Que el acceso al agua potable es un derecho humano fundamental es una verdad de perogrullo. Sin embargo, en todo el mundo 1 de cada 3 personas no lo tienen satisfecho. Cada año, 297.000 niños menores de 5 años mueren debido a la diarrea relacionada con la falta de agua, saneamiento e higiene. El saneamiento deficiente y el agua contaminada también están relacionados con la transmisión de enfermedades como el cólera, la disentería, la hepatitis A y la fiebre tifoidea. (Unicef, 2019)

Según un informe de la UCA (2019), en Argentina el 14,1% de las viviendas en zonas urbanas tiene déficit en el acceso al agua de red y entre los niños y adolescentes (0 a 17 años) llega al 18,9%. En GBA, esos números ascienden a 27,7% y 32,6% respectivamente. En Santiago del Estero y en Chaco un 40% y 35% de las familias, respectivamente, no tienen conexión de red. Estos números representan más de 8 millones de argentinos sin acceso al agua potable. Si consideramos la falta de cloacas, esos números crecen a un tercio de la población del país.

La campaña mundial sobre el lavado de manos como medida de prevención para la propagación del coronavirus, en este contexto, es cuanto menos hipócrita. La pandemia no impactó de igual manera en los distintos sectores de la sociedad, no solo por la flexibilidad y precarización laboral y la desocupación a la que está sometida gran parte de la clase obrera, sino por las condiciones materiales y sanitarias a las que acceden las familias trabajadoras.

En todo el país el déficit de acceso al agua de red ocasiona distintas problemáticas, ya sea de salud, ambientales o incluso sociales. El agua es fundamental para el desarrollo correcto de los niños y así llegar a la vida adulta con sus órganos en buen estado. Pero estos problemas se multiplican exponencialmente cuando el acceso se da de manera precaria, con presencia de aguas contaminadas con materiales pesados, materia orgánica o diversos tóxicos. Las consecuencias en la salud de la población son graves, llegando a generar cáncer y malformaciones en los recién nacidos. Así lo demuestran los casos de los pueblos fumigados con agrotóxicos, los pueblos donde las mineras arrojan sustancias como cianuro, los ríos contaminados con el amoníaco proveniente de los excrementos de los animales de producción intensiva, etcétera.

Esto demuestra que la lucha por el acceso al agua potable no se trata solamente de exigirle al Estado obras de infraestructura para poder garantizar este derecho, sino que también se trata de la defensa del agua ante el uso depredador de los pulpos capitalistas con el amparo del gobierno. De esta manera lo comprenden los pueblos que hace décadas vienen luchando en su defensa, como Jáchal, Mendoza, Chubut, Santa Cruz, Chaco; por solo nombrar algunas de las grandes movilizaciones populares que se desarrollaron en ese sentido.

Incluso en lugares donde se conquistó ese derecho fundamental, la corrupción y los negociados entre los gobiernos y las empresas distribuidoras de agua muestran el vaciamiento del sector. Eso llevó a comenzar el año con cortes de suministro en distintos puntos del país, que fueron respondidos con manifestaciones en Luján, Jáchal, La Plata y Caleta Olivia. En ese sentido, la apertura de los libros contables de las empresas prestadoras es una medida urgente y necesaria para poder conocer cuáles son realmente los ingresos de estas así como evidenciar la falta de reinversión en obras reales.

Desde Tribuna Ambiental, en conjunto con el Polo Obrero, estaremos realizando relevamientos ambientales en las villas de la CABA y todo el país, para así con esos informes de las muestras de agua poder emprender una campaña política en defensa y por el acceso al agua potable para todos los hogares.

 

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