El viernes 7, la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) fue allanada por orden del fiscal Guillermo Marijuan en el marco de la denuncia por malversación de caudales públicos efectuada contra 52 universidades nacionales. 

 

Si bien el allanamiento constituye un show montado por el macrismo, es innegable que la corrupción de las camarillas universitarias facilita su ofensiva.

 

La operación forma parte de un plan de disciplinamiento de las camarillas, que resultan socias vitales en el reaccionario plan de profundizar el desfinanciamiento educativo con el propósito de forzar una privatización de la educación superior.

 

Esta política de ajuste puso a nuestra casa de estudio ante la emergencia presupuestaria y a 104 docentes sin cobrar.

 

Además de estar sometidas al desfinanciamiento y ser fuente de negociados, las universidades fueron puestas al servicio de un fraude laboral. Bajo la modalidad de “contratos de asistencia técnica” con ellas, el gobierno de Macri (y también los K) incorporó a diversos ministerios a miles de empleados precarizados que cobran honorarios bajo el régimen de monotributo, pero que cumplen las funciones propias de un empleado en relación de dependencia. En estas condiciones, hay 9702 contratados, según un informe del diario La Nación (18/7).

 

El macrismo se muestra cuidadoso de apretar y no ahorcar a las camarillas, puesto que necesita de ellas para continuar con el vaciamiento educativo (una política a la que los K no fueron ajenos durante sus doce años de gobierno): éste es el caso de la integración de las universidades al Sistema de Reconocimiento Académico (el brazo educativo de la reforma laboral de Macri).

 

Fuera Macri de la UNAJ

 

Debemos rechazar la extorsión del macrismo a la educación pública y a la UNAJ manteniendo una absoluta independencia de los rectores kirchneristas y sus agrupaciones. Hay que salir a las calles para pelear por una partida presupuestaria de emergencia y poner esos fondos bajo control de los trabajadores de la universidad y los estudiantes. 

 

Del mismo modo, se debe formar una comisión investigadora independiente, con composición obrero estudiantil, para dar con las responsabilidades de las autoridades universitarias y del Estado sobre el uso de los fondos. La apertura de los libros contables de la universidad es clave.

 

La defensa de la educación pública solo puede ser llevada a cabo por los estudiantes y los trabajadores.

 

 

 

Presupuesto de emergencia y control obrero estudiantil de las partidas.

 

Por una comisión investigadora independiente de los estudiantes y los trabajadores.

 

Abajo el ajuste de Macri y los rectores.

 

Abajo el sistema de reconocimiento académico.