En el contexto de la pandemia por Covid-19, el día 3 de abril el Rectorado de la Universidad de Buenos Aires emitió una resolución “ad referéndum”, informando el corrimiento del calendario académico.

Tras dos semanas sin respuesta a los múltiples interrogantes de estudiantes y trabajadores de la UBA frente al anuncio presidencial, el rector Alberto Barbieri dispuso la organización de un nuevo ciclo lectivo que quedaría comprendido entre el 1 de junio y el 12 de marzo de 2021. La misma resolución, sin embargo, dejaba las puertas abiertas a que a cada una de las facultades continuara con “las actividades no presenciales de cursos y carreras aprobadas para ser dictadas a distancia” hasta tanto se retomaran las clases en la universidad.

De esta manera el Rectorado decretó un “sálvese quien pueda” que, como era de esperarse, puso de manifiesto la crisis en la cual se encuentra sumergida la universidad, el ahogo presupuestario y la precarización a la cual día a día se ven sometidos sus docentes.

Plata para la deuda, no para educación

Previo a que la pandemia por coronavirus alcanzara a nuestro país, Alberto Fernández ya daba muestras claras de que la educación no se encuentra entre sus prioridades. Con una política económica digitada por los pagos de vencimiento de deuda al FMI y los bonistas, desde el ejecutivo se postergó el tratamiento del presupuesto nacional para 2020, y de la misma manera quedó relegada la discusión en torno al presupuesto universitario. Tal es así que mientras el gobierno pagó los vencimientos de los bonos de manera religiosa hasta el 31 de marzo, paralelamente la UBA se encuentra funcionando con el presupuesto del año pasado -que se desvalorizó un 55% por efecto de la inflación.

Sumado a lo anterior, en el marco de un ataque en regla hacia la Universidad, el gobierno nacional desenvuelve un brutal ajuste hacia la docencia universitaria. Luego de negarle a los docentes preuniversitarios y universitarios el cobro de los bonos otorgados a los trabajadores estatales a principio de año y con el acuerdo de las burocracias de Conadu (Feduba), Fedun (Aduba), Ctera, Uda y Fagdut, el gobierno desconoció la cláusula gatillo de 2019 (que debía aplicarse automáticamente sobre la base de la inflación registrada de octubre a febrero de este año), imponiendo una fuerte rebaja salarial.

Además, sumado a la oferta paritaria de miseria planteada por el Ministerio de Educación para 2020, nuevamente pretende dejarse de lado un reclamo histórico que se encuentra vigente y toma cada vez más fuerza entre los trabajadores universitarios: el pago de salarios, obra social y ART para los más de 10.000 docentes ad-honorem que sostienen la Universidad.

La superexplotación como respuesta a la crisis

Hoy en día, ante la suspensión de clases cada vez son más las facultades que con el visto bueno del Rectorado de la UBA, implementan variantes “a distancia”. De esta forma, se coloca la responsabilidad de que las cursadas virtuales se desenvuelvan de manera adecuada sobre la espalda de los docentes. Bajo el pretexto de que “estamos en guerra”, las autoridades universitarias, en la misma línea del gobierno nacional, colocan a los docentes –y particularmente a los “ad-honorem” que trabajan de forma gratuita- al frente de la batalla por sostener la continuidad del ciclo lectivo.

El ahogo presupuestario que sufre la universidad y las carencias que ésta tiene para enfrentar la pandemia hoy se ponen de manifiesto con la ausencia de plataformas virtuales que permitan desenvolver los contenidos de las materias, páginas web que colapsan casi constantemente, y la incapacidad de garantizar a docentes y estudiantes las condiciones básicas para poder acceder a este tipo de instancias. Así, las limitaciones técnicas no vienen a hacer más que agudizar la precarización laboral preexistente y permitir el avance sobre los derechos de los docentes, que no solo deben tomar nuevas tareas sino que en muchos casos se ven obligados a aumentar su jornada de trabajo para poder desenvolver el proceso de enseñanza.

En la UBA, el peso de la continuidad del ciclo lectivo recae en gran medida sobre las espaldas de los docentes ad-honorem que constituyen la columna vertebral de la educación universitaria. Son miles quienes día a día sostienen las cursadas en la Universidad sin si quiera ser reconocidos como trabajadores ni percibir un salario por su tarea, el pago de viáticos, aportes jubilatorios o tener ART u obra social. Además, al igual que ocurre con el resto del plantel que sí percibe una renta, para los docentes ad honorem no se aplica el Convenio Colectivo de Trabajo, desconociéndose los derechos laborales de gran parte de los trabajadores universitarios.

En el marco del aislamiento, los docentes no solo estamos obligados a desarrollar las cursadas en una nueva modalidad haciendo uso de nuestros propios recursos económicos y materiales, sino que nuestras clases hasta se ven “intervenidas” por las direcciones de las unidades académicas alineadas con las gestiones de las distintas facultades con el fin de ejercer un control sobre los contenidos que se brindan a los estudiantes. Tal es el caso, por ejemplo, de la carrera de Nutrición. Además, no se toma en cuenta que gran parte del plantel docente, tanto rentado como ad honorem, se ve afectado en mayor o menor medida como personal esencial frente a la pandemia, como es el caso de Médicos, Kinesiólogos, Bioquímicos, etc. Para ellos, muchos de los cuales se encuentran hace 10 años (o más) trabajando de manera gratuita en la UBA, las tareas por fuera de la Universidad de por sí han aumentado drásticamente, con lo cual la enorme carga horaria docente llega hasta a triplicar su trabajo habitual.

Así, las autoridades universitarias recurren a la superexplotación y el trabajo gratuito como salida a la crisis que plantean la propagación del coronavirus y la cuarentena.

Los reclamos de los docentes ad-honorem

Hoy en día queda claro que las intenciones del gobierno nacional siguen las del sistema capitalista mundial, que históricamente ha degradado las condiciones materiales de los trabajadores. El trabajo gratuito por parte de los docentes ad-honorem es, probablemente, la máxima expresión en el ámbito de la educación y, al igual que la crisis capitalista mundial, viene a profundizarse en el marco de la pandemia.

Con la enorme rebelión educativa de hace dos años, los docentes junto a la AGD UBA y la Conadu Histórica le arrancamos al gobierno nacional y al cogobierno universitario casi 900 rentas nuevas para docentes ad-honorem, cuya distribución se hizo efectiva tras el acuerdo paritario del año pasado.

Así como con los profesionales de la salud, que el reconocimiento a la tarea que los docentes universitarios desenvuelven frente al avance del coronavirus, no quede en un aplauso. Ante la virtualización forzosa y la superexplotación sigamos organizándonos junto a la AGD UBA, independiente de todos los gobiernos y autoridades universitarias, y a la cabeza de la lucha por cada una de sus reivindicaciones: más que nunca exigimos licencias para docentes que trabajan en tareas “esenciales”, aplicación inmediata del Convenio Colectivo de Trabajo, y obra social, ART y salario para todos los docentes ad honorem.

Basta de trabajo gratuito. ¡Plata para la educación, no para la deuda!