La justicia cordobesa avanza en la imputación de compañeres que participaron en la ocupación pacífica del Pabellón Argentina, sede del rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba. Hasta el momento, son once lxs estudiantes imputadxs aunque, según transita en los medios de comunicación, podrían ser alrededor de 29. Las acusaciones legales son por usurpación del espacio público. La denuncia lleva la firma del vicerrector Pedro Yanzi Ferreira.

Esta línea de criminalización de la lucha educativa fue preparada y reclamada por el gobierno y el rectorado. Tanto el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, como la Franja Morada llamaron al desalojo violento de la ocupación por parte de las fuerzas policiales. El rector Hugo Juri reforzó esta posición cuando exclamó públicamente que detrás de la toma se encontraban sindicatos y el Partido Obrero. Franja Morada y la burocracia sindical no docente organizaron una movida patoteril que avanzó con golpes y gas pimienta contra lxs estudiantes. Todo fue derrotado por la tenacidad de la ocupación, que lxs estudiantes suspendimos luego de casi un mes con un acta acuerdo arrancada a las autoridades de la UNC con el compromiso de una mesa de trabajo para tratar el pliego de reivindicaciones.

El llamamiento a declarar a once estudiantes es, por un lado, una maniobra por parte del rectorado para desbaratar la mesa de trabajo conquistada al calor de la lucha y de la organización estudiantil asamblearia, superando a las burocracias que dirigen los centros de estudiantes. Pedro Yanzi Ferreira pegó el faltazo a la mesa de trabajo realizada el pasado miércoles y las autoridades presentes (con mayoría K) negaron un pronunciamiento público contra la persecución e hicieron expresa su negativa a posicionarse.

Por otro lado, constituye un ataque directo a lxs estudiantes que luchan en defensa de la educación pública y que llevaron a cabo una de las rebeliones más grandes de los últimos años. El precedente que buscan implementar es contra la protesta y la organización estudiantil. Es un ataque de lleno a una lucha que avanzó en conclusiones políticas profundas, denunciando a Juri y a las autoridades por su política privatista, a la agrupación estudiantil oficial Franja Morada y el papel de la organización kirchnerista Bisagra y aliados- que, dirigiendo 8 centros de estudiantes, no movieron un dedo en defensa de esta organización y la atacaron constantemente.

Este amedrentamiento por parte de la justicia y el rectorado de la UNC es una medida persecutoria por parte de los principales responsables de las causas que llevaron a la toma del Pabellón Argentina, que no brindan ninguna solución al pliego de reivindicaciones elaborado por la asamblea interfacultades.

La respuesta es con organización y en las calles: es necesario avanzar en un plan de lucha contra la persecución política a quienes luchan. La primera cita será el próximo martes por la mañana en los Tribunales Federales. Seamos miles lxs que estemos presentes contra este ataque. A 100 años de la reforma universitaria, defendamos nuestro derecho a la insurrección organizados y en las calles.