El 11 de junio, Macri y su ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, inaugurarán en la ciudad de Córdoba la Conferencia Regional de la Educación Superior (Cres), que reunirá a rectores de universidades públicas y privadas de toda América Latina y el Caribe.



La Cres tendrá lugar en un cuadro agitado. La resolución 1254/18 del Ministerio de Educación, que se conoció la semana pasada, representa un salto cualitativo en los ataques a la universidad pública. De la noche a la mañana se amputaron brutalmente las actividades reservadas a los títulos de 37 carreras -entre ellas, Ingeniería Civil, Arquitectura, Psicología, Agronomía, Farmacia y Biología. Los colegios profesionales pusieron el grito en el cielo, pese a lo cual el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) salió a respaldar al gobierno y se declaró co-autor de la nueva normativa. En nombre de fomentar “carreras cortas y flexibles”, la medida golpea a las históricas disciplinas y su desempeño profesional. No es casualidad que el único rector que rechazó la resolución haya sido el de la UTN, bajo la enorme presión de los ingenieros de todo el país. Es un dato fuerte para un gobierno presidido por un “colega” que ‘chamuyaba’ con jerarquizar esta carrera por encima de otras “menos útiles” (sic).



El recorte de actividades reservadas tiene un sentido claro: permitir la proliferación de carreras low cost, ultra-especializadas y dictadas en general por instituciones privadas, que en tres años habiliten a hacer algunas de las tareas por las que hasta ahora se debía cursar una carrera integral de cinco. De esta forma, se desregula el mercado profesional, dando lugar a trabajadores menos calificados que depriman el costo laboral. Con la excepción de la UTN, el aval de los rectores fue total -va desde el decano Jorge Biglieri, de Franja Morada de Psicología de la UBA, a la ultra-cristinista Sandra Torlucci, de la Universidad de las Artes- y se explica por el negocio privatista que abre la 1254. Además de servir para bajar salarios, los pseudo-profesionales low cost estarán forzados a pagar por nuevas especializaciones y pos-títulos ante los requerimientos cambiantes del mercado. Es el sueño de los “CEO-rectores”, quienes desde siempre quisieron recortar las carreras para alimentar los posgrados arancelados, la caja privada de la camarilla que parasita la universidad.

La educación (y el trabajo) made in FMI



La resolución 1254 se inspira, además, en un rediseño más profundo del sistema universitario inscripto en el Plan Maestro que Macri y Finocchiaro defenderán en la Cres ante los rectores de todo el continente. Las carreras “chatarra” (cortas y al servicio del mercado) son la esencia del nuevo “Sistema de Reconocimiento Académico” (SRA), que pretende completar el trabajo pendiente de la LES y la Coneau, aplicadas sin solución de continuidad durante las dos últimas décadas, la de los ’90 y la “ganada”. A través de la conversión de las materias por “créditos”, que plantea el SRA, se busca crear “trayectos equivalentes” que igualen a la universidad pública con la privada, con la excusa de permitir la libre movilidad de los estudiantes entre ellas. Esta convergencia está en la base de las exigencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el FMI para la educación. Y es en lo que se comprometieron a avanzar 600 rectores reunidos la semana pasada en Salamanca por el Portal Universia, del Banco Santander. El encuentro entre el Rey de España, el secretario general de la OCDE y la presidenta del Santander estuvo presidido nada más y nada menos que por Alberto Barbieri, el rector de la UBA, que propuso a Buenos Aires como sede para el próximo cónclave universitario-financiero en 2023.



La ‘convergencia público-privada’ universitaria es el primer paso para un achique a fondo del presupuesto, en línea con la reducción del “gasto” fiscal reclamada primero por Macri, hoy por el FMI. El “Plan Maestro” se remata con el cierre de los profesorados y la sustitución del quinto año de la secundaria por trabajo (gratuito) en empresas. “Secundaria del Futuro”, “UniCaba”, “resolución 1254” y “Sistema de Reconocimiento Académico” son todas formas de descalificación de la formación, es decir, de ejecutar en el terreno educativo la reforma laboral, la otra exigencia que apuntaló la titular del FMI, ‘madame’ Lagarde. El cuento de la “preparación para el mundo del trabajo” es el intento de degradar la educación para ponerla a tono con la destrucción de los convenios colectivos y las nuevas pasantías basura que el gobierno quiere imponerle a la juventud con el aval de la burocracia sindical. Todas las variantes del capital son tributarias de esta política, como lo prueba el hecho de que la Cres estará co-dirigida por Hugo Juri, el rector radical de Córdoba, y su antecesor, el kirchnerista Francisco Tamarit.

Todos a Córdoba



El pacto contra la universidad y la educación pública que Macri y los rectores consumarán en la Cres deja por entero la defensa de nuestra formación en manos de estudiantes y docentes. La UJS-Partido Obrero, en la presidencia de la Fuba y de la Funa, convoca a todos los centros de estudiantes, federaciones y coordinadoras a pronunciarse y organizarse para viajar a Córdoba el 11 de junio, junto a los docentes de la Conadu Histórica. Vamos a la Cres a derrotar el techo salarial, por la derogación de la 1254 y contra todos los ataques a la universidad y la educación pública. La lucha es ahora.