Debido a la exponencial expansión del Covid-19 y la necesaria suspensión de las clases en las casas de altos estudios, los docentes universitarios hemos sido instados a realizar distintos trabajos a distancia como por ejemplo la preparación y el dictado de clases. Los argumentos esgrimidos por las autoridades universitarias se centran en “garantizar la continuidad pedagógica” y en “sostener el vínculo con los estudiantes”. A simple vista parecería algo razonable y hasta loable. Sin embargo, detrás de estas recientes instrucciones generales se oculta un conjunto de profundas contradicciones:

En primer lugar, el inicio del ciclo lectivo 2020 mostró (al igual que en años anteriores) que en muchas universidades nacionales las condiciones de estudio y trabajo son decididamente pésimas: aulas donde los estudiantes no tienen siquiera un espacio para sentarse durante las clases; comisiones con más de 300 estudiantes y un solo docente a cargo de teóricos y prácticos; las computadoras y proyectores son recursos prácticamente inexistentes en las aulas, y pabellones enteros sin el más elemental mantenimiento edilicio. Sin dudas, todo esto (y más) atenta contra la permanencia y la continuidad de decenas de miles de estudiantes, contra la calidad del trabajo docente y contra la declamada “excelencia académica”. Esto se contradice profundamente con la súbita preocupación que en apariencia muestran por estos días las autoridades universitarias y ministeriales por “garantizar la continuidad pedagógica”. 

En segundo lugar, a los docentes nos asignan nuevas formas de trabajo que significan en los hechos alteraciones profundas y unilaterales sobre las actuales condiciones laborales. Es decir, que el gobierno y las patronales universitarias aprovechan esta crisis para, de modo subrepticio, buscar imponer una mayor precarización laboral en las casas de altos estudios, vulnerando nuestro Convenio Colectivo de Trabajo.

En tercer lugar, todo el equipamiento para realizar este trabajo a distancia (computadoras, servicio de internet y otros recursos) debe ser costeado en su totalidad por cada docente. Sí, con nuestros salarios. Salarios totalmente depreciados en los últimos años, y donde en horas recientes el gobierno nacional, los rectores del CIN y los sindicatos burocráticos (Conadu, Fedun, Fagdut, Ctera y UDA) firmaron un acuerdo salarial decididamente infame que incumple la cláusula gatillo conquistada en la paritaria del 2019.

En cuarto lugar, un amplio segmento de estudiantes no cuenta en sus hogares con conectividad a internet ni con los dispositivos tecnológicos adecuados e indispensables para desarrollar este tipo de actividades académicas de carácter no presencial. Esta lógica no hace más que reproducir las desigualdades existentes sobre el acceso al conocimiento y, al mismo tiempo, amplificar la “brecha académica”. 

En quinto lugar, hay asignaturas que por sus propias características requieren necesariamente de un carácter presencial, del trabajo de campo en instituciones externas a las universidades (instituciones educativas, centros de salud y de innovación tecnológica, etc.) donde el acompañamiento y la supervisión docente son decididamente indispensables.

Por todas estas razones, sin lugar a duda docentes y estudiantes nos debemos en el corto y mediano plazo un profundo debate en torno a las actuales y futuras condiciones de trabajo y estudio en las 57 universidades nacionales. En medio de esta crisis que afecta a nuestro país (y buena parte del mundo) no podemos menos que cuestionar esta lógica impuesta desde arriba del “como sí”. En esta línea de acción debemos poner en marcha un plan de lucha por la triplicación del presupuesto universitario, por el afectivo cumplimiento del Convenio Colectivo docente, por el mejoramiento integral de las condiciones de trabajo y estudio y por un masivo rechazo al incumplimiento de la cláusula gatillo, contra la reducción salarial en curso y todo ajuste en materia educativa.