Políticas
23/7/2024
El Rigi y la planta de GNL en Río Negro
La primera provincia en adherir al régimen de beneficios para los grandes capitalistas.
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Punta Colorada, Río Negro.
Río Negro se convirtió en la primera provincia en adherir al Rigi, el régimen incluido en la Ley Bases que otorga abundantes beneficios para los grandes capitalistas. Es que el gobierno provincial de Alberto Weretilneck, acompañado por la mayoría del arco político patronal, apunta a atraer inversiones en diferentes proyectos redoblando una política de saqueo de los recursos de la provincia y del país. Entre ellos se encuentran la construcción de la planta de GNL en Punta Colorada, con el consecuente puesto petrolero y el oleoducto que uniría con Vaca Muerta.
Es el mismo lugar donde se anunció una planta de Hidrógeno Verde, que sigue en veremos. Antes, la promesa era la explotación metalífera y la creación de un parque industrial para exportar pellets de hierro, pero hoy la mina y el puerto minero están abandonados, igual que la planta de pelletización. En un radio de pocos kilómetros se apilan muchos anuncios y nada de concreciones al momento.
En ese camino, el gobernador Weretilneck no solo adhiere al Rigi sino que también otorga otros beneficios impositivos provinciales a las multinacionales que se inscriban al mismo, como la eliminación de Ingresos Brutos, Sellos y facilitar la radicación de industrias y empresas.
Planta de Gas Natural Licuado y oleoducto
En palabras del ministro de gobierno Federico Lutz respecto de la planta de GNL, han ofrecido ventajas tributarias bajo regímenes específicos que se traducen en seguridad jurídica, política, económica y territorial para que la inversión se haga en Río Negro. En parte, semejante ofrecimiento responde a la disputa con la provincia de Buenos Aires por quién se queda con la instalación de dicha planta a cargo de YPF-Petronas y la exportación de gas por el Atlántico, con el objetivo de pagar la deuda en dólares como la que generó el llamado Plan Castello.
También genera expectativas en el gobierno municipal de Sierra Grande, que de la mano de su intendenta Roxana Fernández, el Consejo Deliberante y la burocracia sindical local (representantes de Unter, Uocra, SOMU, Luz y Fuerza, CTA, Osecac, ATE, UPCN) dice garantizar la licencia social para el megaemprendimiento y el apoyo al gobernador para la construcción de la planta. A eso hay que sumar el respaldo del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Además, aseguran contar con la ventaja de la proximidad a la zona franca de Punta Colorada.
Este conjunto de concesiones fueron valoradas por los representantes de las empresas del sector, como Pan American Energy (PAE), Pampa Energía, Shell Argentina, Pluspetrol, Total Austral y el CEO de YPF Horacio Marín, en las jornadas organizadas por el Diario Río Negro la semana pasada.
Para el presidente de YPF, el proyectado oleoducto Vaca Muerta Sur incluido en el proyecto de exportación de petróleo por la costa del Golfo de San Matías se estima que tendrá una capacidad de 60.000 metros cúbicos (360.000 barriles diarios) y que la terminal podrá almacenar un millón de metros cúbicos. En sintonía con la idea mileísta de ser solamente un país exportador, Marín sostuvo que para 2031 se generaran 30.000 millones de dólares para el país.
Todos los anuncios y expectativas en torno al megaproyecto de la planta de GNL, ya sea en Punta Colorada o Bahía Blanca, por ahora no son más que eso. Habrá que ver si esa posibilidad no queda cuestionada con la firma de un contrato por 20 años entre Pan American Energy y Golar LNG para alquilar un buque licuefactor con una capacidad de producción de 2,4 millones de toneladas anuales de GNL (equivalente a unos 10 millones de metros cúbicos día de gas natural).
¿Cómo nos afecta el Rigi y la proyectada planta de GNL a los trabajadores?
El carácter exportador y de rapiña del proyecto es antagónico al abastecimiento local y de las necesidades populares. El gobierno provincial y el conjunto de los partidos patronales, a excepción de la izquierda, agita que la llegada de la planta consistirá en una fuente de desarrollo y empleo.
En realidad, la premisa de todo el plan es destinar el gas de Vaca Muerta a la exportación, lo cual va a implicar que paguemos en Argentina un precio dolarizado por el principal insumo de la generación energética del país, y por lo tanto tarifas más caras de luz y gas.
Por eso, las promesas de ingresos de 30.000 millones de dólares para 2031 a Argentina que pregona el CEO de YPF distan mucho de la urgencia que requiere las necesidades de los trabajadores. La recaudación del Estado no crecería en proporción, dadas las monumentales exenciones tributarias: la tasa de impuesto a las ganancias baja de 35% a 25%, la que se fija sobre dividendos es del 7% y después de 7 años baja a 3,5%, y dan exenciones en derechos de importación y de exportación después de los tres años.
La liberación de impuestos provinciales por parte de Weretilneck contrasta con los descuentos salariales a los docentes que luchan en defensa de la educación pública y el salario. Finalmente, en caso de que haya ingresos se destinarán al pago de la deuda externa. Sumando a esto, a las empresas les regalarán tierras para las construcciones en cuestión, y la libertad de capitales va a dejar en manos de las empresas transnacionales la decisión de fugar del país las ganancias obtenidas.
Además, organizaciones ambientalistas vienen denunciando que la construcción del oleoducto y el puerto petrolero tendrán un impacto ambiental negativo en el Golfo San Matías, afectando áreas naturales protegidas provinciales y por posibles accidentes que ocurren en estos puertos contaminando el mar. Es una mentira del gobierno que cuentan con licencia social para avanzar.
En torno a los puestos de trabajo, que algunos señalan en 6.000, si efectivamente se producen tendrán lugar bajo un régimen laboral de superexplotación y con la nueva reforma laboral impuesta por la Ley Bases. Es decir, trabajo temporal, sin derecho y el trabajador como material descartable.
A los anuncios de Weretilneck y Milei, las y los trabajadores debemos oponerle un programa que parte de la verdadera urgencia de la sociedad y no de un puñado de capitalistas. En lugar de ofrecer ventajas a grandes multinacionales en la búsqueda de recaudar para pagar una deuda fraudulenta, urge investigar y suspender los pagos del Plan Castello a la patria contratista, que constituye una sangría de los recursos provinciales.
La única manera de que estos proyectos sean un avance para la provincia y el país es que formen parte de un plan económico bajo la dirección de los trabajadores, con la nacionalización de la industria energética como punto de partida, con un control obrero y popular sobre la producción y sus efectos ambientales.
En lo inmediato, redoblemos la lucha contra el ajuste de los gobiernos provincial y nacional. Si la preocupación es la generación de empleo, peleemos por un plan de viviendas populares y construcción de escuelas, hospitales y urbanización de los barrios populares, lo cual sería una herramienta de creación de miles de puestos de trabajo.
