El presupuesto asignado para la Universidad Nacional del Comahue para el 2018 está un 37% por debajo del requerido para un funcionamiento normal. A su vez, desde febrero no llegan partidas para los gastos corrientes, como el pago de servicios, de becas, para el comedor universitario, etc. Al mismo tiempo, los docentes universitarios, que arrastran una pérdida de 10 puntos de poder adquisitivo del salario, se encuentran en lucha por un aumento del 30%, contra un gobierno que les ofrece un 10,5% (frente a una inflación que se proyecta en un 35%). Además, el gobierno se encuentra subejecutando el presupuesto 2018. De este modo, se profundiza la “emergencia edilicia” en la que se encuentra la Universidad del Comahue en todas sus sedes.

Es claro que el presupuesto 2018 para la universidad pública, votado en el Congreso Nacional, responde al plan de ajuste del gobierno de Macri. Nación adeuda, en materia de partidas presupuestarias, unos 66 millones de pesos. La política de vaciamiento de la educación pública se agrava por el acuerdo con el FMI.

El papel de las autoridades

En este cuadro de ahogo presupuestario, el kirchnerista Gustavo Crisafulli, rector reelecto de la UNCo, declaró en peligro las actividades diarias del segundo cuatrimestre. Pero la situación límite de la Unco es resultado de los pactos entre el gobierno nacional y las propias autoridades. Pues año tras año, las autoridades han aprobado los presupuestos de miseria que emanan del gobierno nacional. Apoyados en la insuficiencia presupuestaria las autoridades impulsan, por un lado, los convenios de la Unco con empresas privadas (monopolios petroleros) que terminan por diseñar los planes de estudio. Por otro lado, los rectores y las autoridades son, ellas mismas, beneficiarios de la política privatizadora de la universidad pública, a través de los posgrados arancelados y las carreras amoldadas al mercado, como se verifica en la firma de todos los rectores al Sistema de Reconocimiento Académico. En la Unco, esta orientación de las autoridades quedó plasmada con la derogación parcial de la ordenanza conquistada por el movimiento estudiantil en 2004, que rechaza la Ley de Educación Superior y la Coneau.

No podemos dejar de lado la tercerización laboral que atraviesan los trabajadores de limpieza en las sedes de Río Negro y Neuquén, producto de los convenios firmados por el mismo Crisafulli.

Las tareas del movimiento estudiantil

Es necesaria la intervención del movimiento estudiantil, no sólo en apoyo a los docentes sino también en defensa de la educación pública en su conjunto. Sin embargo, la actual conducción de la Federación Universitaria -Miles (Unidad Ciudadana), CEPA (PCR) y el FEI-, así como los consejeros de La Mella, fueron cómplices de las autoridades en su ofensiva contra las conquistas estudiantiles: este año, votaron a favor de la derogación parcial de la ordenanza de 2004, que frenó la LES y la Coneau en la Unco, para que se proceda a la acreeditación de las carreras a la Coneau. Hoy, a dos semanas del no inicio del segundo cuatrimestre, estas mismas fuerzas siguen sin organizar la intervención y la lucha del movimiento estudiantil. Han sido funcionales todo el año al gobierno y a las autoridades responsables de la crisis.

Desde la UJS llamamos a responder esta ofensiva con los métodos que levantó el movimiento de mujeres, demostrando la enorme potencialidad de la juventud para defender sus derechos. Es necesario organizar un plan de lucha nacional en conjunto con los docentes y no docentes para derrotar el plan de guerra de Macri, el FMI y los gobernadores.

Es hora de convocar a todos los Centros de Estudiantes a asambleas en todas las facultades y organizar una gran asamblea inter-facultades, para armar nuestro plan de lucha en defensa de la educación pública, por el triunfo de la huelga docente, por la triplicación del presupuesto con financiamiento único estatal, en base al no pago de la deuda externa, y contra la Ley de Educación Superior y la Coneau.

La lucha es ahora, la ganamos en las calles.