Universidad

28/10/1993|405

La “Universidad de las Artes”

La propuesta del Ministerio de Educación de crear una Universidad Nacional de las Artes (UNA) viene a completar la tarea de destrucción de la educación artística de nivel medio ya implementada con la transferencia de los establecimientos y la sanción de la ley de educación.


 


Las artísticas hoy


Las movilizaciones de docentes y estudiantes de las escuelas artísticas a lo largo de este año tuvieron dos ejes: la resolución del problema presupuestario y el mantenimiento de la unidad académica. Como aún no fueron transferidas a la Municipalidad, las artísticas no recibieron las partidas presupuestarias este año. Sobrevivieron con los aportes de cooperadoras, que en muchos casos se convirtieron en pagos obligatorios para los alumnos.


La Nación y la Municipalidad aducen que aún están “negociando” la “transferencia”.


Por otro lado, el cese del otorgamiento de títulos de magisterio ha provocado la ruptura de la unidad académica, pues impide habilitar a los egresados para la enseñanza y para continuar sus estudios.


 


Productividad


Para la creación de la UNA se toman como base a ocho establecimientos terciarios y superiores, liquidando a los colegios que quedaron fuera.


La UNA aparece así desarticulada de la enseñanza media. Por medio de una Universidad de las Artes única se pretende facilitar la “privatización”.


En el artículo 2 del proyecto de la UNA se declara, precisamente, que se deberán “promover instancias de participación de los distintos sectores de la comunidad”, a fin de que “el sistema de conducción y administración de la educación superior universitaria artística” responda a “un enfoque multisectorial”. En concreto, esta instancia de participación lleva el nombre de Consejo Social (artículos 11 y 12), cuyas atribuciones van más allá que las del propio rector. Las áreas de intervención activa del CS son las “técnicas financieras”, sea a través del “asesoramiento” o la “gestión”. Asimismo, este Consejo Social se “constituye en vínculo permanente de consulta y participación entre la UNA y la comunidad no académica”.


En otras palabras, por medio de este CS las fundaciones empresariales podrán participar tanto en la elaboración de los planes de estudio como en el manejo financiero.


El artículo relacionado al financiamiento de la UNA deja claro (inc. 5 del artículo 2) que el aporte económico del Estado queda supeditado al logro de “las políticas nacionales” que tienden “al incremento de la productividad”. El ministro Rodríguez, que habla de jerarquizar la enseñanza artística y de lograr la universalidad del arte, limita las perspectivas de la UNA a su rentabilidad mercantil.


Pero como la naturaleza aborrece el vacío, el agujero de fondos que deje el Estado será cubierto (artículo 3) con los fondos “provenientes de la firma de convenios” con “fundaciones y entidades públicas y privadas sin fines de lucro”. También deja abierta la puerta a las posibilidades que le otorgue una futura ley de financiamiento universitario.


Este proyecto de ley no contempla la libertad mínima para la creación, pues su objetivo es “la producción, promoción e identificación con los valores de la cultura nacional”. Es decir que el arte deberá acomodarse al libreto oficial.


La UNA no soluciona los problemas de los establecimientos artísticos. Es necesario derrotar este proyecto y reclamar la inmediata asignación de partidas presupuestarias para los colegios; el aumento salarial a docentes y su titularización en los cargos; y la entrega de títulos y el mantenimiento de la unidad académica.