11/10/2020

Universidad de Córdoba: el rector Juri y una confesión del ajuste en la educación superior

El debate sobre la modalidad de cursada para el año que viene debe ser resuelto por la más amplia deliberación de la comunidad educativa.

Días atrás, en medios locales, el rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Hugo Juri descartó un posible regreso a las clases presenciales en lo que queda del 2020. Asimismo, señaló que el escenario más optimista para el año que viene es que no haya circulación comunitaria del virus, por lo que en 2021 se dará un retorno parcial en el cual las autoridades elegirán quiénes serán los primeros. Cabe tener en cuenta que la cursada remota también ha llevado a niveles de deserción estudiantil inéditos.

Sin embargo, el rector estableció que hay que aprovechar la gimnasia de la virtualidad para reforzar otras metodologías de enseñanza y -a confesión de parte…- dijo que hoy en la UNC no hay condiciones edilicias para el retorno a la educación presencial en este contexto.

Frente a los dichos de la máxima autoridad de la Casa de Trejo, vale recordar que la “gimnasia” de la virtualidad se ha desarrollado por medio de una profundización de la precarización laboral de docentes, quienes se convirtieron en trabajadorxs 24/7 y han costeado los gastos de su bolsillo, mientras reciben la nefasta propuesta de una paritaria del 0%.

La improvisación de la forzosa virtualidad es tan evidente que a pocas semanas de que finalice el ciclo lectivo todas las problemáticas que se presentaron a principio de año persisten, y no se avizora ningún tipo de resolución para afrontar un nuevo año académico bajo la misma modalidad.

Resulta que la defensa de la virtualidad y las nuevas metodologías de enseñanza que plantea Juri, nada tienen que ver con la experiencia transitada durante este año por la comunidad educativa, sino más bien con una intención por parte del rectorado de profundizar el negociado de la “educación a distancia” incluso pospandemia. De este modo, se busca avanzar en la precarización laboral, dejar a más estudiantes afuera de sus aulas, “ahorrar costos” y fomentar la privatización y los convenios con empresas multinacionales, tal como se evidencia con el acuerdo celebrado entre la UNC y el software de vigilancia Respondus, proveniente de EE.UU.

Una situación que no es novedosa si se tiene en cuenta que esta política fue diseñada ya en su anterior gestión, por medio de la Planificación Estratégica Participativa 2018-2028, y llevada adelante mediante la creación del Campus Virtual que fue acompañado por la construcción de un faraónico edificio para centralizar las carreras a distancia. El planteo traslada, en términos generales, al campo educativo la demanda de la clase burguesa, que busca imponer el “teletrabajo”, “reducir gastos”, separar y aislar de los lugares de trabajo a la clase obrera, a los fines de incrementar la explotación y sacar una mayor tajada de plusvalía.

La situación crítica de la universidad, que se ha agravado por la pandemia, tiene su raíz en años de ajuste, vaciamiento y privatización. Las malas condiciones edilicias, que reconoce el propio rector, son sólo un aspecto de este problema. El presupuesto de ajuste para el 2021 es un ataque en regla a la educación superior y se manifiesta en el golpe al salario docente, en la eliminación de la cláusula gatillo y en la falta de becas y condiciones de conectividad, que arrastró a un importante número de estudiantes a dejar sus estudios -algo que no está contemplado en el presupuesto mientras se piensa continuar con la modalidad virtual en 2021.

El ajuste a la educación se profundiza en la medida que se refuerza el pacto con los bonistas y el FMI. El desfinanciamiento lleva, además, a desarrollar una política de recursos propios por medio de acuerdos con sectores privados reforzando un planteo mercantil. Estos lineamientos son defendidos con uñas y dientes por el rectorado de la UNC. Tal es así que fue esta gestión la que en 2016 aprobó, represión mediante, una reforma académica que significa una vuelta de tuerca en el proceso de privatización y degradación de la universidad.

El avance de la Justicia Federal, que de manera mancomunada con el rectorado avanzó en la causa contra lxs 27 estudiantes procesadxs por participar de la rebelión educativa del 2018, es un capítulo más de esta situación. Pretenden por esta vía amedrentar al movimiento estudiantil a los fines de descargar una crisis superior contra la universidad pública.

En todo este cuadro que cuenta con la complicidad de la burocracia sindical y de las agrupaciones estudiantiles ligadas a las autoridades y gobiernos ajustadores, es necesario reforzar la organización independiente. El debate sobre la modalidad de cursada para el año que viene debe ser resuelto por la más amplia deliberación de la comunidad educativa y debe ligarse a la lucha más general en defensa de la educación pública.

Es necesario impulsar un frente único de lucha de docentes y estudiantes para conquistar el inmediato aumento de presupuesto, arrancar el salario digno para la docencia y la restitución de la cláusula gatillo.

El frente único es un camino para conseguir las becas para combatir la deserción, y los recursos para sostener la cursada y el trabajo docente. En esa perspectiva, se puede arrancar el desprocesamiento ya de nuestrxs compañerxs; y por la conquista de todas nuestras demandas. Plata para educación, no para el FMI.

 

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