En la última sesión del año del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, se dio lugar a la votación de un proyecto sobre la paridad de género en los cargos electivos de todos los ámbitos de gobierno de la UBA. El mismo fue considerado por el conjunto de las decanas y decanos de la Universidad como un hecho histórico y un gran avance en materia de derechos para las mujeres y la igualdad de género. Una verdadera farsa que busca correr el eje de los problemas y necesidades reales de las mujeres y disidencias de la comunidad educativa de la UBA.

Desde la minoría estudiantil, de la mano de nuestro consejero Juan Winograd, planteamos que en esta intención de avanzar en la equidad de género en la UBA están ausentes las verdaderas trabas que tienen las mujeres para desenvolverse en la Universidad, como lo son la ausencia de salas de cuidado infantil gratuitas y con ampliación de cupo, el incumplimiento de las licencias por maternidad, el problema de la deserción académica que es mayor en estudiantes mujeres que en hombres, la precarización laboral de las trabajadoras No Docentes de cada facultad, la exclusión a las disidencias y estudiantes madres del régimen académico, entre otras problemáticas.

Esto se inserta en el marco más general de la violencia de género en el cual el protocolo y las “políticas de género”, impulsados por las autoridades de la UBA, mostraron su fracaso. Lejos de ser una herramienta para erradicar la violencia en las facultades, ha sido una traba, y sobre todo, un engaño para encubrir y mantener a docentes denunciados por violencia, como fue el caso de Cristian Bay en Sociales o Dante Palma en Filosofía y Letras. Un protocolo que presenta muchas limitaciones, ya que se reduce a intervenir en situaciones donde ambas partes sean integrantes de la comunidad académica. Para nada sirvió este protocolo, tampoco, cuando los contenidos que se impartían en facultades como Medicina y Psicología eran escandalosos: como decir que la homosexualidad es una patología o la criminalización a las víctimas de violencia en la materia Psicología Penal.

Ahora bien, muchos podrán argumentar que en la medida de que más mujeres formen parte de los órganos de cogobierno se van a tomar más resoluciones favorables para las mismas, pero, ¿No son las decanas Cristina Arranz (Farmacia y Bioquímica), Carolina Mera (Sociales) y Graciela Morgade (Filosofía y Letras) las responsables de aplicar el ajuste en sus facultades teniendo a un gran porcentaje de las docentes trabajando ad-honorem o a cientos de trabajadoras No Docentes precarizadas cobrando un salario miserable? Incluso, Mera y Morgade fueron las responsables de amparar violentos en sus respectivas casas de estudios. No han movido un pelo para cambiar ninguna de las condiciones materiales de las mujeres en la Universidad sino todo lo contrario, se han colocado de la vereda de enfrente de nuestros intereses.

Este proyecto no es más que un lavado de cara de un régimen de camarillas universitarias que es opresivo para las mujeres y que tiene a las docentes auxiliares y trabajadoras No Docentes precarizadas sin derechos políticos. Con esto intentan correr el eje de las reivindicaciones y los reclamos de las estudiantes en materia de género, los cuales en la Universidad son postergados. El problema no está en que las mujeres accedan a cargos de autoridad para poder conquistar derechos, o si va a ser un hombre o una mujer quien ocupe esa silla en el Consejo Superior, sino cuál va a ser el programa que desplieguen esos consejeros y consejeras. Si este planteo no incluye a las mujeres y disidencias de la comunidad educativa y no viene de la mano un programa integral y de una serie de compromisos con un pliego de cuestiones que consideramos urgentes para erradicar la violencia hacia las mujeres y disidencias de la Universidad, es letra muerta para nosotras. Como se ha demostrado históricamente, solo vamos a conquistar nuestros reclamos organizándonos de manera independiente. Vamos por jardines maternales, aplicación de la ESI en los profesorados, lactarios en todas las facultades, ampliación de las franjas horarias, regímenes especiales de cursada para estudiantes en periodo de gestación, cupo laboral trans, gabinetes interdisciplinarios conformado por profesionales concursados que brinden herramientas jurídicas y psicológicas y por el cumplimiento de las licencias. Fuera el régimen de camarillas y por la democratización de la UBA.