El anuncio de un decreto de necesidad y urgencia sobre extinción de dominio para la recuperación y subasta de bienes del narcotráfico y corrupción, por parte de Macri, se parece mucho a la fábula del zorro puesto a cuidar el gallinero, ya que el presidente es parte de un grupo empresario -donde está involucrada buena parte de su familia- que le debe fortunas al Estado y que ha estado y está incriminada en casos de corrupción y lavado (Correo, Panamá Papers), sin que haya dado un solo paso para retornar el dinero mal habido. Pero al mismo tiempo, está en duda la constitucionalidad de la medida, toda vez que se adopta por decreto sin ningún tipo de justificativo, cuando aún hay un trámite en curso en el Congreso. Hay también otros cuestionamientos de constitucionalidad que auguran una judicialización de la medida. Todo esto re