Desde el 16 de marzo las clases presenciales en la UNGS fueron suspendidas a raíz de la expansión de la pandemia del Covid-19. La gestión de la universidad resolvió que las clases continúen de manera virtual, pero de una forma completamente improvisada.

En primera instancia, desde el Yunque UJS, sostenemos que la “educación a distancia” es negativa, tanto desde el punto de vista pedagógico, como del de los derechos laborales, y que, de ninguna manera, puede reemplazar al sistema de cursada presencial.

En este contexto de imposibilidad de asistir a clases presenciales, no nos oponemos a que, en función de desarrollar el ciclo lectivo, se introduzcan herramientas tecnológicas. Pero esto es muy distinto a apoyar la improvisación del rectorado, que no garantiza, desde ningún punto de vista la continuidad y “salvación” de la cursada.

Profundización de las desigualdades sociales en la universidad

Según el censo de la Ungs (2019) alrededor de 2 mil compañeros no tenemos acceso a internet wifi, mientras que una gran parte accede a internet desde su celular, utilizando datos móviles que se acaban rápidamente cuando se descarga una actividad o un video. Al mismo tiempo, la cuarentena y el párate económico llevo a muchos compañeros a dar de baja los servicios de Internet. La educación virtual no está garantizada para todos/as.

Por otro lado, se nos presentan dificultades cotidianas profundas. A pesar de la cuarentena, muchos estudiantes siguen trabajando (ya sea por ser precarizados o por realizar trabajos que están exceptuados del confinamiento) los cuales presentan una intensificación de sus tareas, incluso violando la jornada laboral, por la alta demanda patronal o la cobertura de licencias. Esto imposibilita la asistencia virtual a las clases. Tenemos el caso de quienes tienen familiares a cargo como hijos o adultos mayores, que, al contrario de una mayor disponibilidad para el estudio, quedarse en casa significa la intensificación de las tareas domésticas. Esto se expresa enormemente en las estudiantes que son mamás.

Ahora bien, quienes si tienen las posibilidades materiales de acceder a la modalidad virtual se están encontrando con todo tipo de dificultades pedagógicas para abordar las materias: textos que no se consiguen digitalizados, la inexistencia de clases o el desconocimiento del acceso a las aulas virtuales; hay estudiantes que reciben las clases por Live de Instagram o videos subidos a YouTube por algún profesor de alguna parte del mundo. Evidentemente así no se garantiza la continuidad “pedagógica” ni se “salva” ningún ciclo lectivo.

A los docentes ¿alguien les consultó?

De la noche a la mañana y sin ninguna capacitación brindada por el Ministerio de Educación ni la universidad, los docentes se ven obligados a adaptar los contenidos de sus clases presenciales a la modalidad virtual. Esta transformación forzada lleva a la precarización del trabajo de los educadores que deben dedicar largas horas para acoplar los contenidos, realizando un trabajo por fuera de su convenio. Sumado a esto, el rectorado les quiere imponer la apertura aulas virtuales en el Moodle o en Classroom para que puedan desarrollarse las clases.

Mientras tanto, la universidad no está otorgando las licencias a docentes que tiene hijos o familiares a cargo, derecho que está contemplado en el decreto de licencias para la administración pública.

Los gremios “bien gracias”

El rectorado imparte un plan improvisado sobre qué hacer, pero no abre ninguna instancia de deliberación junto a docentes y estudiantes, que bien se podrían hacer mediante distintos programas de video llamadas, mediante los gremios que intervienen en la universidad.

Tanto el centro de estudiantes (Ceungs) como la gremial docente (Adiungs) le han dado la espalda a los problemas estudiantes y docentes. Por el lado del Centro solo se inició una encuesta en las redes sobre la cursada online, pero los problemas que tenemos los estudiantes están claros y lo que se necesita es organizar una respuesta frente a la situación. Por su parte, el papel de Adiungs es hacer oídos sordos frente a las preocupaciones genuinas de los docentes.

Pongamos en pie un comité educativo para deliberar un verdadero plan educativo

Nuestro planteo es claro: que la universidad garantice el acceso a los medios materiales necesarios para poder hacer efectiva la realización de la cursada a distancia. Que nuestros docentes sean capacitados para la utilización de las herramientas que permiten adaptar las clases virtuales. Otorgamiento de las licencias necesarias y la contratación para los relevos correspondientes.

En el contexto de párate económico necesitamos un plan de becas extraordinario para apuntalar a quienes más están sufriendo la crisis -40% de estudiantes trabajan de manera precaria, y otro tanto está desempleado- en línea con la campaña nacional por becas progresar de 10 mil pesos.

Consideramos que el método de evaluación a distancia sobre la base de los problemas ya expuestos puede profundizar bochazos masivos. Planteamos que de ninguna manera dicha modalidad puede ser obligatoria, ni para estudiantes, ni para docentes.

Una medida importante, que además daría respuesta a una reivindicación estudiantil (súper postergada por el rectorado), es la apertura extraordinaria de materias de invierno y verano, donde los/las estudiantes tengamos la posibilidad de recuperar el cuatrimestre sobre condiciones de cursada preparadas de manera adecuada. La universidad tiene una inmensa cantidad de materias que podrían adecuarse a la modalidad intensiva (materias de 6 y 4 horas semanales). De esta manera nuestros docentes desarrollarían las clases respetando sus derechos laborales, bajo el régimen de contratación contemplado en su convenio.

Por último, es elemental proceder a diagramar un nuevo calendario académico teniendo en cuenta la situación excepcional que atravesamos. Casos como el de los laboratorios, estrictamente presenciales, dan cuenta de esta necesidad de un nuevo diagrama.

El conjunto de estos planteos solo pueden llevarse adelante sobre la base de la conformación de un comité educativo en el que el conjunto de la comunidad educativa esté representada y desde ahí podamos deliberar y delinear un verdadero plan educativo frente a la pandemia.

En el mundo universitario florece la necesidad de pelear por un presupuesto educativo que contemple las necesidades reales de la universidad pública (agravadas por la pandemia). No podemos continuar con el presupuesto de asfixia del año pasado, deglutido, además, por una inflación del 55%.