En el Río de la Plata, sobre las costas que bañan a la localidad bonaerense de Magdalena, hace dos décadas ocurrió el mayor derramamiento de petróleo registrado en la Argentina y el más importante de la historia mundial sobre aguas dulces. Las consecuencias de tal desastre, que ha contaminado gravemente el lugar, repercuten hasta hoy. Desde el mismo instante del siniestro, comenzó un operativo de encubrimiento del Estado a la multinacional hidrocarburífera Shell y que, por estos días, ha traído una novedad resonante al litigio legal donde el municipio de Magdalena le reclama un resarcimiento de unos 9 millones de dólares a la petrolera angloholandesa: Es que, el abogado de la comuna mencionada deslizó la sospecha de un pedido de coima por parte de otro letrado patrocinante de un vecino. Por lo que, disimulada bajo la forma de honorarios, estaría destinada a “destrabar la homologación por parte del juez del acuerdo firmado con la petrolera Shell en 2009” (Infobae 27/3).

La magnitud del accidente

En la tarde del 15 de enero de 1999, el barco carguero “Sea Paraná” de bandera alemana choca al buque “Estrella Pampeana” de la empresa Shell (con bandera liberiana) que transportaba unos 31.500 m3 de petróleo crudo y liviano. La colisión ocurrió a 20 km de la costa de Magdalena, cerca del canal intermedio, en el kilómetro 93 del Río de la Plata. El choque naval no produjo víctimas humanas, pero desencadenó un derrame de aproximadamente 5.500 m3 del combustible transportado por el “Estrella Pampeana”. La mancha, comenzó a desplazarse hacia la costa llegando a los balnearios “La Balandra” y “Punta Blanca”, que eran de gran concurrencia de la comunidad local. El hecho fue una noticia ampliamente difundida a nivel nacional y catalogado como un “desastre ecológico” o una “catástrofe ambiental”.

Entre el 19 de enero y el 3 de febrero del año en cuestión, la costa empetrolada se extendió de 12 a unos 70 kilómetros (con distintos grados de densidad e impacto) desde los alrededores del Puerto de La Plata hasta Punta Indio. Pero, el área más afectada es la comprendida entre el Balneario “Magdalena” hasta el canal de la Estancia La Alborada (ambos en el Partido de Magdalena). Este sector comprende unos 7 km de costa. En algunos sectores, el petróleo se internó hasta unos 300 metros de la línea costera. Por su parte, la empresa Shell movilizó unas 250 personas para limpiar las costas con palas, invirtió inicialmente unos 500 mil dólares para recuperarlas, estableció una barrera flotante de 2.515 m de longitud, movilizó 14 tanques de recuperación y 8 camiones de vacío, con los que logró recuperar a los diez días unos 1.281 m3 de líquidos contaminados.

La envergadura del incidente ha sido mayúscula y el operativo montado por el municipio y la Shell absolutamente precario. Decenas de jóvenes en ojotas, armados con baldes y secadores de piso hicieron lo que pudieron para enfrentar el vertido de más de 5 millones de litros de crudo que no paraba de llegar a las playas. La petrolera, estaba más preocupada en no desperdiciar la mayor cantidad de crudo posible que en la remediación de la zona.

 

 

El rol del Estado

La demanda por los daños ocasionados a la biodiversidad y la población de la región solo corrió por cuenta del municipio de Magdalena, ni los Estados provincial (Buenos Aires) y nacional han accionado contra Shell. No es casualidad, que transcurría el último año de la presidencia de Carlos Menem y la gobernación de Eduardo Duhalde (candidato a suceder a Menem). Cualquier enfrentamiento con el gigante petrolero, siendo el gobierno del riojano el campeón del remate de las empresas públicas y la entrega de sus activos, no era oportuno para mover el avispero con la burguesía y el capital internacional en el inicio de la campaña electoral de la época. Como yapa, en ese año se completó el proceso de privatización de la petrolera estatal YPF, vendiéndola a la española Repsol. Esto desde ya, debilito el reclamo del país ante la petrolera holandesa y mostro los reales intereses que defendía (y defiende) el Estado, que no eran los del pueblo trabajador por supuesto.

Muy por el contrario, en otros países del mundo las demandas fueron encaradas por los Estados federales y los equivalentes a provincias, lo que le dio una mayor fortaleza a las mismas. Además, la reparación económica pagada por las petroleras involucradas fue muy superior al monto que Shell acordó pagar en Argentina para cerrar la causa. En el desastre provocado por la Exxon Valdez, tras encallar en Alaska en 1989, la empresa debió abonar 5000 millones de dólares por los daños generados. Y en el derrame de petróleo en Galicia provocado por el hundimiento del buque petrolero Prestige en 2002, cuando se afectaron casi 2000 kilómetros de costa española, francesa y portuguesa, se fijó una indemnización de 3000 millones de euros.

En cuanto al Estado municipal de Magdalena, diez años después de ese desastre ambiental, en marzo de 2009, firmó un acuerdo por USD 9,5 millones para ponerle un punto final al reclamo. El texto incluyó una cláusula que decía no implicar “el reconocimiento de responsabilidad alguna” por parte de las demandadas, Shell y la empresa responsable por el otro buque que intervino en el choque. El convenio fue sometido ese mismo año a un plebiscito popular que obtuvo el 77% de apoyo, aunque ha sido cuestionado por su manipulación, la falta de información, no haber aguardado la resolución de los tribunales y en la que votó apenas el 30% del padrón distrital. Luego fue aprobado por el Concejo Deliberante local por unanimidad de todas las fuerzas políticas patronales. Pasaron tres intendentes de distinto color político al frente de la gestión comunal pero la Justicia aún no aprobó la homologación de ese pacto, requisito necesario para que el municipio cobre finalmente esa miserable indemnización por parte de Shell.

 

Los “vaivenes” de la justicia

La causa judicial del accidente empezó a tramitarse en el Juzgado Federal de La Plata, en la que el municipio había iniciado la demanda civil contra Shell. En 2002, hubo una primera sentencia que la obligaba a pagar cerca de 80 millones de dólares. Sin embargo, ese fallo fue apelado por Shell, al juez lo removieron y perdió validez. La petrolera holandesa cuestionó la competencia de la Justicia federal platense y, en 2007, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de cinco años de apelaciones, resolvió en favor de Shell. El expediente pasó entonces a la Justicia Nacional Federal que atiende temas marítimos. Actualmente se encuentra en el Juzgado Civil y Comercial Federal Nro. 3 de la Capital Federal, a cargo de Juan Rafael Stinco, un magistrado designado por Alberto Fernández en marzo del 2021. Con antecedentes como abogado en el sector privado, en el segundo mandato de Cristina Kirchner se desempeñó como asesor jurídico en YPF bajo la gestión de Axel Kicillof y, posteriormente, en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar).

La petrolera holandesa ya pagó otros reclamos económicos de terceros perjudicados por el derrame, entre ellos, de junqueros, pesqueros, pequeños comerciantes de la costa de Magdalena y vecinos afectados por enfermedades vinculadas al derrame petrolero. Seguramente, los damnificados apelaron a la desesperación de obtener un ingreso monetario rápido en vez de esperar los lentísimos tiempos de la justicia, salvo en los casos que ha cuentagotas el Poder Judicial sentencio en su favor. El Acuerdo entre Shell y el Municipio de Magdalena es el único que aún está pendiente de homologación. Hay más de 523 causas individuales, que reclaman de la empresa un total de USD 360 millones, casi 40 veces lo que Shell acordó con la intendencia para cerrar el caso.

Toda esta situación, ha sido también el escenario de disputas legales por el botín a percibir y que se ha manifestado en choques entre abogados que representan a particulares, al letrado municipal y al juez de la causa. En la dilación para que finalmente se resuelva que la Municipalidad de Magdalena perciba el paupérrimo monto pautado en el acuerdo de 2009, se han colado maniobras para probablemente algunos personeros allegados al poder obtengan su tajada al respecto. Escudados en un supuesto reclamo de revisar el convenio leonino firmado hace trece años (desde luego perjudicial para la población), se escondería en verdad la presión para obtener honorarios siderales y poder así destrabar la homologación del juez Stinco.

El portal Infobae informa que, en los últimos días, el abogado del municipio de Magdalena Daniel Silva, deslizó la sospecha de un pedido de coima, bajo el cobro de honorarios, por parte de un letrado al que señaló como posible “intermediario” para “destrabar” la homologación judicial. Silva sugirió incluso que podría haber una connivencia entre el abogado Mariano Aguilar (que patrocina a un vecino de Magdalena) y el juez. Ambos son profesores de Derecho Ambiental en la Universidad de Belgrano, señaló como argumento sobre que ambos se conocen. Sus especulaciones quedaron plasmadas en dos escritos, que presentó en el Juzgado a cargo del propio Stinco el mes pasado. A su vez, Aguilar desmintió rotundamente que estuviera “buscando resolver” el tema de sus honorarios, y que estos estuvieran vinculados a la demora en la homologación judicial del Acuerdo. El abogado ambientalista, adujo no conocer a Stinco, pese a coincidir como docentes de la misma catedra en la universidad mencionada.

Mariano Aguilar representa a Leonardo Nicolás Fediuk, un vecino de Magdalena que tras la firma del Acuerdo en 2009, pidió sumarse al expediente como “tercero interesado” por considerar que se veían afectados “intereses ambientales de incidencia colectiva”. Las partes intervinientes en esta causa judicial hasta ese momento eran el Municipio, Shell y la Agencia Marítima Robinson (buque Sea Paraná), que intervino en el choque con el barco petrolero Estrella Pampeana de la multinacional holandesa. Fediuk fue aceptado en el expediente por la Justicia y, con el patrocinio de Aguilar, pidió la nulidad del acuerdo por considerar que el monto de reparación estaba “muy alejado de los valores reales” y de la demanda original del Municipio, y que no estaba debidamente detallado el destino que se le iba a dar al dinero una vez ingresado a las arcas municipales. También que debía aplicarse la Ley General de Ambiente, sancionada en 2002, siete años antes de la firma del Acuerdo, que – según Aguilar – “no se tuvo en cuenta” en el Acuerdo, ya que no se reconoció la responsabilidad de Shell por el derrame. Como letrado de Fediuk, Aguilar pidió una serie de pericias que, por el paso de los años y la lentitud del proceso judicial, concluyeron que ya no había daño en la costa del río frente a Magdalena. Por este motivo, tanto la Justicia de primera instancia, como la Cámara federal le denegaron el pedido de nulidad, con costas a su cargo. De todos modos, en su resolución, además de rechazar el pedido de Fediuk, la Cámara le dijo al juez que pida un nuevo estudio ambiental. Con este último informe ya incorporado a la causa, el juez Stinco convocó a una audiencia de conciliación. La reunión se desarrolló en el edificio del Consejo de la Magistratura de la Nación, el 25 de agosto del año pasado. Alli, el abogado de la comuna de Magdalena, denuncio que esperaron unas horas al juez para comenzar la audiencia y que luego se encontró con la sorpresa que salió de una sala junto a Aguilar y Fediuk (lo cual reforzo sus sospechas de algún “arreglo” entre ellos), cuando estos ya estaban apartados de la causa. En tanto, Aguilar retruca que el que esta ansioso por cobrar unos 950 mil dólares en honorarios es Daniel Silva.

 

Shell las tiene que pagar

Todo el circo político y judicial descripto a lo largo de la nota, ha sido para desviar la atención de la responsabilidad de Shell para que pague civil y penalmente los reales costos por los perjuicios ocasionados a la comunidad de Magdalena. Además, el nefasto rol de los Estados nacional, provincial y municipal, que a través de los diferentes gobierno de turno, han exonerado a la petrolera y siga operando con impunidad.

En momentos donde se pretende instalar las plataformas off shore en el Mar Argentino y el gobierno de Alberto Fernandez afirma que las mismas no van a tener ningún impacto nocivo y van a estar sometidas a los controles correspondientes, los antecedentes de Magdalena los refutan.

Solamente la organización y deliberación del pueblo trabajador del lugar puede arrancar las reparaciones económicas y remediaciones ambientales a la petrolera angloholandesa y controlar el destino de los recursos para las necesarias obras de infraestructura, salud, educación, etc.

En unidad con el movimiento general de lucha contra el régimen de depredadores del ambiente.