Distintos medios dieron cuenta este fin de semana de una iniciativa del gobierno para realizar una auditoría a las universidades, a través de la Sindicatura General de la Nación.

Basándose en el desconocimiento del destino de esos fondos, y en casos de corrupción protagonizados por autoridades educativas, el gobierno intenta avasallar la autonomía universitaria para encontrar más excusas para un mayor ajuste.

Ello cuando el presupuesto 2019 para Universidad y Ciencia y Técnica ya prevé un ajuste antes de que empiece el año, dado que los aumentos nominales previstos (39% para Universidad y 27% para Ciencia y Técnica) no compensan la reducción presupuestaria y las subejecuciones del año pasado y la inflación prevista para este –y todavía queda por verse la inflación real.

La iniciativa del gobierno se enmarca en toda una política de “controles” para allanar el ajuste, las redistribuciones arbitrarias y una mayor privatización de la educación, como se ve con el Operativo Aprender, los censos y controles sobre los terciarios que acompañan la creación de la Unicaba y el cierre de las escuelas nocturnas en función de la matrícula.

Rectores: ¿defensa de la autonomía universitaria o de su propia autonomía?

Sin embargo, el rechazo a esta medida no implica  como estudiantes una confianza o un apoyo a las autoridades universitarias. Sabemos bien que los presupuestos universitarios son cajas negras, que en muchos casos sirven para el financiamiento de camarillas ajenas a los intereses verdaderos de lxs estudiantes y trabajadores de la Universidad. El presupuesto bajado desde el Estado no es el único dinero que manejan las universidades, dado que también hay “recursos propios”, que surgen de los convenios de estas camarillas con distintas empresas y ministerios del estado. En el 2013, un informe de la Auditoría General de la Nación mostraba que en la facultad de Ciencias Económicas se hacían 600 millones de pesos por año sólo en calidad de recursos propios; ello cuando en esa misma facultad el 80% de lxs docentes son ad honorem (no perciben salario por el trabajo que realizan). No sabemos a dónde va ese dinero, pero tenemos claridad de hacia dónde no va.

Las mismas autoridades que denuncian la violación de esta autonomía universitaria por parte del gobierno son las que no tienen problema en violarla tranquilamente para poner a la Universidad al servicio de las empresas. Su oposición a esta auditoría tiene que ver con la conservación de su propia autonomía como camarilla a la hora de manejar esos fondos, y no con una defensa real de la autonomía universitaria. Cabe aclarar que gran parte de las autoridades universitarias forman parte ellas mismas de partidos que integran la alianza Cambiemos, como la UCR.

¿Qué proponemos?

Habiendo pasado el centenario de la Reforma Universitaria es necesario discutir a dónde van los presupuestos y el dinero manejado por estas camarillas. Sin embargo, al igual que hace 100 años, los cuestionamientos deben partir de la propia comunidad universitaria, los estudiantes y trabajadores de la universidad, y no de aquellos que formando parte del Estado vienen aportando en su desfinanciamiento y que en ambos casos (gobierno y camarillas universitarias) están manchados por distintos casos de corrupción.

En este sentido, planteamos el control directo por parte de estudiantes y trabajadores de los fondos públicos que recibe la universidad, así como un aumento de los mismos acorde a las enormes necesidades pendientes de las universidades. Y junto a ello, la apertura de los libros relativos a los distintos convenios, para saber a dónde va realmente ese dinero.