Esta semana la justicia federal de Córdoba comenzó el procesamiento penal contra once estudiantes que ocuparon durante casi un mes el Pabellón Argentina de la Universidad de Córdoba, sede del rectorado -en el marco de un proceso de tomas que abarcó también a seis facultades. Entre el martes y el miércoles se entregaron los expedientes a cuatro de les estudiantes -quienes se negaron a declarar-; los llamados siguen en los próximos días. 

El jueves tendrá lugar una movilización contra la criminalización de los estudiantes, a las 18 horas en Colón y General Paz.

Se toma como base para las imputaciones una denuncia camuflada de las autoridades: el escrito titulado “Hace Presente”, que presentó el propio vicerrector Pedro Yanzi Ferreyra, a cargo del rectorado en su momento. A les luchadores se les endilga un supuesto delito de “usurpación”, pese a que se trató de una lucha y reclamo gremial docente y estudiantil que debieron reconocer las propias autoridades –quienes firmaron un acuerdo comprometiendo una mesa de negociación sobre el pliego de reivindicaciones, a cambio de la desocupación del rectorado. El trato a luchadores como delincuentes comunes es por lo demás improcedente, ya que no hubo intento de apoderarse de ningún dominio de los pabellones.

La improcedencia más notable de las imputaciones es que estas llegan muchos días después de que se levantara la toma. Mientras la misma se desarrolló, ni el rector Hugo Juri ni la justicia se animaron a denunciar ni imputar, porque un procesamiento judicial realizado mientras duraba la toma hubiera marcado una represión policial para el desalojo, cuyo coste social y político nadie quería pagar (aunque el levantamiento de la ocupación por la fuerza fue intentada por la burocracia estudiantil y sindical -Franja Morada y la gremial no docente-, por medio de una patota fascistizante). Levantada la medida, se busca por medio de la persecución y el amedrentamiento dividir y aislar el activismo del conjunto del movimiento estudiantil.

En esa misma perspectiva, Marcelo Conrero –decano de la Facultad de Agronomía y agente de Monsanto en la UNC, donde oficia de secretario de Gestión Institucional- salió a reclamar la apertura de sumarios y sanciones disciplinarias que conlleven a la expulsión de les estudiantes. Hay  que recordar que Oscar González, presidente de la Legislatura de Córdoba por el PJ del gobernador Juan Schiaretti, había ganado notoriedad cuando llamo públicamente a perseguir penal y administrativamente a les ocupantes. La primera conclusión que debe sacarse es que detrás de esta criminalización de la protesta se encuentra un frente capitalista integrado por Macri y Schiaretti, que en la Universidad de Córdoba tiene su expresión en la dupla gobernante Juri-Yanzi Ferreyra.

¿Justicia Legítima?

Pero finalmente las imputaciones no las deciden estos personajes, sino los titulares de la justicia federal. Las resoluciones que imputan están a cargo de la fiscal Graciela López de Filoñuk y del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja. La primera intervino como fiscal en la causa “La Perla” contra los genocidas y tiene una amplia dedicación en causas vinculadas a derechos humanos. Vaca Narvaja, es hijo y nieto de asesinados por la dictadura militar y también tiene una larga trayectoria en materia de derechos humanos; fue designado juez federal en el 2014 por Cristina Kirchner, cuando era coordinador letrado de la ANSES bajo la gestión kirchnerista; y es miembro fundador de la agrupación “Justicia Legitima” en Córdoba. La trayectoria de estos funcionarios judiciales no ha sido obstáculo para sumarse al ninguneo de derechos humanos elementales que llevan adelante desde el gobierno y el rectorado, como son la educación pública y gratuita, la educación sexual integral, la democratización de la universidad, a un salario digno, al reconocimiento del trabajo del trabajo de les ad honoren, el fin de la precariedad laboral, entre otros reclamados en el pliego de la ocupación. Pero su actuación va directamente dirigida al más esencial de los derechos del pueblo trabajador: el de reclamar, de luchar, de rebelarse. Las imputaciones de Vaca Narvaja y Lopez de Filoñuk pretenden disciplinar y suprimir el activismo de les ocupantes, pero por sobre es un mensaje aleccionador al movimiento estudiantil, a la comunidad universitaria, a la clase trabajadora, contra sus métodos de acción directa. En tiempos de Macri y el FMI, se quiere maniatar al movimiento popular y lo amenazan con una intervención de toda la maquinaria del Estado capitalista.

Las imputaciones también tienen como objetivo desviar el eje sobre la discusión que con las ocupaciones, las movilizaciones y las siete semanas de huelga hemos impuesto en la universidad, arrancándoles a las autoridades una mesa de trabajo para resolver las necesidades más sentidas y postergadas durante años de vaciamiento. La operación política para romper con esta mesa alcanza a todos los bloques políticos del régimen universitario, sobre todo al kirchnerismo nucleado en Cambio Universitario –que, mientras afirma que no están dadas las condiciones para avanzar en la discusión por la existencia de las imputaciones, cuenta con dos decanas que integran la mesa y se niegan a pronunciarse contra la intervención judicial.

Estamos en presencia de un operativo de Estado contra la rebelión estudiantil, llevado adelante por Macri y el PJ-kirchnerismo. Es el mismo papel que desarrolló la burocracia estudiantil de Franja Morada y de La Bisagra kirchnerista contra la lucha, oponiéndose a la huelga, a las ocupaciones, a la asambleas “autoconvocadas”, dividiendo, sembrando intrigas  contra la izquierda, tratando de frenar la radicalización del movimiento, atacando por la fuerza las ocupaciones y “organizando” los levantamientos. El mismo papel, pero a otro nivel. Estos querían regimentar el movimiento y fracasaron; aquellos lo quieren disolver.

La asamblea universitaria tiene un nuevo desafío en su camino de lucha establecido por la educación pública. Su independencia política, la movilización y acción directa y la organización conjunta con todas las asambleas por facultades, son las grandes armas para levantar nuevamente a la comunidad universitaria y llevarla a la victoria. La UJS, juventud del Partido Obrero, está en la primera línea de la abnegada lucha estudiantil. Llamamos al activismo y a la izquierda a sacar las conclusiones de este nuevo ataque y a reforzar el frente único que orientó la lucha en medio de huelgas y ocupaciones. Por el triunfo de les estudiantes, que levantaran alto todas las causas obreras y populares.