El gobierno nacional, en el marco del brutal ajuste fiscal que está llevando adelante, decidió cerrar oficinas de Anses en varios puntos del país. La medida se llevó adelante también mediante el anuncio de despidos en varias Unidades De Atención Integral (UDAI), que son dependencias de la Anses para atención del público, algunas de las cuales debieron cerrar sus puertas por falta de personal.

El cierre de estas dependencias deja en banda a jubilados y madres pobres con hijos (beneficiarias de asignaciones o pensiones) de miles de jurisdicciones de todo el país, sobre todo de pueblos del interior, que se quedan sin la única oficina que tienen de atención al público a menos de 50 kilómetros. Esta situación los obliga deban moverse a pueblos linderos, recorriendo una distancia de más de 100 kilómetros, al menos, para hacer un trámite, fomentando además la concentración y el colapso.

En total, la planta de trabajadores de la Anses totaliza 13 mil puestos de trabajo. Con la posibilidad que se recorte hasta un 15% del staff -acorde al porcentaje que manejaban los gremios para los organismos descentralizados en la administración pública nacional-, la poda aún podría sumar hasta 600 contratos más. Ninguna de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires eludieron el despido de trabajadores y trabajadoras de las sedes de Anses.

Los despidos ya notificados en el Gran Buenos Aires incluyen las oficinas de Virrey del Pino, Catan, Ramos Mejía, Brandsen, Merlo, Boulogne, Malvinas, Williams Morris, Libertad, Mercado Central, Lujan, Campana, Zarate, Derqui, Cuartel V16, Mar del Plata oeste, Verónica, Berisso, La Plata I, Chivilcoy, Lanús, Berazategui, Bernal, Solano, Bosques, Quilmes, Marcos Paz, Wilde, Ezpeleta, Chingolo, Fiorito, Dock sud, Giles, Los Hornos, Areco, Colón, Trujui, Banfield, Burzaco, San Vicente, Ituzaingó, San Justo, Baradero, Tablada, Longchamps, Ciudad Evita, Albertina, Turdera, Azul, Mar del Plata Sur y Mar del Plata Puerto.

A esto se sumaron los de las provincias de Chaco, Río Negro, Santa Fe, Tucumán y Jujuy. En Chaco cerraron de manera definitiva las oficinas de Machagai, General Pinedo, Taco Pazo, Sauzalito, Fuerte Esperanza y Barranqueras, mientras que en Río Negro hubo 18 despidos y desafectaron las sedes de Cinco Saltos, General Conesa y Luis Beltrán. En Santa Fe, en tanto, clausuraron las oficinas de Vera y Villa Ocampo y en Jujuy hubo 11 despidos.

Por otro lado, la medida se enmarca en un ataque más general a los trabajadores estatales, un sector que se encuentran siendo víctima de miles despidos en todas las áreas. En ese sentido este martes se impidió el ingreso a trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Economía y la semana pasada se informaron 900 despidos en el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, es decir casi la totalidad de los empleados.

El propio gobierno se jacta de esta situación, afirmando que incurrirá en 70 mil despidos totales en el Estado, una política que no modificará sustancialmente el balance fiscal, como quieren vender, pero ratificar el rumbo antiobrero del oficialismo. Lejos de descargar el ajuste sobre la casta, lo descargan sobre los trabajadores, dejando un tendal de desempleados en el marco de una crisis económica que no parece tener freno.

La medida, a su vez, constituye otro paso en la profundización del vaciamiento de la Anses, con el objetivo de destinar la caja previsional a la que aportan los trabajadores todos los meses para pagar una deuda ilegítima y fraudulenta y subsidios a los empresarios. Esto va de la mano del empobrecimiento sistemático de los jubilados a costa de la pulverización de sus haberes, ya que con los despidos en masa se disminuye notoriamente la cantidad de aportantes, agravando la ecuación entre trabajadores activos y pasivos (retirados). Recordemos que el gobierno viene de anunciar un incremento por decreto que consolida una pérdida del 42% de los haberes durante el primer trimestre del año.

Tenemos que enfrentar esta ofensiva en unidad. Es por eso que desde el Partido Obrero estamos impulsando una Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados, que discuta un plan de lucha hasta tirar abajo el programa antipopular del gobierno.