El atentado contra el presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la UBA —Francisco Petrillo— tiene la marca inconfundible de los “servicios”, sus esbirros, sus instrumentos de represión y naturalmente… sus “Ford Falcon”. El dirigente estudiantil fue salvajemente golpeado el último jueves 8 y en el fin de semana siguiente fue amenazado de muerte telefónicamente. La responsabilidad del gobierno es directa e integral y, en este caso concreto, su papel es el de instigador porque viene amparando y organizando la golpiza contra los estudiantes de la Federaciones Universitarias regionales que se movilizaron recientemente,  en las ceremonias oficiales presididas por Menem en el interior del país. Desde el mismo palco el riojano aplaudió el apaleamiento de los universitarios rosarinos el 20 de junio último. Ahora, en Tucumán el viernes 9, el menemista cantautor que ocupa la gobernación armó un “enorme operativo policial y militar” (Clarín, 10/7) para “disuadir” a los eventuales manifestantes.

 

Pero, además, el ataque contra el compañero de Arquitectura forma parte de la campaña de “persecución ideológica” organizada directamente desde el Poder Ejecutivo. La prueba definitiva la acaba de revelar la insospechable gobernación menemista de Santa Fé: “la policía realizaba tareas de inteligencia sobre ideología y actividades de sectores gremiales, políticos y estudiantiles respondiendo a ‘expresas directivas’ del Ministerio del Interior, según reveló ayer una fuente inobjetable del gobierno provincial” (La Capital, 6/7). A confesión de partes, relevo de pruebas. De cualquier manera, lo que la “fuente inobjetable” no aclaró es la propia responsabilidad de Reuteman y Cía. en la ejecución de semejantes procedimientos.

A la luz de esto debe evaluarse la hipócrita orden de Beliz para que la Policía Federal “proteja” al estudiante Petrillo. La cuestión, en realidad, es quién nos proteje de Beliz y el aparato conspirativo de represión que maneja el Estado. No es casualidad que el rebrote represivo responda justamente a las manifestaciones de lucha estudiantil contra la política educativa del gobierno. Al revés, estamos ante un operativo político calculado: Menem ha aprovechado el escenario de los atentados y el “espionaje ideológico” para reforzar su campaña en favor del “arancelamiento” de las Universidades nacionales.

 

La dirección de la FUA y la Conadu han denunciado la campaña contra los universitarios en una conferencia de prensa, acusando al gobierno y reclamando por la “investigación” de lo sucedido. Pero a la luz de las últimas revelaciones esto es insuficiente. Planteamos que con las evidencias acumuladas se impone reclamar la renuncia inmediata del Ministro del Interior, firmante de las directivas represivas, no sólo incompatibles con las libertades democráticas sino también con las normas constitucionales y legales vigentes. Esta violación sistemática de los “deberes del funcionario público” es motivo más que suficiente parea exigir el juicio político al Presidente y el desmantelamiento de todos los organismos secretos de control, vigilancia y persecución de la ciudadanía. Está fresco todavía el ejemplo de los estudiantes brasileños que, siguiendo este camino, ganaron la calle de a miles con la consigna “Fora Collor”. Entonces: que los Centros de Estudiantes y la FUA, las gremiales docentes y la Conadu convoquen a una manifestación popular a Plaza de Mayo en defensa de la libertad, de la educación pública por el juicio y castigo a los represores y sus instigadores.