El juez federal Sebastián Casanello se declaró incompetente para investigar la presentación realizada por el fiscal Guillermo Marijuán, en la que denunciaba al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés -entre otros- por encubrimiento en la causa por la desaparición de Loan. La negativa a tratar el caso en los tribunales de Comodoro Py busca ponerle paños fríos a la crisis política que escala en la provincia litoraleña, donde todo un pueblo denuncia la complicidad del gobierno local con las mafias de la trata.

Recordemos que el fiscal Marijuán, representante el Ministerio Público, había denunciado por “encubrimiento, abuso de autoridad y violación de los deberes del funcionario público” en el caso Loan a Gustavo Valdés; al senador correntino Diego Pellegrini (mano derecha del gobernador); al exabogado de Laudelina Peña, José Fernández Codazzi (vinculado con Pellegrini); al removido ministro de Seguridad provincia, Buenaventura Duarte; a quien lo sucedió en el cargo, Alfredo Vallejos; al exjefe de Policía, Amaldo Molina, y a su segundo, Jorge Cristaldo -ambos desplazados de sus puestos. Por sorteo, la causa recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°7, a cargo del juez Sebastián Casanello, quien, finalmente, declinó la competencia argumentando que los hechos ocurrieron en otra jurisdicción.

Todos los denunciados son responsables de haber obstaculizado la búsqueda de Loan. Por un lado, si bien la cúpula de la Policía local y el ministro de Seguridad provincial fueron eyectados de su cargo, deberían ser juzgados puesto que estaban a cargo de una fuerza policial seriamente implicada en el secuestro y ocultamiento del niño, al punto que dos de sus miembros (Wálter Maciel y Francisco Méndez) se encuentran detenidos por eso. Por otro lado, Pellegrini y Codazzi fueron quienes llevaron a declarar a Laudelina Peña en medio de la madrugada a una fiscalía provincial (cuando la causa ya había pasado al fuero federal) -bajo amenazas y sobornos- para que instale la versión de que a Loan lo habían atropellado, y, de ese modo, desviar la pesquisa. A su turno, Valdés demostró que estaba al tanto de esa acción, al anunciar primero que nadie a través de su cuenta de Twitter lo que había declarado Laudelina, afirmando que se trataba de “un gran paso en la resolución del caso Loan”.

Sin embargo, la Justicia federal de Goya, a cargo de la causa, no imputó ni llamó a declarar a ninguno de ellos, en un claro intento de cortar la cadena de responsabilidades para preservar a las altas esferas del poder político provincial. Esa impunidad es la que indigna al pueblo de Corrientes, que no ha dejado de movilizarse por la aparición de Loan, apuntando directamente contra el gobernador, quien ha demostrado ser garante de las redes de trata que operan en la provincia.

Patricia Bullrich salió al rescate del gobernador aliado, diciendo que “Me parece que involucrar a Valdés es una barbaridad”. Luego afirmó, sin ningún tipo de argumento, que “Todo se resume a las siete personas que estaban ahí”. Con esa defensa cerrada del mandatario -soslayando sus vínculos con Pellegrini y Codazzi-, la ministra de Seguridad se suma al operativo de encubrimiento sobre las responsabilidades políticas del caso. No olvidemos que en su momento había catalogado como “sólida” la declaración de Laudelina cuando sembró la falsa hipótesis del accidente. La UCR también respaldó a Valdés a través de un comunicado que califica las denuncias de Marijuán como “irresponsables e infundadas”. Lo cierto es que sobran motivos para afirmar que el gobernador actuó en pos de entorpecer la investigación.

Casanello, desentendiéndose del asunto, evita echar más leña al fuego a la crisis política abierta en Corrientes, la cual no tiene retorno y amenaza con convertirse en una pueblada. Lo sucedido con Loan desató un cuestionamiento generalizado de la población hacia el conjunto del régimen que gobierna la provincia en absoluta connivencia con el crimen organizado.

Sucede que la familia Valdés hace años actúa como la verdadera dueña de Corrientes y la gente ya está harta. El padre del actual gobernador, Manuel Valdés -denunciado por abuso- fue intendente de Ituzaingó entre 2005 y 2013, cargo que hoy en día desempeña otro de sus hijos, Juan Pablo, quien aspira a suceder a su hermano Gustavo en la gobernación. Mientras tanto, otro de los hermanos, también de nombre Manuel, es gerente de Telco, la empresa de telecomunicaciones que provee de internet a la provincia. La trama de ocultamientos montada tras la desaparición de Loan detonó la bronca de los habitantes contra ese manejo cuasi feudal, que encima pone en riesgo a las infancias.

El domingo habrá nuevas marchas exigiendo su aparición con vida y que se avance en la investigación. Valdés, cada vez más acorralado.

Caso Loan: acorralado, el gobernador Valdés tuvo que echar a la cúpula policial

Una nueva movilización en Corrientes pidió por la aparición del niño y la renuncia del gobernador, en una trama que involucra al poder político. –

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