesos, 30 la tercera vez y 50 de ahí en más. Valores similares rigen para gestionar libretas universitarias, certificados de alumno regular, diplomas, etc.

Política reaccionaria

Los aranceles son, sin embargo, sólo una de las disposiciones adoptadas recientemente por el Consejo Superior y los decanos de la UBA. La más notoria ha sido la aplicación del decreto 1215 que Menem sancionara el año pasado en favor de su amigo, el decano de Medicina Luis Ferreira,  que  faculta al Hospital de Clínicas arancelizar sus servicios y  otorgar “premios selectivos y no permanentes” a su personal. Ahora, la UBA ha decidido aplicarlo a todas sus unidades académicas otorgando “estímulos”  e “incentivos” a docentes y no docentes. Se trata de una miseria, en promedio 34 pesos por mes, a pagar sólo este año y como adicional no bonificable ni remunerativo. Gustavo López, secretario general de la UBA, reconoció incluso que estos ahorros corresponden a puestos docentes no cubiertos, es decir, una  “economia” lograda sobre la base del propio “autoajuste” impuesto por los decanos radicales: despidos en Psicología en 1992 y 1993, recorte de cargos a los docentes del CBC el año pasado, racionalización en otras facultades. Junto con los “estímulos e incentivos” , el Concejo Superior de la UBA aprobó además la resolución 2318, que limita las dedicaciones que puede tener un docente y por vía indirecta estableció así un “techo salarial” de 300 pesos  promedio para la mayoría de los docentes.

Que estamos ante un “paquete” global lo revela la aprobación simultanea de medidas limitacionistas: serán excluídos de la Universidad quienes no aprueben un mínimo de materias (“condiciones de regularidad”) y se impondrán filtros más severos para las cursadas (eliminación de materias de promoción sin exámen para cursos masivos —que ya está en marcha en Ciencias Sociales).

La menemización del radicalismo universitario adoptó una forma precisa cuando Shuberoff inauguró, junto al ministro de educación, —Jorge Rodriguez— y los capitostes de las grandes cámaras patronales, el seminario “Universidad y Empresa en un  Nuevo Escenario Competitivo”, (sic). Este entrelazamiento entre el gran capital y la enseñanza superior tiene manifestaciones mucho más prácticas: Mario Albornoz, secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires es, presidente de UBATEC  SA (sic), una empresa codirigida por la Unión Industrial Argentina, que recaudó más de 2 millones de dólares en el último bienio “funcionando como consultoría y prestadora de servicios”.

Jornada de Lucha

La CONADU y la FUA, orientadas por el radicalismo y la centroizquierda, consideran, sin embargo, a los rectores como sus “aliados naturales”. Para el próximo 22 de abril la CONADU hizo la convocatoria formal a una  “jornada de lucha” que ella misma vació de contenido al levantar la huelga docente. La FUBA acordó sumarse a la misma de palabra pero no ha adoptado ningún curso de acción para enfrentar las medidas reaccionarias del Consejo Superior, que verbalmente ha condenado.  Inclusive el Centro de Estudiantes de Derecho ha denunciado al Consejo Superior de la UBA por “aplicar criterios económicos similares a los de las universidades privadas que cobran aranceles”.  Entonces, ¿cómo lo enfrentamos?

En la Facultad de Ciencias Sociales, la UJS y la lista Unitaria, que integraron en las últimas elecciones el Mst e independientes, reclamaron al Centro la convocatoria de una Asamblea y la organización de una acto masivo el 22. ADUBA (CONADU Buenoss Aires)  convocó ya a una concentración y acto callejero para ese mismo día. Acá tenemos entonces un principio de movilización. Organicemos la presencia masiva el 22, reclamemos un plan de lucha para que se deroguen las medidas limitacionisas y reaccionarias, en defensa de la educación pública y por la satisfacción de los reclamos docentes y no-docentes.

Por la unidad obrero estudiantil: que FUA Y CONADU se pronuncien por la organización de un paro activo nacional de 36 horas y un 1º de Mayo obrero contra el gobierno fondomonetarista y sus cómplices.