El sábado, alrededor de las 20.30, la Policía Federal ingresó al predio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, en General Roca, y procedió al allanamiento de tres de las residencias estudiantiles.

El motivo esgrimido –“posible existencia de drogas”- no justifica en forma alguna el accionar policial, que se inscribe, a todas luces, en la escalada represiva nacional y regional.

La policía no mostró orden de allanamiento ni solicitó la autorización de las autoridades universitarias, violando la autonomía universitaria. La orden fue exhibida por la policía al cierre del procedimiento, pero ésta estaba firmada por el secretario del Juzgado y no por el Juez que supuestamente ordenó la pesquisa.

El procedimiento se caracterizó por la brutalidad del accionar policial. Ingresaron a los departamentos en que viven los becarios violentando puertas y ventanas, a las patadas, incluso en un departamento en que la puerta se encontraba sin llave. Los estudiantes fueron obligados a echarse al piso, manos en la nuca, y sufrieron permanente hostigamiento, físico y verbal, durante las casi cuatro horas de pesadilla que duró el allanamiento.

Una joven residente, que se encontraba bañándose, fue sacada desnuda del baño y arrojada al piso junto a sus compañeros, sin permitirle siquiera que se vistiera. En ningún momento se les permitió comunicarse con su familia ni con la gran cantidad de jóvenes y organizaciones políticas y sociales que nos congregamos inmediatamente una vez conocida la noticia.

Tampoco se permitió a nadie el acceso a las viviendas allanadas, incluyendo a dos abogadas del Observatorio de Derechos Humanos, una de ellas docente de la Universidad, violándose el derecho de las personas damnificadas a la asistencia legal.

El allanamiento se realizó en horas nocturnas, lo que solamente está permitido en casos de extrema urgencia (peligro de fuga) ó ante flagrante delito. Durante el allanamiento fueron desparramados –y en algunos casos rotos- objetos personales de los jóvenes residentes.

Desde el Partido Obrero y la UJS denunciamos este procedimiento represivo, viciado de todo tipo de excesos y nulidades, como parte de la escalada represiva que, en el orden nacional y regional, sufren los sectores más vulnerables de la sociedad, en este caso la juventud, y responsabilizamos también a las autoridades universitarias (decano e integrantes del Consejo) por no acudir a respaldar los derechos vulnerados de los jóvenes becarios.

¡Fuera la policía de las universidades!